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A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocida como La Inmaculada o la Oficina de Tuluá.
Según la resolución, esto se hace para “verificar la voluntad real de paz” de esa banda criminal y “avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos los objetivos indicados por el presidente de la República”.
La Inmaculada es acusado de múltiples delitos cometidos en Tuluá, Valle del Cauca, que incluyen extorsión, narcotráfico, amenazas y atentados. El grupo de crimen organizado es señalado también de ser el responsable de amenazar a jueces y fiscales del municipio, entre otros crímenes.
En el documento queda explícito que para ese diálogo están autorizados Jorge Arturo Lemus, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, actual director de contrainteligencia de la DNI y Alexánder Rojas.
Según la resolución, estas personas están “autorizadas” y adelantarán sus labores “bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República, a través del Consejero de Paz”.
Petro autoriza extradición de Pipe Tuluá
Un día antes, en otra resolución, el mandatario asimismo avaló la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, conocido como “Pipe Tuluá”, jefe de esa banda criminal que opera en ese municipio del Valle del Cauca.
Era tal el poder de Marín, que el día de su captura ese municipio debió ser militarizado por acciones de sus lugartenientes que llevaron a la quema de nueve carros, un supermercado y dos asesinatos.
Desde hace varios meses, Tuluá estaba pidiendo pista en la paz total de Petro. De hecho, en octubre pasado hubo una reunión entre Marín, Lemus y otros funcionarios de la DNI. El hombre había ofrecido entregar a menores de esa reclutados por esa banda a cambio de volverse gestor de paz.
Marín estaba privado de la libertad en Bogotá y a la espera de que el jefe de Estado ratificara la decisión que tomó el pasado 12 de noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de darle luz verde a su extradición a Estados Unidos.
“El Gobierno Nacional no considera conveniente, en este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva por cuenta de los procesos penales antes enunciados y, por el contrario, ordenará que se lleve a cabo la misma”, dice la resolución.
La Corte del Distrito Este de Texas solicita a Marín por tres cargos, todos relacionados con los supuestos nexos que hizo con narcotraficantes en Colombia, México, Estados Unidos y otros países, para enviar cocaína y distribuirla en esos lugares.
En la resolución, el Gobierno colombiano pide que una vez cumplida la condena en ese país Marín vuelva a Colombia a responder por sus delitos.
Andrés Felipe “heredó” la comandancia de esta red criminal de su hermano Mauricio Marín Silva, quien está capturado desde 2024 pues era requerido con una orden judicial como responsable de tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir.
Antes de su captura, Marín Silva coordinó a la estructura criminal, siendo el encargado de la ejecución de homicidios como mecanismo para ejercer presión al Gobierno y a la administración municipal de Tuluá y asegurar su vinculación en un eventual proceso de paz para dejar las armas.
La apertura de estos procesos de paz urbana, que se suman a otros como Buenaventura, Quibdó, Medellín y Valle de Aburrá, y Barrancabermeja supone más tableros abiertos para la política de paz total de Petro, pero además abre dudas sobre la eficacia de los mismos o incluso si esto se está usando por el Gobierno para la campaña electoral.
Hasta el momento, solo el diálogo de Medellín ha dado algunos avances, como la reducción de la cifra de homicidios y el freno en la extorsión. Sin embargo, los otros están en pausa o no han mostrado aún logros.
El otro asunto es que el Gobierno no tiene un marco jurídico para estos procesos. De hecho, como lo reveló esta semana Colombia+20, el Ministerio de Justicia admitió en un documento conocido por este diario que evalúa si el Gobierno continuará impulsando en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados y estructuras criminales.
“La apertura formal de mesas de diálogo sociojurídico en Barranquilla y Tuluá podrían ser los planes B y C ante una eventual ruptura de la mesa con el EMBF (la disidencia de “Calarca Córdoba”), dijo Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte.
Petro también autorizó acercamientos con Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla
En otra resolución, el presidente autorizó también los diálogos con las bandas de Los Pepes y Los Costeños de la capital del Atlántico.
La resolución afirma que también se busca su sometimiento.
Tanto Lemus como Rey y Rojas serán también los responsables por el gobierno de esos diálogos.
Este proceso va un poco más adelantado que el de La Inmaculada pues el presidente había anunciado su apertura en mayo pasado duranta uno de sus plazoletazos en Barranquilla.
De acuerdo con organizaciones que hacen seguimiento al conflicto en el país, en Barranquilla tienen presencia tres bandas criminales conocidas como Los Costeños, Los Leones, Los Rastrojos Costeños y Los Pepes, que hacen presencia en su mayoría en sectores del sur y surorientes de la ciudad en sectores como La Luz, La Chinita y Rebolo.
“Barranquilla ha venido consolidándose como uno de los principales focos urbanos de criminalidad en el país. Su posición geoestratégica resulta atractiva para distintos tipos de organizaciones delincuenciales: por un lado, porque permite acceder con facilidad a la desembocadura del Río Magdalena, por otro, por su fácil acceso a un puerto vital para el flujo de mercancía”, dijo un informe de Pares, publicado a finales del año pasado.
Con esta intervención, Petro lanza un nuevo frente dentro de su política de “paz total”, esta vez centrado en el fenómeno urbano de las bandas juveniles en la Costa Caribe, una problemática que ha crecido al tiempo de la expansión del Clan del Golfo en esa zona.
Además, tanto Los Pepes como Los Costeños firmaron el pasado 2 de octubre una tregua que irá hasta el próximo 20 de enero de 2026.
Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, y Digno Palomino, jefes de “Los Costeños” y “Los Pepes”, respectivamente, protagonizaron el acuerdo que se selló con un apretón de manos transmitido por la televisión pública. La tregua estuvo asesorada por funcionarios del Gobierno Nacional. Sin embargo, no contó con la participación de Otty Patiño, consejero comisionado de Paz.
Un informe conocido el pasado 4 de noviembre por parte de las autoridades del Atlántico, pero elaborado con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, reveló la reducción de múltiples delitos en el Barranquilla con corte al 31 de octubre.
Según el informe, la extorsión bajó un 84% y el homicidio un 57%. Asimismo, hubo reducción del hurto al comercio (61%), hurto a personas (26%) y hurto de motocicletas (32%).
En julio, Digno Palomino, jefe de la banda criminal “Los Pepes” de Barranquilla le había pedido entrada al presidente Gustavo Petro en su apuesta de paz total. La propuesta la ha hecho dos veces más, pero ha sido rechazada.
En ese momento, Palomino le envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta, quien además coordina el espacio de diálogo socio jurídico con las bandas criminales de Medellín y Valle de Aburrá.
En el documento, con fecha del 7 de julio, Palomino señala sus intenciones de adherirse a una propuesta de Andrés Marín, también conocido como Pipe Tuluá y jefe de la banda criminal La Inmaculada del Valle del Cauca, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
“Solicito al Gobierno Nacional tener en cuenta nuestra disposición y voluntad de participar activamente en las mesas urbanas de paz (...) reitero mi compromiso absoluto con la búsqueda de la paz total en el territorio nacional liderado por el señor Andrés Felipe Marín”, se lee en la carta enviada por Digno Palomino.
En contexto: Las veces que bandas criminales de Barranquilla le han pedido pista a Petro en paz total
Para concluir la propuesta, el jefe de Los Pepes señaló que en el marco de la paz urbana promoverá uniones entre organizaciones y estructuras involucradas para lograr “acuerdos conjuntos que contribuyan a la consolidación de una agenda común de paz”. Asimismo explicó que dicha unión permitiría abrir espacios de diálogo para establecer más compromisos.
El papel de la DNI
La designación de dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, entre ellos su director, como parte de la delegación de Gobierno en ambos procesos, no pasa desapercibida.
Aunque es cierto que Lemus -abogado y exguerrillero del M-19 y un hombre muy cercano al presidente Petro- ha acompañado estos acercamientos desde el inicio, esa entidad pasa hoy por un momento crítico tras las revelaciones que hizo Noticia Caracol sobre una presunta vinculación de Wilmar Mejía, el director de inteligencia estratégica de la DNI con las disidencias de Calarcá.
El nombre de Mejía aparece en audios, chats y documentos que fueron recuperados durante operaciones contra la disidencia de Calarcá. En esas comunicaciones, se mencionan supuestas reuniones en Bogotá de él, miembros de ese grupo armado y el general del Ejército, Juan Miguel Huertas.
Mejía, afirmó que nunca ha tenido acercamientos o conversaciones con Calarcá.
“Se presume que tanto el general Huertas, el coronel de Indumil, como yo, hablamos con ‘Calarcá’, y eso no es cierto. No conozco, ni antes ni después, de manera personal, a ‘Calarcá’, no lo conozco, no he hablado con él nunca en mi vida”, dijo el funcionario cuando estalló el escándalo.
Esas filtraciones pusieron el ojo sobre cómo se estaba llevando la inteligencia del país y, sobre todo, si estaba filtrada por parte de grupos armados.
Por eso hoy sorprende la designación de Lemus y de Rey.
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