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El Gobierno de Gustavo Petro decidió dar marcha atrás en la estructura institucional con la que ha manejado la implementación del Acuerdo de Paz.
En un documento enviado a la Corte Constitucional y conocido en su totalidad por Colombia+20, la Presidencia anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz será elevada nuevamente a la categoría de Consejería Presidencial, con el propósito de superar el “bloqueo institucional” advertido por el alto tribunal y “dotar de mayor jerarquía a la entidad encargada de garantizar el cumplimiento” del pacto firmado con las FARC en 2016.
“El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, decidió que, para superar ese bloqueo institucional referido por la Honorable Corte Constitucional, procede elevar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera a la categoría de una Consejería Presidencial”, dice el documento.
El documento emitido por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) es la respuesta a un auto que también dio a conocer este diario el pasado 25 de septiembre en el que la Corte Constitucional le daba un plazo de 20 días al Gobierno Petro para reestructurar la entidad que implementa el Acuerdo de Paz y adoptar acciones urgentes para fortalecerla.
El alto tribunal consideró en ese auto que la Unidad de Implementación, que hoy dirige Gloria Cuartas, carece de independencia, recursos y nivel político suficiente para ejercer su misión. En su pronunciamiento, la Corte también alertó que la actual Unidad opera como una dependencia subordinada al Consejero Comisionado para la Paz, con personal y recursos limitados, lo que “ha derivado en un bloqueo institucional” que impide garantizar las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo y sus familias.
En contexto: Corte da 20 días a Gobierno Petro para reestructurar la entidad que implementa el Acuerdo de Paz
Según la respuesta del Dapre, la Presidencia ya adelanta los estudios técnicos necesarios para “dotar a dicha consejería de las herramientas que le permitan con suficiencia monitorear la implementación del Acuerdo de Paz”.
El llamado judicial se produce en un contexto de alertas sobre el incumplimiento de los compromisos de la paz, especialmente en los componentes de seguridad, reincorporación y desarrollo rural. También cuando el Consejo de Seguridad de la ONU le quitó algunas tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz a la Misión de Verificación en Colombia tras la presión de Estados Unidos, que está en un constante choque con el Gobierno Petro.
Gobierno Petro reconoce que modelo de la Unidad de Implementación no funcionó
Más allá del cumplimiento de una orden judicial, la decisión tiene una carga política evidente. En los hechos, el Gobierno Petro revierte una estructura que él mismo había rediseñado.
En enero de 2023, el Ejecutivo eliminó la antigua Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y creó la actual Unidad de Implementación del Acuerdo Final, adscrita a la Oficina del Comisionado para la Paz.
En contexto: ¿Está debilitada la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz?
Con ese cambio, las funciones de seguimiento y coordinación que antes estaban bajo una instancia de alto nivel pasaron al ámbito técnico del Comisionado, lo que redujo la capacidad de interlocución política y debilitó la institucionalidad de la implementación.
En su momento, El Espectador reveló que el decreto “quitó funciones a la Unidad de Gloria Cuartas y se las dio al Comisionado de Paz”, concentrando competencias y restando autonomía a la estructura encargada de coordinar el cumplimiento del Acuerdo.
Menos de dos años después, en el documento enviado a la Corte la propia Presidencia admite que el modelo institucional creado por el Gobierno en 2023 no cumplió con las expectativas.
El objetivo, según el documento, era fortalecer al Alto Comisionado y dejar en manos de la nueva Unidad de Implementación del Acuerdo Final la estructuración de políticas, programas y proyectos para cumplir los compromisos de la paz.
“Tal como lo señaló la Honorable Corte en el Auto 1417 del 9 de septiembre de 2025, las descritas modificaciones no han funcionado como se esperaba”, señala el informe.
En su momento, la implementación del Acuerdo de Paz quedó incluso dividida entre la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación.
La Presidencia dice en su respuesta a la Corte que adelantó una fase de diagnóstico institucional que identificó deficiencias estructurales en cuatro ámbitos clave. Primero, la capacidad directiva, limitada por la débil interacción entre procesos y la falta de herramientas efectivas para planear, dirigir, controlar y comunicar la gestión institucional.
Segundo, la capacidad técnica, afectada por carencias en la gestión administrativa, la infraestructura física, el acceso a servicios y la estandarización de procedimientos operativos.
Tercero, la capacidad tecnológica, marcada por la insuficiencia de hardware, software y conectividad, lo que restringe los sistemas de información y seguimiento a la implementación.
Y cuarto, la capacidad del talento humano, que presenta debilidades en la formación, experiencia, remuneración y motivación del personal, así como una alta rotación y baja disponibilidad de programas de desarrollo profesional.
Este diagnóstico —el primero de carácter formal sobre la Unidad— confirma lo que ya habían advertido tanto la Corte como varias misiones internacionales: la entidad carece de condiciones materiales y humanas para ejercer un rol de liderazgo en la implementación del Acuerdo.
¿Qué cambiaría con la nueva Consejería?
La transformación busca dotar a la entidad de un rango político superior, que le permita coordinar directamente a los ministerios y agencias involucradas en los distintos componentes del Acuerdo: tierras, reincorporación, sustitución de cultivos, participación política y garantías de seguridad.
En teoría, una Consejería adscrita a la Presidencia tendría mayor autonomía presupuestal, capacidad de decisión y peso institucional en la toma de decisiones interministeriales.
Sin embargo, fuentes del propio Gobierno reconocen que el reto no será solo jurídico sino presupuestal y operativo. La Unidad de Implementación ha venido funcionando con un equipo reducido y sin independencia técnica ni planta propia. Sin una inyección de recursos y un liderazgo político sostenido, el cambio de denominación podría quedar en el plano simbólico.
La creación de una nueva Consejería marca un punto de inflexión en la arquitectura de la implementación de la paz. La decisión combina dos factores- Por un lado, una orden judicial que obliga al Ejecutivo a actuar y, por el otro, una rectificación política interna, que reconoce los límites del modelo adoptado por el propio Gobierno.
La Corte ha insistido en que una institucionalidad débil compromete directamente la ejecución del Acuerdo y, en consecuencia, los derechos de miles de excombatientes y comunidades en los territorios más golpeados por la guerra.
Si la nueva Consejería logra consolidarse, el Gobierno recuperaría una figura de coordinación presidencial que existía hasta 2023 y que había sido desmantelada por decisión propia. Esto podría significar el reencauce en la implementación del Acuerdo de Paz.
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