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A la mesa del Gobierno de Gustavo Petro con la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) le sobreviene una etapa decisiva.
Aunque el proceso ha mostrado avances en materia de titulación de tierras, creación de Zonas de Reserva Campesina y proyectos productivos para las comunidades, especialmente en la zona de Caquetá, Meta y Guaviare, en este punto las negociaciones tendrán que abordar al menos cuatro asuntos para enrutarse hacia un acuerdo de paz definitivo: la profundización de las reformas rurales, la georreferenciación de la estructura armada, la situación del Frente 33 y del Catatumbo, y, claro, la prórroga del cese al fuego, cuya vigencia termina el martes 15 de abril.
En su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la Misión de Verificación de la ONU —entidad que acompaña ese proceso de paz— dijo que los diálogos de paz total deben empezar a mostrar resultados más tangibles.
“Ha habido avances (…). En el del Estado Mayor de los Bloques y Frente estas reuniones próximas tienen que evaluar, entre otras cosas, el cese al fuego, cuya vigencia se acaba el 15 de abril. Creo que ya es el momento de tener beneficios tangibles para las comunidades en estos meses por delante”, dijo a este diario hace unos días Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de ese organismo.
Camilo González, jefe de la delegación del Gobierno en ese proceso, coincide con esa petición. “Tenemos avances como para dar un salto adelante en el próximo período. Hemos identificado problemas críticos relacionados con asuntos de extorsión, reclutamiento y minas, pero se han dado las condiciones para que efectivamente en el próximo período se profundicen las transformaciones en el territorio de comunidades, se fortalezca el mecanismo de verificación y, sobre todo, se tomen medidas de transición real para la construcción de un acuerdo marco, de una ruta hacia el Acuerdo de Paz. Estamos en el borde, en el cruce de caminos. O esto se pega un empujón o podría quedarse estancado”, explicó González hace unos días a este diario.
El cese al fuego
La prórroga del cese al fuego entre el Gobierno y el EMBF —un acuerdo que ya cumple 18 meses, que lo convierte en uno de los más largos con un grupo armado en el país— es sin duda una de las prioridades.
Desde el jueves pasado, las delegaciones están reunidas en La Macarena, Meta, con ese tema como parte de la agenda. Aunque se había anunciado que ese encuentro sería el inicio del séptimo ciclo de negociaciones —el primero tras la crisis desatada en Catatumbo por el ataque del ELN y los posteriores combates entre ambos grupos armados—, terminó siendo una reunión extraordinaria. De cualquier manera, ambas partes deben decidir las condiciones para la prórroga de ese cese, una decisión que solo tiene el presidente Gustavo Petro.
El cambio en el carácter de la reunión se dio, de acuerdo con fuentes cercanas, tras la carta enviada el Gobierno por los mandos de la disidencia el viernes pasado en la que exigían que en el ciclo debían estar cinco miembros de ese grupo armado, todos detenidos e incluso uno con fines de extradición.
“Exigimos la participación de Olmedo y los presos de Anorí para el ciclo, así como cumplir con los alivios humanitarios que se han pactado en favor de toda nuestra población carcelaria”, dice la carta.
Willinton Henao, conocido como Mocho Olmedo, es el segundo al mando del Frente 33 de la disidencia EMBF y el Gobierno lo había nombrado delegado en esa mesa de paz en febrero pasado. Sin embargo, a los pocos días, fue capturado con fines de extradición. Los otros cuatro son personas que permanecen detenidas desde el 23 de julio, cuando fueron capturadas en un retén en Anorí mientras usaban camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas —en virtud del proceso de paz—, dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes, lo que es prohibido. Los cuatro fueron nombrados gestores de paz, pero no han sido liberados pues esa es una decisión que debe tomar un juez.
En contexto: Mocho Olmedo, el segundo disidente de FARC en mesa con Petro capturado con fines de extradición
Desde la tarde de este domingo, se esperaba un documento firmado por ambas delegaciones al cierre de la reunióm. Según conoció este diario, los temas sobre los que habría pronunciamiento serían reducción de la violencia y afectación de las comunidades, políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito, asuntos ambientales, incluso habría acompañamiento de miembros de la disidencia “sin armas” en algunas de esas actividades.
Sobre cómo va el cese al fuego. Un balance de la mesa preparado por la delegación de Gobierno y conocido por este diario afirma que la medida sí ha servido para disminuir la violencia contra la población, aunque admite que tiene “grietas” en delitos como la extorsión, las amenazas, el reclutamiento y las disputas con otras estructuras armadas. En todo caso, ninguna de estas acciones está entre los actos prohibidos que determinan un cese al fuego.
“El cese y sus protocolos han ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y ecodesarrollo. Se han disminuido las formas más letales y agresivas de violencia en los territorios”, dice el informe.
El documento contiene los reportes del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Vigilancia (MVMV) desde julio del año pasado hasta el 28 de enero de 2025. Durante ese semestre, el mecanismo gestionó 71 acciones de prevención a través del canal de comunicación existente entre las partes, el componente internacional y los acompañantes. “Asimismo, recibió 205 reportes de casos sobre posibles incidentes al cese al fuego, 10 de estos casos han sido calificados de incumplimiento por parte del EMBF, y uno de esos como incumplimiento de ambas partes”, asegura el informe.
Cinco de los casos calificados como incumplimientos se relacionan con amenazas, represalias y atentados ligados a acciones extorsivas del grupo a la población civil. Otros dos casos son de vinculación de menores de edad en Antioquia y Catatumbo. Un caso más fue sobre una amenaza a la población civil, otro por heridas a la población civil durante un combate entre grupos armados ilegales, otro más de homicidio de dos personas en Huila y uno en el que ambas partes incumplieron con su compromiso de comunicar sobre el encuentro de sus unidades que desencadenó en un contacto armado que se pudo haber prevenido.
Además, hace un comparativo con base en información del Ministerio de Justicia sobre la tasa de homicidios entre 2023 y 2024 en cuatro departamentos: Cauca, Arauca, Meta y Caquetá. En los dos primeros, donde no hay cese, la tasa subió. En Cauca, pasó del 40 % al 50,8 %; mientras que en Arauca pasó del 43,2 % al 56 %.
En Meta la tasa tuvo un leve incremento del 20 al 21 % y en Caquetá —principal zona de influencia de Calarcá Córdoba, uno de los mandos del EMBF— bajó del 27 al 26 %.
Sobre las masacres, el informe —con base en datos del Ministerio de Defensa y del MVMV— muestra que entre enero de 2023 y diciembre de 2024 se presentó una baja desde el inicio del cese al fuego en agosto de 2023 pasando de 19 (julio) a 15 (agosto). Sin embargo, tuvo un repunte de 27 casos en septiembre y 47 en octubre. Entre noviembre y diciembre bajó a 31 y 24, respectivamente.
La georreferenciación sigue pendiente
Aunque fue uno de los pasos inéditos en este proceso -se acordó a mediados del año pasado-, la mesa no ha mostrado mayores avances en la georreferenciación; una herramienta para delimitar las zonas de presencia de los frentes armados durante el cese al fuego, permitiendo a las Fuerzas Militares y al Gobierno monitorear y verificar el cumplimiento de los acuerdos, entre ellos el cese al fuego. Esta medida es clave para el monitoreo del alto al fuego, dimensionar la capacidad real de las disidencias y planificar eventuales procesos de desarme y reincorporación. Según conoció este diario, solo algunas estructuras, como el Jorge Suárez Briceño y el Comando Conjunto del Sur, han entregado esas coordenadas. De acuerdo con González, se está tratando de “unificar criterios” en la entrega de esos datos.
En contexto: Disidencia de FARC no pactó estar en zonas de concentración: esto dice el acuerdo
La fragmentación del Frente 33 y el desafío en Catatumbo
La situación del Frente 33, que tiene presencia activa en el Catatumbo y es responsable de acciones armadas recientes tras el ataque perpetrado por el ELN —que luego derivó en confrontaciones entre ambos grupos— representa uno de los mayores retos para la mesa. El desafío no es solo porque Catatumbo se convirtió en uno de los termómetros del conflicto armado en Colombia, sino porque su crisis humanitaria es la peor en al menos dos décadas en el país, con casi una centena de muertos, más de 60.000 desplazados y 16.000 confinados.
El reagrupamiento del Frente 33, que ha traído más duros combate a la región, es una papa caliente para el proceso de diálogos porque esas acciones tienen repercusiones en la población civil, agravan la crisis humanitaria y, por tanto, pueden desacreditar al proceso. El Gobierno necesita que ese frente esté en la mesa de negociación, pero sin que eso implique un aval de sus acciones ofensivas. En definitiva, un duro equilibrio.
Aunque el presidente Petro y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, han dado declaraciones en torno a un supuesto plan para el desarme del Frente 33 —que incluiría una zona de concentración—, miembros de esa disidencia han descartado esa posibilidad. “De la supuesta inminente desmovilización del Frente 33, los hechos demuestran que las FARC-EP están vivas en el Catatumbo expulsando a los neomercenarios del ELN. ¡Qué papelón el del Gobierno”, dice un mensaje compartido por las disidencias en una de sus redes sociales.
Fuentes cercanas al proceso afirmaron a este diario que, aunque esa idea sí estuvo entre las posibilidades que barajó la Casa de Nariño, hoy no es viable, especialmente tras el reagrupamiento del Frente 33. Además, hay miembros del Bloque Magdalena Medio, -al que pertenece ese frente-, que tienen una situación jurídica nada sencilla, incluido el máximo comandante del bloque, Javier Alonso García Veloza, conocido como John Mechas, quien desde 2021 tiene circular roja de Interpol por el atentado al expresidente Iván Duque y la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, además del ataque con explosivos, ocurrido en 2022, al CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde fallecieron dos menores de edad.
Aunque Mechas no es delegado en la mesa, la reciente captura de dos representantes de los diálogos —Giovanni Rojas (Araña), de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y Mocho Olmedo, del EMBF— ha dado una sensación de desconfianza entre los grupos armados.
Esas mismas fuentes afirman que el Gobierno trabaja a toda máquina por un plan más grande, que incluya el reciente Pacto Catatumbo y que no solo esté centrado en las negociaciones de paz, sino sobre todo en la protección de la sociedad civil y los proyectos que permitan la transformación del territorio, como la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Este tema no ha implicado una división de la mesa, pero varios delegados sí han pedido explicaciones sobre el desarrollo de ese plan, que incluye el regreso de los desplazados. Justamente, el pasado 3 de abril se dio el primer retorno masivo y voluntario al Catatumbo. Al menos 250 familias se declararon en refugio humanitario y se instalaron en un punto en las afueras del municipio de Tibú. Genny Calvo, coronel (r) de la Policía, y el líder indígena Feliciano Valencia, quienes son parte de la delegación de Gobierno en la mesa de diálogos con el EMBF, participaron en ese retorno.
Profundizar las medidas de las reformas rurales
En la estrategia de paz total y territorial, la mesa de diálogo se ha planteado como un espacio no solo para la desmovilización armada, sino para transformar las condiciones estructurales que han perpetuado el conflicto. En este contexto, la profundización de las reformas rurales y la apuesta por proyectos productivos se posicionan como ejes fundamentales, pero también como puntos de alta complejidad.
Las zonas donde opera este grupo —principalmente en regiones como Catatumbo, Guaviare, Meta, Cauca y Putumayo— siguen marcadas por el abandono institucional, la informalidad en la tenencia de la tierra, la pobreza multidimensional y la presencia de economías ilegales. El proceso se ha venido trazando como objetivo principal una transformación real del campo colombiano, lo que implica acelerar la titulación de tierras, garantizar asistencia técnica, inversión estatal sostenida e infraestructura productiva. Sin esto, advierten, cualquier desarme sería inviable en el mediano plazo.
El avance más importante se dio hace un mes en el arco amazónico con la entrega de títulos de propiedad de más de 8.000 hectáreas a campesinos, lo que representa un paso crucial hacia la formalización de la tenencia de la tierra en regiones históricamente marginadas. Además, se están gestionando trámites para la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina; una demanda clave de las comunidades locales, que buscan proteger sus territorios y promover el desarrollo sostenible.
“Se ha procedido de la manera más ágil en los temas de Zonas Reserva Campesina, como al tema ambiental, la deforestación y la entrada de la institucionalidad. Aquí vino por primera vez gente de Parques Naturales Nacionales, tuvimos una reunión con delegados de entidades de Gobierno claves como el Ministerio de Agricultura, el de Ambiente y la gente de la Agencia Nacional de Tierras”, explica le negociador González.
Además, viene en marcha la Reconversión Ecológica en Antioquia, una suerte de corredor que estará desde el Nudo de Paramillo hasta la Serranía de San Lucas. “Eso está andando, ya tiene presupuesto y hay un camino importante en otros frentes”, agrega.
Estas iniciativas están siendo acompañadas por planes de educación y desarrollo sostenible, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y ofrecer alternativas económicas viables que sustituyan las economías ilegales. La participación de las comunidades campesinas e indígenas ha sido fundamental en este proceso, asegurando que las soluciones propuestas respondan a las necesidades y realidades del territorio.
La mesa entre el Gobierno y el Estado Mayor Central se adentra en una etapa que podría marcar el rumbo definitivo del proceso. Con avances importantes, la prórroga del cese al fuego, la georreferenciación de frentes, la situación del Catatumbo y la profundización de las reformas rurales se configuran como puntos cruciales El país asiste a un momento en el que la voluntad política, la coherencia de las partes y el impacto real en los territorios determinarán si se consolida una ruta hacia la paz.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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