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La reunión extraordinaria que, desde el jueves hasta el domingo pasado, tuvieron las delegaciones de Gobierno y de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) resultó en al menos seis puntos y medidas sobre ambiente, la presencia estatal en varios puntos donde hace presencia esa guerrilla, la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y un plan para que el proceso llegue a un punto de “no retorno”.
Dentro de los acuerdos, según informó la delegación de Gobierno, las partes pactaron solicitar una prórroga del cese al fuego por seis meses más, “que se consideran necesarios para cumplir con los compromisos en cuanto a transformaciones territoriales y de economías ilegales”, entre otras cuestiones.
El cese al fuego termina este miércoles 15 de abril a las 24:00 horas. El presidente Gustavo Petro es quien decide si autoriza o no esa prórroga.
Las discusiones entorno al cese al fuego
La extensión del cese al fuego fue una de las cuestiones clave de esa reunión extraordinaria que tuvieron las partes dado que, por distintas razones, no se pudo adelantar el séptimo ciclo de diálogos que estaba contemplado para la semana pasada. De hecho, en el documento se afirma que la nueva fecha de esa ronda de negociaciones será entre el 18 y el 24 de mayo en Villavicencio.
El cambio en el carácter de la reunión se dio, de acuerdo con fuentes cercanas, tras la carta enviada el Gobierno por los mandos de la disidencia el viernes pasado en la que exigían que en el ciclo debían estar cinco miembros de ese grupo armado, todos detenidos e incluso uno con fines de extradición.
“Exigimos la participación de Olmedo y los presos de Anorí para el ciclo, así como cumplir con los alivios humanitarios que se han pactado en favor de toda nuestra población carcelaria”, dice la carta.
Willinton Henao, conocido como Mocho Olmedo, es el segundo al mando del Frente 33 de la disidencia EMBF y el Gobierno lo había nombrado delegado en esa mesa de paz en febrero pasado. Sin embargo, a los pocos días, fue capturado con fines de extradición.
Los otros cuatro son personas que permanecen detenidas desde el 23 de julio, cuando fueron capturadas en un retén en Anorí mientras usaban camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas —en virtud del proceso de paz—, dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tienen órdenes de captura vigentes, lo que es prohibido. Los cuatro fueron nombrados gestores de paz, pero no han sido liberados pues esa es una decisión que debe tomar un juez.
Sobre esta petición no se dice nada en el documento enviado por las delegaciones.
En contexto: Mocho Olmedo, el segundo disidente de FARC en mesa con Petro capturado con fines de extradición
La ruta hacia el punto de no retorno en el proceso de paz
Una de las preocupaciones de delegación de Gobierno es que se avance en un plan marco encaminado a un acuerdo de paz definitivo con esa disidencia.
“Tenemos avances como para dar un salto adelante en el próximo período. Hemos identificado problemas críticos relacionados con asuntos de extorsión, reclutamiento y minas, pero se han dado las condiciones para que efectivamente en el próximo período se profundicen las transformaciones en el territorio de comunidades, se fortalezca el mecanismo de verificación y, sobre todo, se tomen medidas de transición real para la construcción de un acuerdo marco, de una ruta hacia el Acuerdo de Paz. Estamos en el borde, en el cruce de caminos. O esto se pega un empujón o podría quedarse estancado”, explicó González hace unos días a este diario.
Con base en ello, las partes acordaron cuatro temas para trabajar en los próximos meses.
La primera, definir una visión estratégica conjunta. “Para esto se hará una reunión de las delegaciones dentro de los primeros 15 días de mayo de 2025, para lo cual el gobierno brindará las garantías necesarias”, dice el documento.
Además, se debe abordar la agenda en temas de justicia, armas, víctimas, gobernanza territorial e incorporación al Estado Social de Derecho.
Las partes, elaborarán a un “plan de no retorno del proceso que cuente con una metodología clara para esta etapa” y donde, se “ordenen las prioridades de la discusión y se mejore el funcionamiento de la mesa”.
Los temas también tienen que tener un enfoque territorial para que puedan hacerse pilotos para la “transición de combatientes y territorios, con metodología y garantías efectivas”.
Y, un punto inédito de este proceso de paz, es el de un acuerdo sobre mujer y género que “incorpore los elementos y propuestas recogidas en los distintos foros y escenarios de diálogo social”.
Medioambiente y sustitución de cultivos de uso ilícito, entre los temas de la reunión
Tal como lo contó Colombia+20, los temas de la reunión fueron la educción de la violencia y afectación de las comunidades, políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito, asuntos ambientales, incluso un acompañamiento de miembros de la disidencia “sin armas” en algunas de esas actividades.
Según el documento, la mesa se dedicará en los próximos meses a avanzar en acuerdos sobre temas ambientales. El primero de ellos se llama “Revitalizar la selva y reconocer la dimensión social y ambiental del campesinado”
En este apartado se contempla un plan de revitalización de la selva que incluye la protección del parque Chiribiquete, la recuperación de la Serranía y los parques La Macarena, Tinigua y Picachos: la conservación de las áreas protegidas el cierre de la frontera agrícola; la construcción de acuerdos de conservación en el arco noroccidental amazónico dando prioridad a la gestión de los bosques y del ciclo del agua.
Además, se construirá un plan para la recuperación de la conectividad ecológica andino-amazónica. Sobre el tema de deforestación, que ha sido un tema central especialmente en Caquetá, Meta y Guaviarem se dijo que habrá un apoyo a las iniciativas “contra el acaparamiento de tierras y los procesos de deforestación para praderización y ganadería extensiva o lavado de activos”. Además, habrá una campaña de educación y capacitación para que los “finqueros voluntariamente reforesten nacimientos de agua y conserven las rondas de los ríos y caños”.
Es en este punto también se contempló que las delegaciones trabajarán en el VII ciclo la posibilidad de construir un plan en el que “participen, sin armas”, integrantes de la disidencia para la recuperación de la selva y los ríos.
El otro tema es que habrá acompañamiento técnico para la recuperación del corredor de conectividad ecológica que integra los parques Macarena y Chiribiquete. Esto incluye la siembra de 10 millones de árboles y la recuperación del parque Tinigua con un “programa que llegue a 10.000 hectáreas y no menos de 5 millones de de árboles de especies nativas en ese lugar”. Las Juntas de Acción Comunal podrán formular y establecer viveros comunitarios.
Como lo había anticipado Colombia+20, las acciones también tendrá como epicentro a Antioquia. Entre los pactos está respaldar la implementación del proyecto de recuperación ecológica del corredor “que va desde el Nudo del Paramillo hasta la Serranía de San Lucas en Antioquia”.
Así mismo, la delegación de la disidencia se comprometió a presentar en el ciclo VII “una propuesta socioambiental para la revitalización de la selva amazónica y para la protección de los humedales”.
Sobre la dependencia de las economías ilegales, el documento indica que se contribuirá a implementar una política “supere la dependencia de las comunidades” a este tipo de economías.
“La delegación del EMBF manifiesta su compromiso, disposición y respeto para que las instituciones del Gobierno nacional adelanten la política de sustitución de cultivos y la política nacional de droga dentro del marco de las concertaciones a que lleguen con las comunidades”, dice el documento,
Entre las medidas está un proceso de reconversión económica territorial en el que las comunidades e instituciones responsables de la política de drogas, “acuerden un plan sostenible para superar la producción de coca, pasta base y cocaína en Parques Nacionales Naturales y en el norte amazónico”. Además, se le dará prioridad para este proceso a municipios de Catatumbo y Caquetá.
Se espera, dice el documento, “lograr en el corto plazo un número de acuerdos en este sentido”.
Protección civil: desaparecidos, minas antipersonal y Catatumbo
El segundo punto es la profundización del respeto por la población civil. De acuerdo con el documento, una vez recibido el informe del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación con sus recomendaciones, “valoramos las difíciles situaciones que se han vivido en varias zonas del país y decidimos hacer ajustes al cese”, si este se llega a prorrogar.
Para ello, habrá una reunión técnica entre el 28 y el 30 de abril para “acordar las medidas que garanticen un adecuado monitoreo de las reglas y compromisos del cese”. Además, se revisará el funcionamiento de las instancias nacional, regional y local del cese. “Los mecanismos de Tibú, Anorí, Vistahermosa, Puerto Concordia y San Vicente del Caguán son prioritarios”, dice el documento.
También se contempla un plan para el cumplimiento de compromisos como la desaparición forzada, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las minas antipersonal, la violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz y el respeto a la vida.
Sobre Catatumbo, una región que atraviesa una de las peores crisis humanitarias tras el ataque del ELN y los posteriores combates entre esa guerrilla y el EMBF, se acordó que se realizará una comisión de seguimiento de DDHH, en Tibú, “para evaluar las observaciones y denuncias de sectores de la población”. En el acuerdo también se afirma que se atenderá las propuestas de los habitantes para robustecer el proceso de paz. En esa comisión estaría la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Norte de Santander y países garantes.
Las delegaciones tendrán un cronograma, en el marco de la Comisión Jurídica Mixta, para realizar visitas a los centros penitenciarios y carcelarios donde se encuentran personas privadas de la libertad pertenecientes al EMBF de FARC-EP, con el fin de atender los casos relacionados con la dignidad, salud, educación, alimentación y seguridad.
Garantías para la institucionalidad en territorios con presencia de la disidencia
La mesa, dice que, con base en los avances del periodo anterior, reafirman que todas las instituciones del Estado con programas en las zonas tienen garantizadas todas las “condiciones para implementarlos, atendiendo a la concertación con campesinos, indígenas y afrodescendientes de los territorios”.
La prioridad en la ejecución de esos proyectos las tendrán todas las iniciativas acordadas el pasado 16 de marzo, en la reunión de La Macarena. Algunas de ellas son las Zonas de Reserva Campesina.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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