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El próximo 15 de abril terminará la vigencia del cese al fuego bilateral más largo que se ha logrado en el Gobierno de Gustavo Petro: el que se pactó con la disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba.
Aunque este tipo de acuerdos han despertado controversia en algunos sectores del país, también han ayudado a disminuir la conflictividad en algunas regiones.
A continuación, le contamos qué es exactamente un cese al fuego y cuáles son los compromisos que implica, en este caso, con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
¿Para qué se pacta un acuerdo de este tipo?
El cese es una medida pactada entre las partes de un conflicto para frenar las confrontaciones armadas, disminuir la afectación humanitaria y construir confianza mientras se avanza en los diálogos de paz.
El alto al fuego bilateral entre el Gobierno Petro y la disidencia de Calarcá comenzó en octubre del 2023, antes de que el grupo armado sufriera su división interna, y se formalizó con un decreto emitido por el Ministerio de Defensa que establecía como objetivo principal el respeto de la vida en todas sus formas, especialmente para grupos de especial protección, como las comunidades étnicas y campesinas.
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¿Quién le pone la lupa al cumplimiento de los acuerdos?
En todo este proceso es clave que exista un ente que le haga seguimiento a lo pactado. En el tablero de negociación con Calarcá, el llamado Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) se instaló en abril de 2024.
El mecanismo quedó integrado por delegados de la Consejería de Paz, del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y de este grupo armado, y cuenta con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. En calidad de observadores están la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica, como representante de la sociedad civil.
Hasta ahora, el MVMV ha recibido denuncias por varios hechos de violencia que serían violatorios del cese, incluidas las presuntas amenazas de miembros de la disidencia EMBF contra firmantes de paz y población civil.
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Cabe destacar que este es el único cese al fuego que tiene activo el Gobierno Petro en su estrategia de paz total que se ha renovado por más de un año.
Y aunque su vigencia va hasta la segunda semana de abril, las partes han adelantando gestiones con miras a una posible extensión del acuerdo para facilitar el avance de la mesa sin confrontaciones.
¿Cuáles son los compromisos a los que llegaron el Gobierno y la disidencia?
Mediante el primer decreto emitido por el Ministerio de Defensa en octubre de 2023 se estableció que el cese al fuego bilateral tendría como objetivo principal “respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertadas de la población civil en territorio y ambiente, en particular de los grupos de especial protección constitucional, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz”.
En el documento también quedó plasmada la necesidad de que el grupo armado evitara las afectaciones a la población civil y que garantizara que no iba a intervenir en el libre desarrollo de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.
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Por su parte, la Fuerza Pública se comprometió con la suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales, pero quedó claro que no se suspendería ninguna de las acciones que se desarrollan en contra de las economías ilegales.
Además, se firmaron los siguientes compromisos:
- No generar desplazamiento forzado ni confinamiento en la población civil.
- Respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH.
- No realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad de la población civil, grupos étnicos, comunidades campesinas y demás grupos de especial protección.
- Evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil.
- No interferir en procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas.
- No realizar operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de Policía, ni afectaciones ofensivas entre las partes firmantes del Acuerdo de Cese al Fuego.
- No poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes firmantes del presente Acuerdo de Cese al Fuego.
- Suministrar clara, precisa y oportuna por los canales establecidos para evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del Mecanismo.
- Emplear un lenguaje respetuoso, no estigmatizante y sin estímulo a la estigmatización o señalamientos.
- No utilizar el cese al fuego para obtener ventajas militares.
¿Qué pasó durante la crisis en Catatumbo?
Sin duda, el momento que más dificultades ha tenido frente al cumplimiento de estos acuerdos es la crisis humanitaria que se desató en la región del Catatumbo, Norte de Santander, luego de la arremetida del ELN contra el Frente 33 del EMBF.
En esa coyuntura, Calarcá Córdoba dijo en diálogo con Colombia+20 que en las confrontaciones en Catatumbo sus tropas no estaban afectando a la población civil, tal como lo establece el acuerdo de cese al fuego.
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“Nuestra convicción de lucha es que jamás volveremos nuestros fusiles contra gente desarmada. A todo aquel que no tome parte en el conflicto, lo respetaremos. Es nuestro compromiso incluso para los guerrilleros del ELN que no están inmersos en estos crímenes”, dijo Calarcá.
Sin embargo, resaltó que las confrontaciones entre Ejército, disidencia y ELN podría traer afectaciones al cese al fuego bilateral. “Insistimos que las fuerzas militares deben de verificar a quién va a atacar”, aseguró el máximo comandante del EMBF a este medio.
Así fue el proceso de construcción de cese al fuego
El acuerdo entre ambas partes fue firmado inicialmente a finales de 2023 e hizo parte de los compromisos que hizo el Gobierno y la disidencia para dar comienzo a la desescalada violenta en varias regiones del país.
En ese entonces, el grupo armado aún estaba comandado por Iván Mordisco y era conocido como Estado Mayor Central (EMC).
Su vigencia solo fue por tres meses, pero al terminar el periodo, las partes acordaron extender el acuerdo por seis meses más, aún cuando la medida tenía a sus espaldas una serie de críticas y polémicas por supuestas infracciones de esa guerrilla, pero contaba con el respaldo de las comunidades.
Sin embargo, el punto más crítico del acuerdo -y del proceso de paz con el EMC- llegó en marzo de 2024 cuando el grupo armado atacó con explosivos un resguardo indígena, donde murió la mayora Carmelina Yule Paví.
El presidente Petro tildó el ataque como una violación al cese al fuego y suspendió la medida en tres departamentos del país: Valle del Cauca, Nariño y Cauca.
Esa suspensión fue el origen de una ruptura interna en el EMC, que llevó a que Mordisco se apartara de los diálogos de paz y el proceso solo continuara con Calarcá y sus estructuras, con quienes continuó el alto al fuego y, el 16 de julio del año pasado, fue extendido por tres meses más.
Cuando la vigencia terminó y el cese de hostilidades cumplió un año, las partes volvieron a extender la medida por seis meses más en respuesta a las peticiones de las comunidades que manifestaron la necesidad de que no hubiera enfrentamientos en sus territorios.
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Y aunque varios de los compromisos hechos entre las partes se han cumplido, hay también algunos casos de violaciones al cese al fuego que se han reportado y por los cuales se ha pedido que el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación tome acciones para evitar afectaciones a los acuerdos alcanzados.
Por ahora, habrá que esperar a que en las próximas semanas las partes den a conocer si se va a extender nuevamente el acuerdo.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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