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El retiro de militares en uso de buen retiro de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la disidencia comandada por Walter Mendoza abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el alcance y los riesgos de ese proceso.
Acore, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, advirtió que la negociación avanza con vacíos jurídicos, debilidades en las garantías de desarme y no repetición, y riesgos de legitimación de estructuras armadas ilegales en los territorios.
Desde la jefatura negociadora, Armando Novoa, respondió que esas alertas parten de una interpretación equivocada de lo que se está pactando y defendió la arquitectura del proceso.
Una de las principales preocupaciones de los militares en retiro se concentra en la ausencia de un marco jurídico claro para una parte significativa de los integrantes del grupo, en especial para los mandos reincidentes que ya pasaron por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y retomaron las armas. Para Acore, avanzar en compromisos políticos y territoriales sin definir previamente el tratamiento penal de esos jefes abre la puerta a la impunidad y debilita la credibilidad del proceso.
Novoa reconoce que ese vacío existe, pero asegura que no se trata de una anomalía ni de una improvisación. Según explicó, entre el 80 y el 90 % de los integrantes del grupo ya cuenta con un marco jurídico en la justicia ordinaria, y el debate de fondo se concentra en un número reducido de jefes reincidentes.
Para esos casos, afirmó, se requeriría una ley específica que otorgue un tratamiento diferenciado e incorpore los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la agravación de penas para quienes reinciden tras haber accedido a beneficios de la justicia transicional.
A su juicio, ese marco no se construye al inicio de una negociación, sino en su fase final, una vez existan compromisos verificables de dejación de armas y tránsito efectivo a la vida civil.
“Pero ese tema tenemos que abocarlo una vez que instale nuevamente la segunda parte de la legislatura ordinaria que debe llevarse a cabo después del 15 de marzo del próximo año. Eso no es una novedad. Todo proceso de paz tiene o logra construir un marco judicial, como lo he dicho varias veces estimadas y no al principio, sino al final", explica Novoa.
En materia de desarme, desmovilización y garantías de no repetición, los militares en retiro sostienen que los acuerdos conocidos hasta ahora no ofrecen certezas suficientes y que las zonas pactadas podrían derivar en espacios de baja presión estatal, donde el grupo conserve capacidad armada o control territorial.
Desde su perspectiva, sin mecanismos robustos de verificación, esas figuras podrían terminar consolidando formas de poder ilegal en lugar de desmontarlas.
Novoa rechaza ese señalamiento y asegura que en la mesa no se han acordado zonas de despeje ni espacios de impunidad. Según explicó, los compromisos prevén que las armas, una vez entregadas, sean destruidas por el Estado, precisamente para evitar cualquier posibilidad de rearme.
“Aquí no se está pactando una zona de despegue ni una zona de impunidad ni una zona con control por parte de un grupo ilegal. Los acuerdos que estamos firmando tienen el acompañamiento del Ministerio de Defensa y de los observadores militares que nos acompañan en esas reuniones, a quienes tenemos permanentemente informados de los avances y también de las dificultades que tenemos, entre otros. Tampoco tienen razón, en ese caso, los comentarios de Acore”
Otra alerta planteada por Acore se relaciona con el riesgo de interferencia armada en procesos electorales en las zonas de influencia del grupo. Los oficiales retirados advierten que, en contextos de débil presencia institucional, la negociación podría facilitar presiones sobre votantes, autoridades locales o campañas políticas.
Novoa recordó que ese riesgo ya fue objeto de discusión tras denuncias en elecciones atípicas y que, como respuesta, el grupo emitió pronunciamientos públicos comprometiéndose a no incidir en procesos electorales. Además, explicó que se firmó un acuerdo específico de garantías electorales que será presentado ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de activar mecanismos formales de vigilancia y control institucional en esos territorios.
Sobre este tema, el coronel Jaime Ariza, quien fue parte de la mesa desde junio de 2024, dijo a Colombia+20 que eso pone en entre dicho al proceso de diálogo.
“Se sabe que hay compra de votos y el grupo se mete en política. Estos grupos ya tienen candidatos a elecciones. Parte de esa iniciativa fue sentarlos ahí para que no participen o no tengan injerencia en procesos electorales. Esa situación tiene a la mesa en entredicho", señaló.
Finalmente, los militares en retiro cuestionaron la falta de respuestas contundentes frente a crímenes graves ocurridos durante la negociación, incluidos ataques contra miembros de la fuerza pública en zonas de influencia del grupo.
En particular, Acore menciona el caso de los militares incinerados en Putumayo, ocurrido en septiembre mientras el proceso estaba en curso, y advierte que la ausencia de condenas claras y sanciones inmediatas envía señales de tolerancia frente a la violencia y erosiona la confianza de la fuerza pública en la negociación.
Fue ese episodio de violencia fue un punto de ruptura en su confianza en el proceso. Ariza explicó que cuando se produjo el ataque a los soldados en Putumayo, el equipo negociador decidió retomar la mesa sin un pronunciamiento contundente ni investigación judicial concluyente, lo que para él generó una “ambigüedad estratégica” en la respuesta del Estado frente a hechos de violencia graves y puso en riesgo la moral de la tropa.
“Eso medio se discutió en la mesa y no hubo ninguna investigación. Debe haber una investigación de por sí en este momento, pero no hubo fallo judicial, no hubo pronunciamiento de los órganos de control, ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría”, afirmó Ariza.
El freno a la extradición de Araña
A ese cuestionamiento se suma la preocupación por la situación judicial de Geovani Andrés Rojas, conocido como Araña, jefes de la estructura Comandos de Frontera, que es parte de la Coordinadora y cuya eventual extradición ha generado tensiones dentro del proceso.
Para los oficiales retirados, el manejo de ese caso refuerza la percepción de que no existen líneas rojas suficientemente claras frente a crímenes graves ni frente a las responsabilidades individuales de los máximos mandos.
Ariza contó que presentó un análisis jurídico e internacional recomendando que la extradición de Araña fuera condicionada a la desmovilización rápida y total de su estructura, una propuesta que consideró viable y vinculada a la seguridad nacional.
Sin embargo, dijo, esa recomendación fue desestimada por el jefe negociador, lo que se convirtió en otro factor de distanciamiento personal y organizacional dentro del equipo de negociación.
Novoa, por su parte, afirmó que los procesos judiciales, incluida la solicitud de extradición de Araña, no han sido suspendidos ni interferidos por la mesa y que la negociación no puede convertirse en un mecanismo de protección frente a responsabilidades penales individuales.
El retiro de Acore —que se suma a la renuncia previa de María Camila Moreno, directora de la ICTJ— deja en evidencia las tensiones internas y las diferencias de fondo alrededor de la negociación con esta disidencia. Mientras los militares en retiro advierten que el proceso puede terminar consolidando poderes ilegales en los territorios, el Gobierno insiste en que la apuesta es exactamente la contraria: desmontarlos sin empoderarlos en el camino.
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