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Durante tres días, Valledupar fue escenario de reuniones reservadas, caravanas de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y presencia reforzada de la fuerza pública. La capital del Cesar estaba casi militarizada con un operativo que incluyó a miembros del INPEC, Policía y militares. Aunque se coordinó la logística con autoridades locales, no tenían mucha información de los movimientos.
Todo el despliegue fue por la reunión de al menos una decena de exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El encuentro de tres días fue presentado oficialmente como un espacio para iniciar el cierre de Ralito —el proceso por el cual se desmovilizó este grupo hace 20 años— que permitiera contribuir a la verdad y la reconciliación. Sin embargo, las señales políticas que dejó a su paso encendieron alertas sobre el uso del proceso en medio de una coyuntura electoral marcada por la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe y la polarización creciente entre los sectores afines y críticos al Gobierno de Gustavo Petro.
El encuentro fue liderado por el equipo político más cercano al presidente: Armando Benedetti, ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); también estuvo un delegado de la Oficina del Comisionado para la Paz.
El contexto de la instalación del Comité Técnico de ese diálogo social tampoco podía ser más político, pues se dio al mismo tiempo que Estados Unidos anunciaba la inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Benedetti —coordinador de esa mesa de paz— en la Lista Clinton.
Algunos de los 11 exjefes de las AUC, de 16 que son gestores de paz —entre ellos Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar), Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada), Luis Eduardo Cifuentes (el Águila), Hernán Giraldo Serna y Manuel Pirabán (Pirata)—, fueron trasladados bajo custodia del INPEC o con escolta de la UNP. En los alrededores de Villa Ocha, casa campestre al norte de Valledupar, el movimiento de seguridad parecía más un operativo judicial que el inicio de una mesa de paz.
El ministro Benedetti declaró que el propósito era “cerrar el ciclo inconcluso de Justicia y Paz” y que los exparamilitares “digan la verdad y ayuden a cerrar heridas”, pero su mensaje fue más allá. Durante la instalación, el Gobierno oficializó una idea que Benedetti había planteado hace un mes, cuando iniciaron estos encuentros: que los exjefes paramilitares realizaran recorridos por zonas afectadas por el paramilitarismo, como parte de una estrategia para “reconstruir confianza y avanzar en actos de reconciliación territorial”.
El anuncio, presentado como un gesto simbólico, tiene una lectura política: las visitas, que podrían comenzar en enero, coincidirán sin duda con el calendario electoral y se desarrollarán en regiones donde los ex-AUC—y antiguos aliados políticos— tuvieron poder territorial.
De hecho, fuentes muy cercanas a la mesa confirmaron a este diario que el Gobierno dio una instrucción explícita en las conversaciones de estos días: “Esta vez la verdad tiene que incluir al poder político”. Un mensaje con eco explosivo en plena campaña electoral.
Además: Benedetti sobre verdad de ‘exparas’: “Es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”
La oficialización de esta propuesta abre inquietudes sobre su impacto electoral. Hace unos días, el ministro Benedetti le dijo a Colombia+20 que para el país y la democracia era mejor que se supiera “qué bandido está siendo candidato”.
En su momento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre esto. “Revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de usar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
Víctimas como Esther Polo, que perdió a su familia en la masacre de San Rafaelito, Córdoba en 1989, afirman que, aunque apoyan la reapertura del proceso, temen que se convierta en una jugada política. “Nosotras sentimos que otra vez están usando el tema de la paz para política. Que ahora quieren mostrar gestos, pero en realidad no están pensando en las víctimas. Si van a hacer recorridos o actos simbólicos, que lo hagan por la verdad, no por votos”, dijo.
Un detalle que sorprendió es que la directora Angie Rodríguez reveló que fue víctima del conflicto armado y que, en medio de las sesiones privadas, los exjefes paramilitares le pidieron perdón.
“También fui víctima del conflicto armado, principalmente por las Autodefensas y en este proceso que hemos tenido, hemos tenido por parte de ellos unas disculpas y un perdón que quiero aceptar públicamente porque creo que es el mensaje que tenemos que entregarle al país y que eso muestra que aquí lo primero que debe primar es la reconciliación (...) Acepto con humildad y sobre todo con mucha responsabilidad esas disculpas que ustedes me dieron en privado y creo que en los espacios públicos ante el país”, dijo Rodríguez.
Rodríguez explicó que un tío y un primo suyo fueron asesinados en el Meta y que la responsabilidad del hecho había sido de las AUC.
Cierre jurídico y granjas agrícolas, lo que se discutió a puerta cerrada
Fuentes cercanas al encuentro aseguraron que durante las jornadas se abordaron varios puntos para intentar definir una hoja de ruta hacia el cierre definitivo de Justicia y Paz. El primero: revisar los proyectos de ley que establezcan un cierre jurídico y político del proceso, con claridad sobre las responsabilidades judiciales pendientes.
El segundo punto es reactivar las antiguas granjas agrícolas penitenciarias —espacios que existieron durante las desmovilizaciones y luego inspiraron la figura de los ETCR de las FARC—, esta vez con el propósito de reunir allí a excombatientes con información sobre desapariciones y violaciones de derechos humanos. La idea, explicaron las fuentes, sería que esas personas “trabajen en mejores condiciones en la reconstrucción de memoria y en la búsqueda de desaparecidos”.
Otro de los acuerdos explorados apunta a crear proyectos productivos conjuntos entre excombatientes y víctimas, como mecanismo de reconciliación económica y reconstrucción del tejido social en los territorios. “La idea es que quienes aún tienen verdad por aportar puedan hacerlo mientras construyen con las víctimas, no en discursos, sino en proyectos que sirvan a las comunidades”, explicaron a este diario.
En total, se habló de cinco o seis líneas de trabajo que, según las fuentes, “buscan darle contenido real a ese cierre del proceso”, más allá del gesto político del encuentro.
Las víctimas piden verdad sin espectáculo
Aunque el Gobierno aseguró que las víctimas tendrían un papel central en la nueva etapa del proceso, aún no está claro cómo serán incluidas. En Valledupar no hubo representación directa de las organizaciones de víctimas.
Lideresas consultadas por Colombia+20 advirtieron que cualquier intento de reconciliación que no parta de las víctimas está condenado a repetir los errores del pasado.
Julia Chaparro, víctima de violencia sexual y desplazamiento por miembros del Bloque Central Bolívar, en Santander, dijo que teme que este proceso se quede, otra vez, en el terreno del discurso: “Todavía hay vacíos. Hay sentencias que no se han cumplido. Si se reabre el proceso, debe ser para contar una verdad verdadera, porque las que conocemos están a medias”.
Por su parte, la lideresa Esther Polo insistió en que el problema no es reabrir el diálogo, sino hacerlo sin garantías reales de verdad ni justicia. “Llevamos años oyendo que van a cerrar Justicia y Paz, pero nunca cierran nada. No hay verdad completa ni justicia completa. A veces parece que lo que quieren cerrar es el tema, no el dolor”.
Y agrega: “No se puede hablar de paz cuando todavía hay fosas sin abrir y familias buscando a sus desaparecidos. Eso no es cerrar, eso es tapar. Las víctimas no queremos discursos, queremos justicia. Si de verdad van a retomar esto, que lo hagan sin cálculos políticos, porque cuando mezclan la paz con la política, los que perdemos somos nosotros”.
Ambas sostienen que la paz solo será creíble si garantiza verdad judicial y no repetición. “No es que uno no quiera perdonar, es que no se puede hablar de perdón si todavía están vivas las estructuras que nos hicieron daño”, agregó Esther Polo.
La mesa terminó sin conclusiones oficiales, solo con compromisos de “continuar los diálogos” y preparar los recorridos de reconciliación anunciados por el Gobierno. Pero más que un cierre, lo que pasó en Valledupar dejó la sensación de ser el primer capítulo de una nueva disputa: entre quienes buscan verdad y quienes parecen querer convertirla en bandera política.
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