Desde el 29 de enero, una serie de pronunciamientos del presidente Gustavo Petro dirigidos a Geovany Andrés Rojas —conocido como Araña y jefe de los Comandos de la Frontera— introdujeron una presión adicional sobre el cumplimiento de los compromisos acordados en la mesa de diálogos entre el Gobierno y la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). El mandatario fijó un plazo de 10 días para demostrar avances en la erradicación de 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Putumayo y advirtió que, de no cumplirse, ordenaría su extradición.
Ese plazo venció el 8 de febrero. Además de no corresponder con los tiempos previamente establecidos –que contemplan la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño), con plazo hasta el 31 de marzo–, se trataba de un término prácticamente imposible de cumplir.
En ese contexto, las delegaciones del Ejecutivo y de la CNEB –al mando de Walter Mendoza– sostuvieron una reunión extraordinaria los días 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño). Tras el encuentro, el grupo armado reiteró su compromiso con la erradicación y sustitución de lo ya acordado.
El documento firmado en esa reunión precisa que el cumplimiento del compromiso de erradicación será verificado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, “en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos de Paz, garantizando condiciones de transparencia, seguimiento técnico y verificación objetiva de los avances alcanzados”. Colombia+20 conoció que ese organismo internacional sería la Administración para el Control de Drogas (DEA).
En entrevista con este diario, Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en ese proceso, explicó los alcances de los puntos consignados en el acta. También se refirió al caso de Araña y a las Zonas de Ubicación Temporal pactadas con la disidencia.
El acta precisa que el compromiso de sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito será verificado el 31 de marzo de 2026. ¿Eso significa que se va cumplir en esa fecha?
Ese es el punto clave. El presidente de la República, luego de su viaje a Estados Unidos, dio unas declaraciones en términos perentorios en el sentido de indicar que el señor Andrés Rojas (conocido como Araña, NdR) tiene que cumplir con unos compromisos que estaban pactados en la mesa de tiempo atrás.
La Coordinadora, en el acuerdo número 11. se comprometió a contribuir en el proceso de erradicación de cultivos de 30.000 hectáreas, 15.000 en Nariño y 15.000 en Putumayo. Entonces ahí vienen varias discusiones. El presidente retoma ese compromiso y dice: “¿Qué pasa con esto?"
La sustitución o erradicación no está a cargo directamente del grupo. Ellos pueden crear las condiciones para que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en forma conjunta con las comunidades organizadas adelante ese proceso que tiene varias fases.
La primera fase es la convocatoria en las comunidades. La segunda, la firma de los acuerdos. La tercera, el desembolso de las primeras cuotas según los planes que ponga en ejecución la Dirección de Sustitución. Ahí hay un término para hacerle seguimiento y llevar evaluación para que se cumpla efectivamente con los compromisos.
Cada familia o cada interesado inscribe en el acuerdo entre 1 y 1.3 hectáreas. Hay familias que pueden inscribir dos o tres hectáreas, pero no es la regla general porque el programa está dirigido sobre todo a los campesinos pobres, a la gente que está más abajo en la cadena del cultivo de la hoja de coca.
A partir de la última semana del mes de diciembre, y de forma muy intensa con la Dirección de Sustitución y con el acompañamiento de la mesa, se ha logrado que más de 10.000 interesados se inscriban en el programa de sustitución en Putumayo en municipios de influencia de Comandos de la Frontera, como Valle del Guamuez, Orito, San Miguel y Puerto Asís. Una vez cerrado el proceso de inscripciones, vendrán los primeros desembolsos. Ayer (jueves) estuvimos evaluando de conjunto el tema.
¿Cuándo se cierran las inscripciones?
Se calcula que hacia la última semana del mes de febrero se cierren las inscripciones y en forma inmediata se produzcan los desembolsos para empezar el proceso para que los inscritos empiecen a arrancar matas de coca.
En ese momento la gente tiene que empezar a arrancar matas en una labor planeada y organizada en estos municipios que cuentan con el acompañamiento de la mesa, con unos compromisos muy específicos de Comandos de la Frontera que no es solamente abstenerse de interferir en los acuerdos que se van a poner en marcha, sino también lograr que sus redes de apoyo de una u otra manera se vinculen a esos procesos. Por el lado de Tumaco y Nariño el proceso está más adelantado.
El 19 de de diciembre, el presidente hizo una visita a Roberto Payán y el 19 de enero y, si no recuerdo mal, hubo una segunda visita, donde estuvo con la Agencia de Renovación de Tierras, con Raúl Delgado, Felipe Harman y Gloria Miranda y reclamó porque en las zonas en donde se desarrollan acuerdos de paz no deberían haber laboratorios de coca. Con esas comunidades ya se han suscrito unos acuerdos y ya se han empezado a entregar los kits para la erradicación.
Entonces, según las informaciones que recibimos de la dirección de sustitución ya se han empezado a hacer unos desembolsos y en forma mancomunada con el acompañamiento y coordinación de la Gobernación del departamento se iniciará ese proceso también, pero en algunos puntos ya se ha iniciado el proceso.
Por el lado de Roberto Payán, la Coordinadora Ejército Bolivariano ha iniciado procesos desde tiempo atrás, motu proprio (por iniciativa propia), pero sin seguimiento institucional. Hay unos videos del señor Andrés Allende arrancando matas y con la disposición de las semillas de cacao —que serán los cultivos de reemplazo para hacerlo— que así lo ratifican.
Todo eso tiene que estar bajo un proceso de refrendación institucional para precisamente hacer el seguimiento en orden a que se puedan presentar los resultados dentro de los términos previstos. Tarea descomunal, gigantesca, pero no imposible de cumplir.
¿Y esos plazos precisos serían el 31 de marzo?
Son los que están contemplados. Pero hay que tener presente que aquí dependemos en buena medida del nivel de eficacia de la Oficina de Sustitución porque a cada familia que le digamos que arranque una mata de coca, le estamos diciendo que disminuye el monto de sus ingresos para su subsistencia. Y esos ingresos se van a suplir con los recursos que irriga el programa a las familias que serán beneficiarias del programa RenHacemos.
De manera que en el territorio todo está dispuesto para que se entre prontamente en el proceso. Hay que hacer la georreferenciación de las fincas porque esa es la única manera de constatar el número de hectáreas que se erradicarán.
Esa labor está a cargo de las autoridades competentes que es la Policía Antinarcóticos y seguramente eso contará con un seguimiento, un acompañamiento, una supervisión internacional.
Lo que la mesa hace, como se señala en el punto 4, es ese acompañamiento y el seguimiento porque las cifras se pueden tergiversar para un lado o para el otro. Entonces, en la mesa no podemos entregarle a la Coordinadora que ellos supervisen el programa. Y la fórmula que encontramos para que haya una colaboración en el territorio, de cara a cumplir esa mesa, es que a través de la mesa de negociación se hará un seguimiento para que en el momento oportuno se puedan consolidar las cifras.
¿El presidente Petro está al tanto de estos compromisos y está de acuerdo con lo pactado? Especialmente teniendo en cuenta las advertencias que ha hecho públicas frente a Araña.
Ese documento fue redactado en conjunto con la Dirección de Sustitución de cultivos de uso ilícito, con Gloria Miranda. Es decir, antes de firmar el acuerdo, se lo consultamos a ella. Hay apartes del documento que fueron redactados por la oficina de ella. Y en la reunión tuvimos también la presencia de la delegada del Ministro de Defensa.
De tal manera que el contenido del acuerdo antes de suscribirlo fue conocido tanto por la Dirección de Sustitución de Cultivos como por el Ministro de Defensa Nosotros creemos que de esa manera queda asegurado el conocimiento que tiene el presidente de la República del asunto.
¿Y la delegación no le informa directamente eso al presidente Petro o ese canal se maneja a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz?
No, esto se hace en diálogo con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, pero este documento se firmó ayer. Entonces, el conducto regular para ajustar los términos del acuerdo son esas dos dependencias: la Dirección de Sustitución. a cargo de Gloria Miranda, y el Ministerio de Defensa, a través de la delegada personal del ministro. Los términos generales yo los comenté personalmente con el Consejero Comisionado de Paz.
Si se cumplen los compromisos establecidos en este acuerdo –aunque no en los 10 días que inicialmente planteó el presidente–, ¿esto podría seguir frenado la extradición de Araña a Estados Unidos?
Pues la resolución que difiere los efectos de la extradición dice que depende de los avances en la mesa del señor Araña. A nosotros nos corresponde acatar las orientaciones del presidente. Lo que dice el documento que publicamos este jueves tiene en cuenta los términos perentorios que fijó el presidente de la República. Pero, nuestro conocimiento del territorio nos muestra es que esas metas no se pueden alcanzar sin el apoyo decidido de las estructuras de la Coordinadora. Y si se cumplen las metas, significaría entonces que el proceso avanza de manera eficaz dentro de las orientaciones que fija el presidente.
No significa que eso congele o bloquee la decisión del presidente porque eso es una decisión discrecional del presidente. Pueden haber factores que lo lleven a él a considerar o que no se cumplió, o que el nivel de avance es insatisfactorio, o que las circunstancias de la relación con el gobierno de Estados Unidos han cambiado y lo obligan a él a tomar unas medidas no contempladas inicialmente. Eso está dentro del resorte y el fuero interno el presidente.
Pero sobre la certeza que tenemos por sus declaraciones y por las consultas que hemos hecho con esas dos dependencias, tenemos claro que lo único que nos corresponde a nosotros como mesa es cumplir con lo que se pactó en la mesa de manera eficaz y no dejarlo como una puerta sin un término de cumplimiento cierto y medible.
Vamos a ver qué pasa aquí al 30 de marzo. El presidente puede extraditar al señor Araña antes del 30 de marzo porque eso es de su fuero interno. Nosotros no podemos condicionar la decisión del presidente.
Creo el mensaje se puede leer también en el sentido de que si hay un cumplimiento se mantiene la decisión de la extradición, pero diferida en sus efectos.
¿Ese plazo de diez días que fijó el presidente fue discutido en la mesa? ¿Cómo recibió la delegación de la Coordinadora ese ultimátum y qué les manifestaron sobre la viabilidad de cumplirlo, teniendo en cuenta que, según los tiempos ya acordados, era prácticamente imposible hacerlo en ese lapso?
Yo pedí que me explicaran el plazo de 10 días porque todos sabemos que en ese tiempo es imposible erradicar 30.000 hectáreas. Cerca de 9.000 hectáreas de hoja de coca, con brigadas creadas por la Policía Antinarcótico, se erradican en un año. Aquí estamos hablando de 30.000 en 15 días, imposible. Pero en dos meses podemos tener un avance significativo con la voluntad de la mesa y la eficacia en la ejecución de los acuerdos por parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos con las comunidades.
Ese documento contiene una alianza de del estado con las comunidades. Ese es el punto de fondo para nosotros y la Coordinadora no solamente se abstiene para que eso se lleve en la práctica, sino que se crearán las condiciones para que ellos, a través de sus redes y sus gentes de influencia, se vinculen activamente con esto.
Los miembros de la Coordinadora ahora en armas no se pueden vincular porque están por fuera de la ley. Y entonces esos señores tienen primero que hacer un proceso de ingreso a la legalidad. Tienen que entregar sus armas, tienen que quedar en un registro a cargo de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), a cargo de la oficina de Alejandra Miller, y todo eso se lleva un tiempo más largo de dos meses. Por eso, esto tiene que hacerse en forma simultánea con la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal.
¿En qué va esa Zona de Ubicación Temporal? Por lo que sabemos la más pronta de todas las que hay es la de Putumayo.
Sí, ya está definido, faltan unos aspectos técnicos muy concretos sobre el mecanismo de monitoreo y seguimiento que estará a cargo de la MAPP/OEA, pero con esa entidad estamos definiendo algunos aspectos de detalle sobre las condiciones en que ellos entrarán a realizar esa gestión.
La resolución para la creación de la Zona de Ubicación ya está en el despacho del presidente de la República.
¿Y en que se ha avanzado en terreno? ¿Ya hay alguna construcción o se tiene que esperar a la firma?
Hay que esperar a la firma. El terreno ya está ubicado. Incluso miembros de Comandos de la Frontera ya nos han dicho que ellos están dispuestos a ingresar a la zona en el primer minuto a partir de la fecha en la que se expida la resolución. De tal manera que ese tema está ahí y dependemos de la decisión del presidente.
¿Y hace cuánto está en la mesa del presidente? Es decir, ¿hace hace cuánto está listo?
Hace más de 1 mes.
En el comunicado del jueves, el primer punto menciona las asambleas del resguardo. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Tiene que ver con decisiones que deben tomar las autoridades indígenas sobre los procesos de sustitución y erradicación, o qué alcance tiene ese punto?
La reunión estuvo antecedida por un encuentro del gobernador del departamento de Nariño con algunos resguardos en la zona de Inda Zabaleta, en donde acordaron unos términos para empezar unos programas allá. Pero los resguardos indígenas tienen que hacer unas consultas con sus comunidades, convocarlas. El delegado del gobernador, el secretario de participación y paz, estuvo presente en nuestra reunión.
Entonces la mesa encontró que hay ya algunos videos en donde aparece el gobernador anunciado esos acuerdos. A nosotros nos pareció muy bien eso porque va en la dirección perseguida por la mesa y ahí en nuestro comunicado se dice que respaldamos esas iniciativas.
¿Son como unas son como reuniones puntuales que se están haciendo con autoridades indígenas?
Sí, porque hay que convocar a consejos comunitarios, a resguardos indígenas. Uno de los puntos de diferenciación que ha tenido tenido esto, el Programa RenHacemos con el antiguo PNIS, es que el énfasis aquí está también en el soporte comunitario del proceso de erradicación.
Por eso nosotros decimos que este acuerdo tiene que ser el punto de partida para crear un movimiento campesino y comunitario en los territorios en favor de la erradicación y las transformaciones territoriales.
Sobre el tema de Ecuador, en medio de las tensiones binacionales —marcadas en parte por los señalamientos de ese país a Colombia por no haber hecho lo suficiente para frenar la violencia y el narcotráfico en la frontera—, ¿ustedes han participado en alguna de las mesas que se han instalado para recomponer esa relación? ¿Se ha discutido el papel que puede jugar este proceso de paz en ese escenario binacional?
Eso lo hemos evaluado en la oficina. Para nosotros está muy claro que el avance y la consolidación de un proceso de paz demanda de una coordinación binacional, no solamente en aspectos de control territorial y de seguridad, sino también de crear unas condiciones de integración en el territorio que permita una colaboración de autoridades de ambos países en el tema.
Esa responsabilidad depende de la Cancillería. Nuestra mesa tiene en cuenta eso y en lo que nosotros hemos llamado la atención es que es una equivocación pensar que estos que la paz en esos territorios tiene una dimensión puramente local. Tiene una dimensión fronteriza, binacional y también geopolítica. Estamos inmersos en ese contexto y tenemos que atender esas realidades a partir de un principio de realismo para que la mesa pueda avanzar de manera eficaz en un acuerdo.
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