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El Ministerio de Justicia confirmó en un documento conocido por Colombia+20 que evalúa si el Gobierno continuará impulsando el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados y estructuras criminales, también conocido como el proyecto de paz total.
La cartera señaló que actualmente “se encuentra analizando la continuidad del proyecto”, en una comunicación oficial enviada al Congreso.
La admisión llega en medio de un ambiente político difícil por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre la disidencia de Calarcá Córdoba, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia. Las denuncias muestran un posible uso de las negociaciones de “paz total” por parte de estructuras criminales para ampliar su control territorial, acceder a información clasificada, ordenar asesinatos y amenazas a firmantes de paz y reorganizar sus economías ilegales.
La respuesta del Ministerio de Justicia responde a una solicitud elevada por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien le pidió en una carta pública fechada el pasado 24 de noviembre y dirigida al ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo; y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que retiraran el proyecto de ley por “grave riesgo a la seguridad nacional e integridad institucional”.
En la carta, Lozano asegura que continuar el trámite del proyecto de ley que se radicó el pasado 20 de julio por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es un “desacierto institucional y político” y también un “un error histórico con profundas consecuencias jurídicas y para la seguridad nacional”.
“La política de “Paz Total” perdió toda credibilidad. Los hechos conocidos demostraron que no fue un camino de desarme ni de sometimiento, sino un escenario penetrado y aprovechado por organizaciones criminales que utilizaron la institucionalidad para fortalecerse. No se trata solo de retirar un proyecto de ley: se trata de poner fin a una política fracasada y corrupta. Ningún proceso puede llamarse paz cuando opera bajo infiltración criminal, cuando otorga ventajas indebidas a quienes utilizan al Estado para expandirse, y cuando pone en riesgo la seguridad nacional”, decía la carta de Lozano.
Ministerio de Justicia dice que aún no puede retirarlo
El proyecto, que aún no ha tenido el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, cuenta actualmente con dos ponencias radicadas: una que propone mantener el esquema de sometimiento con reducciones de pena de hasta el 60 %, según el documento revelado en octubre pasado por El Espectador, y otra ponencia que solicita archivar la iniciativa.
Esta última fue suscrita por los representantes Julio César Triana (Cambio Radical), José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Juan Daniel Peñuela (Conservador) y Marelen Castillo (Oposición), quienes argumentaron la inviabilidad jurídica y política del proyecto. El texto que pide su hundimiento ya suma apoyos de sectores liberales, independientes y conservadores, lo que anticipa un escenario adverso para su avance cuando la Comisión Primera decida si lo discute o lo archiva.
En la respuesta al Congreso, el Ministerio de Justicia dice que no puede retirar el proyecto por restricciones normativas y cita el artículo 155 de la ley 5 (que regula el funcionamiento del Congreso). “Un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”, dice la norma citada.
El Ministerio remarcó esa limitación al explicar que, aunque ya ha ponencia de primer debate y el proyecto no corresponde a una iniciativa de origen congresional, “su eventual retiro requiere de un requisito adicional, como es la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”, dice la respuesta.
El Ministerio aclara los alcances y condiciones del proyecto
En su comunicación, la cartera de Justicia también defiende la arquitectura del proyecto y dice que no reconoce estatus político a las estructuras criminales, no contempla amnistías ni indultos, y condiciona todos los beneficios a hechos verificables como la entrega de bienes, el cese total de actividades criminales, la desvinculación de economías ilícitas, la liberación de secuestrados y aportes efectivos a la verdad y reparación.
El incumplimiento de esas obligaciones, dice el Ministerio, conllevaría a la revocatoria de los beneficios y la aplicación plena del régimen penal ordinario.
La entidad también subraya que el proyecto fue construido mediante audiencias públicas en territorios, mesas técnicas con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como aportes de juristas y víctimas. El Gobierno insiste en que el enfoque es restaurativo y que la centralidad de las víctimas es el eje rector de la propuesta.
Tal como ha documentado Colombia+20, el proyecto contempla penas privativas de la libertad, pero reducidas, para los jefes de organizaciones como el Clan del Golfo, siempre que cumplan los compromisos judiciales y restaurativos. También abre la puerta a la conservación de bienes legalizados bajo verificación judicial, un punto que ha generado debate por su impacto en la política criminal y en la percepción pública de justicia.
En contexto: Gobierno Petro se alista para presentar su esperado proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales
Críticos del proyecto insisten en que estos incentivos podrían favorecer a organizaciones armadas para fortalecerse.
Sin embargo, una ley de sometimiento sigue siendo necesaria para dar soporte legal a los procesos que el gobierno Petro mantiene abiertos con distintos grupos armados y estructuras criminales, desde disidencias hasta bandas de alto impacto, pues sin ese marco no habría herramientas claras para exigir desarme, verdad, reparación ni control judicial sobre los compromisos.
Varios grupos han hecho avances, como acuerdos para la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para hacer tránsito a la vida civil, que requieren de ese marco normativo.
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