Danilo Rueda, el defensor de derechos humanos nombrado Comisionado de Paz

Coordinador Nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entrevista.

Foto: Óscar Pérez

En el último Festival de la Memoria, organizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) en junio de 2021 en Turbo (Antioquia), esa organización de derechos humanos se dedicó a encontrar la convergencia entre el Paro Nacional y el Acuerdo de Paz: desde la a furia social que se vivió en las calles y los relatos de víctimas del conflicto armado que no han sido reparadas, la juventud que encabezó las protestas en todo el país, hasta los hijos e hijas de quienes han vivido la guerra. Fueron tres días de actividades simbólicas para hacer memoria, encabezadas por Danilo Rueda, comunicador social de profesión, director de la CIJP y este lunes nombrado como Comisionado de Paz del gobierno de Gustavo Petro.

De allí salieron propuestas o posibles soluciones a sus problemáticas sociales que la CIJP entregó meses después a la Comisión de la Verdad como un insumo al Informe Final. Era la primera vez que esa organización lograba integrar a sectores urbanos y rurales en un escenario distinto a la calle. En ese momento, Rueda afirmó: “Ahora mismo, en las calles se están tomando decisiones que no necesariamente son consultadas con las comunidades rurales, pero como hay derechos vulnerados en común en todo el país, eso sí representa, de alguna manera, a quienes están en la periferia”.

Los Festivales de la Memoria fueron una de las grandes apuestas de Danilo Rueda como director de la Comisión Intereclesial. Ya habían realizado algunas ediciones en Putumayo, otra en el Urabá antioqueño y una en Cacarica (Chocó). Su trabajo, en todas esas ediciones, ha sido con víctimas del conflicto armado desde donde ha podido documentar graves casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia, como el caso de la “Operación Génesis”, ejecutada en febrero de 1997 en el Bajo Atrato chocoano por miembros de los batallones de Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritos a la Brigada 17 de Carepa, Antioquia.

De forma paralela, en ese momento, se llevó a cabo la “Operación Cacarica” por parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá en las que entraron a varias poblaciones de Riosucio (Chocó) y atacaron a la población civil. En las sentencias de Justicia y Paz dicen que unas 400 personas salieron desplazadas de Cacarica por el recrudecimiento del conflicto armado paramilitar en esa época y otras 87 fueron asesinadas en ambos operativos.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue una de las organizaciones que recolectó más información sensible sobre esas operaciones. En parte por ese trabajo, Rueda fue nominado al Premio Front Line para Defensores de Derechos Humanos en Riesgo en 2009. Dos años después, en mayo de 2011, fue víctima de un robo de memorias flash y USB que contenían testimonios, documentación y pruebas sobre violaciones a los derechos humanos en la Operación Génesis. En noviembre de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado colombiano por no haber protegido la población civil en esos operativos.

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Por ese caso, incluso, acompañó a la población retornada de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, también llamada Ecoaldea de la Paz, una comunidad que comenzó a liderar iniciativas de memoria y derecho restaurador.

En marzo de 2019 inauguraron la primera sede de la Universidad de la Paz, un espacio acompañado y liderado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para que excombatientes de las Auc y de las guerrillas puedan ir a reunirse con sus víctimas, resarcir el daño, pedir perdón y contar la verdad. Rueda lo definió en su momento como un “experimento de la microsociedad que busca la reconciliación a partir de transformaciones reales”. Esa ha sido una de sus grandes banderas.

En su trayectoria como defensor de Derechos Humanos también ha trabajado como profesor de la universidad Javeriana y Externado. Fue miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, de Defendamos la Paz y de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz y ha acompañado distintos procesos de acuerdos humanitarios y diálogos regionales en zonas afectadas por el conflicto armado. Desde 2002, incluso, coordina la Comisión Ética Internacional de la Verdad. Cargos ha tenido muchos -en Colombia y a nivel internacional- en distintas instancias tan grandes como la misma Corte Penal Internacional, en la que fue redactor de textos de documentación de casos.

Su trayectoria más constante, sin embargo, ha sido intentar consolidar puentes para que se abran diálogos y procesos de reconciliación con exparamilitares, exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos de reconciliación que logró entre varias comunidades chocoanas y Juan Rodrigo García, hermano de “Doble Cero” y quien fue asesor de Carlos Castaño Gil y de Freddy Rendón (El Alemán) durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas.

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También ha trabajado con excombatientes de las Farc. En el último Festival de la Memoria (en Turbo, Antioquia) logró que Ubaldo Zúñiga, conocido en la guerra como Pablo Atrato, aportara desde su orilla a las recomendaciones que varias víctimas hicieron para garantizar la no repetición en los territorios. Luisa Zúñiga, hija del excomandante guerrillero, también participó desde su visión en las necesidades que tienen las mujeres en la reincorporación. La idea que Danilo repitió durante ese evento fue la misma: construir un país reconciliado.

Por eso su trabajo también estuvo en los distintos actos de reconocimiento de responsabilidades de las Farc en las masacres de Bojayá (Chocó) y de La Chinita (Urabá antioqueño) y sus propuestas metodológicas estuvieron presentes en las negociaciones en La Habana entre el Estado y la exguerrilla de las Farc. En la Mesa de Negociación con el Eln en Quito (Ecuador), sus ideas tampoco estuvieron ausentes: fue del equipo promotor de propuestas temáticas para involucrar a las comunidades étnicas a ese espacio de diálogo. Por eso, uno de los retos como Comisionado de Paz será cumplir la promesa del gobierno Petro de intentar sentar nuevos negociaciones con esa guerrilla, que ya también ha planteado voluntad para retomar las conversaciones con el Estado.

Aunque su trabajo en los últimos 30 años ha estado demarcado, sobre todo, en las regiones del Urabá, Bajo Atrato, Norte de Chocó, Montes de María, La Guajira, y los Llanos Orientales, uno de sus retos ahora será participar de la consolidación de lo que el gobierno de Gustavo Petro ha denominado como “La Paz Total”, una propuesta ambiciosa que, entre otras cosas, busca lograr entablar diálogo con otros grupos armados distintos a la guerrilla como el Clan del Golfo, Los Rastrojos y otros grupos que, incluso, ya enviaron una carta al gobierno entrante para manifestar su voluntad para adelantar diálogos de paz.

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Esa labor, que además es una de las más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, estaría liderada por Rueda como Comisionado de Paz y por Álvaro Leyva Durán, el próximo canciller de Colombia. Otros nombramientos de personas que tendrían un papel crucial en estos procesos son el de Patricia Tobón -comisionada de la Verdad- como nueva directora de la Unidad de Víctimas y el de Giovanni Yule, el líder indígena Nasa que liderará la Unidad de Restitución de Tierras en el próximo cuatrienio.

Los cuestionamientos a Danilo Rueda

Pero el nombramiento de Rueda no ha estado excento de polémicas y desazones. Su nombre salió a la luz pública justamente porque en medio de la campaña presidencial, Noticias Caracol relevó un video en el que se ve a Danilo Rueda ingresando a la cárcel La Picota, en Bogotá, en compañía de Juan Fernando Petro, el hermano del mandatario electo, visitando a varios presos del pabellón ERE 2 del centro penitenciario en el que, supuestamente, hablaban sobre el “perdón social” con varios condenados por parapolítica.

En cuanto a la polémica de Rueda en medio de la campaña, él mismo le dijo en entrevista a este diario que su visita al centro penitenciario hace parte de una iniciativa de la CIJP. Según expresó en abril pasado, se habría tratado de “una dinámica de conversaciones extrajudiciales con diversos actores que han tenido responsabilidad en la violencia, esos diálogos pueden ser dentro o fuera de las cárceles, para generar una confianza que pretende construir el escenario de la verdad”.

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En esa entrevista contó que sus visitas a las cárceles no son nuevas. “Fui a cárceles de Estados Unidos en una misión humanitaria, a escuchar las condiciones en que se encontraban los jefes paramilitares extraditados, y lo que vimos junto con personas como Iván Cepeda y quien la lideró en ese momento, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba, está consignado en informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales desvirtúan lo que afirma un expresidente de la República de que fui a buscar testigos falsos. Esa no es nuestra manera de proceder. Sería incoherente estar hablando de verdad y proceder con medios y mecanismos espurios”.

Danilo también ha sido cuestionado por, supuestamente, haber encubierto un caso de acoso sexual y laboral al interior de Contagio Radio, la emisora de la Comisión Intereclesial y que él mismo fundó. El coordinador de ese medio, Elkin Sarria, fue denunciado por varias mujeres que trabajaron con él quienes aseguraron que Rueda, como director general de la CIJP, tuvo conocimiento de los hechos previamente a que se destapara el escándalo, pero señalan que no hizo nada contra el denunciado.