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El Gobierno firmó el pasado 18 de febrero una resolución que conoció Colombia+20, y que reglamenta que los hijos e hijas de excombatientes de las antiguas FARC en proceso de reincorporación y que fueron asesinados tendrán acceso a una renta básica.
El documento de 20 páginas, que debe ser implementado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dictamina cuáles son los requisitos para obtener este ingreso -que es transitorio- y también da las pautas para el acompañamiento integral a los grupos familiares de personas que hacían parte del proceso de reincorporación, pero que fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada.
De acuerdo con la resolución 0275 de 2025, el ingreso básico se da para que las familias puedan desarrollar iniciativas productivas y para que cuenten con los recursos económicos que contribuyan a satisfacer sus necesidades básicas tras la pérdida de un familiar que estaba dentro del proceso de reincorporación.
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Esta reglamentación se da tras casi tres años de la orden que dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 22 de junio de 2022 a la ARN de garantizar un ingreso básico a los niños y niñas cuyos padres fueron excombatientes de las Farc que fueron asesinados. En ese entonces, la ARN, bajo la dirección de Andrés Stapper, se había negado a acatar esa orden.
Abecé sobre la renta básica para hijos e hijas de excombatientes asesinados
Según la resolución, la ayuda económica, es excepcional y transitoria en cuanto solo será mientras los niños, niñas y jóvenes llegan a la mayoría de edad y solo será para quienes participen de la Estrategia de Acompañamiento Integral a Grupos Familiares de Personas Fallecidos Víctimas de Homicidio y Víctimas de Desaparición Forzado de la ARN.
La Agencia verificará que el excombatiente haya tenido registro de asistencia o desembolsos en el marco del proceso de reincorporación.
Las personas que salgan beneficiadas de la estrategia de acompañamiento de la ARN deben acreditar el vínculo del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos, hijas, madres, padres o hermanos, según corresponda.
Cabe destacar que la vinculación de las familias de las víctimas es voluntaria y se debe radicar ante la ARN, presentando algunos documentos que acrediten el hecho victimizante.
¿De cuánto es la renta básica?
La renta corresponde al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, es decir $1.170.000, será entregada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que fueron reconocidos legalmente como hijos e hijas de la persona en proceso de reincorporación.
La medida aplicaría entonces para todos los menores de edad, hijos e hijas, de los 449 firmantes del Acuerdo que han sido asesinados en los últimos ocho años, según el seguimiento que hace el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).
¿Qué requisitos se piden?
Para acceder al Ingreso Básico se deberán acreditar ante la ARN los siguientes requisitos y condiciones:
Entre los requisitos de acceso, la persona que sea representante legal o titular de la custodia del niño, niña y adolescente beneficiarios deberá radicar en medio físico o virtual los siguientes documentos, a través de los diferentes canales de atención establecidos por la ARN.
Además, deberá presentar el registro civil de nacimiento que permita establecer el parentesco con el fallecido o desaparecido. También el documento de identidad del padre o madre sobreviviente o uno que”acredite la representación legal o titularidad de la custodia”ven caso de no ser el padre o madre, y el documento de identidad.
Por último, un certificado de cuenta bancaria activa a nombre de la persona representante legal o titular de la custodia de los beneficiarios del Ingreso Básico que permita transferencias electrónicas.
En cuanto a las condiciones de acceso, se debe validar que el niño, niña o joven beneficiarios del Ingreso Básico, el padre, la madre o representante legal “residan legalmente en el territorio nacional”.
El representante o titular de la custodia debe haber “suscrito las actas de compromiso y de consentimiento informado en la que acepte la vinculación, permanencia y participación en la Estrategia de Acompañamiento”, dice la resolución. Para ello, el representante legal o titular de la custodia debe participar en la Estrategia de Acompañamiento y registrar asistencias mensuales.
El excombatiente fallecido debe estar acreditado ante la Oficina del Consejero Comisionado de Paz no debe contar con sentencia penal ejecutoriada por delitos dolosos ni tampoco una decisión de la jurisdicción especial indígena después del 1 de diciembre de 2016. Tampoco pudo haber sido excluido por esa Oficina.
¿Cómo se harán los desembolsos?
El primer desembolso se realizará al mes siguiente del cumplimiento de la totalidad de requisitos una vez se verifique que la persona representante legal o titular de la custodia de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del ingreso básico ha suscrito el acta de compromiso y de consentimiento informado en la que acepte la vinculación, permanencia y participación en la Estrategia de Acompañamiento Integral a Grupos Familiares de Personas Fallecidas Víctimas de Homicidio y Desaparecidas que hacían parte del proceso de Reincorporación.
“A partir del segundo desembolso, estarán sujetos a la participación y el deber de cumplimiento de los compromisos establecidos en el acompañamiento por parte del (la) representante legal o titular de la patria potestad y custodia de los beneficiarios, para favorecer el avance del indice de vulnerabilidad”, dice la resolución.
La renta básica fue un punto de disputa al inicio de este año entre los excombatientes de las FARC y el Gobierno por el retraso en el pago que se dio por dos meses.
Desde el pasado 23 de diciembre, a través de un comunicado, excombatientes de las FARC que son parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) hicieron varias alertas al Gobierno Petro, entre ellas, que no se ha pagado la renta básica de diciembre.
Este retraso afectó a cerca de 12 mil excombatientes de las extintas FARC. La renta básica, también incluye beneficios de pensión, asignaciones de normalización, proyectos productivos individuales y colectivos. El pago se reanudó el pasado 21 de enero.
El acompañamiento a los familiares víctimas de desaparición forzada
La resolución, firmada por la directora de la ARN, Alejandra Miller, también se plantea y regula la Estrategia de Acompañamiento Integral a Grupos Familiares de Personas Fallecidos Víctimas de Homicidio y Víctimas de Desaparición Forzado.
La estrategia tiene un componente étnico, de discapacidad, de género y de derecho de las mujeres y de personas en situación de discapacidad.
La estrategia tiene cuatro componentes: uno psicosocial y atención jurídica para los familiares víctimas de homicidio y de desaparición forzada, mientras que avanzan en su proceso de recuperación emocional. Los otros dos de orientación para el acceso y exigibilidad de derechos fundamentales, comunitarios, políticos y económicos.
Respecto al componente jurídico la reglamentación comprende acciones colectivas de formación y orientación jurídica sobre conocimientos de derechos y herramientas legales para su exigibilidad. Además, ayuda a superar las barreras de acceso a la justicia.
Otro de los componentes de la estrategia es el comunitario político, el cual está dirigido al fortalecimiento de capacidades de liderazgo, empoderamiento y ejercicio de la ciudadanía de los grupos familiares, haciendo énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Con esto, la medida también fomenta el fortalecimiento del tejido social de las comunidades de los grupos familiares afectados por las problemáticas mencionadas.
Así mismo, el acompañamiento de la entidad será otorgado hasta que el beneficiario del grupo familiar haya superado el índice de vulnerabilidad establecido por la ARN o cuando el sujeto sea cubierto por una de las medidas de reparación entregadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La resolución fue expedida en Cúcuta, el 17 de febrero, justo cuando la región del Catatumbo afrontaba una escalada violenta, que tuvo a los firmantes de paz como víctimas de los enfrentamientos.
Por lo menos seis excombatientes de las FARC fueron asesinados en la escalada violenta, mientras que aún se conoce el paradero de por lo menos otros dos.
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