En acto simbólico, reconocen derechos de comunidad afro del Chocó sobre su tierra

Ministerio de Agricultura y Unidad de Restitución de Tierras entregan sentencia de restitución de derechos territoriales a Cocomopoca.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bajo un sol inclemente y 30° de temperatura aproximadamente, se inició la entrega simbólica de esta sentencia al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Cientos de hombres y mujeres afro con vestidos de colores, provenientes de los municipios de Bagadó, Lloró, Cértegui y Atrato, llegan al parque central de Yuto, cabecera municipal de Atrato, a este acto simbólico que llevan esperando desde el 2021, año en que se expidió la sentencia.

“Este evento significa un reconocimiento a la deuda que ha tenido el Estado con las comunidades que han vivido ancestralmente en los territorios. Somos comunidades que hemos hecho resistencia ante el conflicto porque queremos seguir acá y mejorar las condiciones de vida”, afirmó Glenis Esther Garrido, representante legal de Cocomopoca, en entrevista con Colombia+20.

Con una oración y al ritmo de alabaos, un grupo de niños, jóvenes y mujeres “Grupo de rescate de saberes ancestrales de Yuto”, dieron apertura al evento este lunes 29 de mayo donde se entregará un retablo con las principales órdenes de restablecimiento de derechos. Esto estará acompañado de una carpeta con la sentencia de 111 páginas, emitida por la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia, el 27 de julio del 2021, siete años después de haberla interpuesta.

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Durante el acto simbólico, la representante legal de Cocomopoca, invitó a las instituciones presentes al cumplimiento de lo acordado en la sentencia. “Que la sentencia se convierta en la posibilidad de ser un piloto de que sí se puede aplicar el enfoque diferencial con proyectos concertados con las comunidades”, manifestó Garrido.

La nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, junto al director general de la URT, Giovani Yule, le entregaron simbólicamente a Glenis Esther Garrido, representante legal de Cocopomoca, la sentencia de restitución de derechos colectivos de las 3.200 familias que componen el Consejo Comunitario. Acto seguido, las instituciones participantes del evento y responsables del cumplimiento de la sentencia firmaron un retablo con las principales órdenes para cumplirse.

“Esta celebración la organicé antes de ser ministra de Agricultura porque había un rezago en el cumplimiento de restitución étnica, cuando trabajé en la URT. Esta sentencia tiene más de 30 órdenes judiciales a distintas instituciones del Estado para reparar lo que se ha transgredido por la guerra. Es una historia que no ha pasado, que sigue vigente. Necesitamos de la capacidad de Cocomopoca para lograr sacar adelante la sentencia, esto no se hace de espaldas a ustedes sino de la mano, trabajando juntos”, explicó la ministra Mojica.

Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), manifestó la importancia del compromiso de darle cumplimiento a la sentencia y potenciar los territorios, en este caso, del Chocó.

“Vamos a asumir estas tareas que nos han encomendado aunque no es solo nuestra, porque ustedes con su fuerza, sabiduría y palabra orientadora nos van a ayudar a consolidar desde los territorios la posibilidad de transitar hacia una institucionalidad que se puedan abrazar con las comunidades y fortalecer la gobernanza territorial de las comunidades”, enfatizó Yule.

Acxan Duque Gámez, nuevo director de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la URT, señaló a este diario que esta es la primera sentencia de restitución sobre comunidades negras en el Chocó y explicó la razón por la que se habla de ‘derechos territoriales’ y no de ‘hectáreas de tierra’ en esta entrega.

“Los títulos que se les conceden a los pueblos indígenas y a las comunidades negras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A pesar de que se metan al territorio y usufructúen, nunca se pierde la titularidad, pero sí se pierde el uso, goce, disfrute y la relación mágico-espiritual con el territorio. Por eso, la sentencia no les devuelve el territorio porque siempre va a ser de ellos, sino la gobernanza sobre él, a través de programas, proyectos y órdenes de reparación”.

Este consejo comunitario recibió la titulación colectiva, por parte del Incoder, el 19 de septiembre del 2011, luego de 12 años de lucha para adquirir terrenos baldíos como “tierra de comunidades negras”. Tres años más tarde, en diciembre del 2014, las 3.200 familias organizadas en 42 comunidades de Cocomopoca, enviaron la solicitud para que sus derechos territoriales fueran restituidos porque estaban siendo afectados a causa del conflicto armado y la extracción minera a orillas del río Andágueda.

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Las guerrillas de las FARC y el ELN, más la confrontación con los paramilitares, generaron que entre los años 1991 y 2013, más de 7 mil personas se desplazaran y se confinaran en sus territorios. El periodo entre los años 2000 y 2006 fueron los más álgidos, según documentó el Tribunal Superior de Antioquia en la sentencia.

En ese mismo periodo de tiempo, la Agencia Nacional de Minería expidió 22 títulos para la explotación minera de empresas multinacionales por 30 años. Algunas de esas son Anglogold Ashanti; Exploraciones Chocó Colombia y Continental Gold. Según se lee en la sentencia, ninguna de estas empresas realizó la consulta previa con Cocomopoca e iniciaron sus labores de explotación minera.

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Como cierre del evento, los integrantes del consejo comunitario del municipio de Lloró realizaron una presentación folclórica de danza y chirimía. Este evento también se enmarcó en la conmemoración del decenio internacional para los afrodescendientes declarado por la ONU.

¿Cuál es la historia de Cocomopoca y su territorio?

En las cuencas de los ríos Andágueda, Capá y Tumutumbudó de la región del Alto Atrato, hace más de 300 años se ubicaron un grupo de hombres y mujeres afro que generación tras generación hicieron de este territorio su casa.

Su subsistencia la basaron en la actividad agrícola, la pesca y la minería artesanal, todo entregado por un territorio bañado por ríos que nacen del Atrato. La ubicación geoestratégica de Cocomopoca, no solo por la cuenca de los ríos, sino también por tener conexión con las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira; sumado a que Bagadó es el municipio limítrofe con Antioquia y Risaralda, fueron características que generaron mayor interés en las mineras, pero también en los paramilitares.

Según la Comisión de la Verdad, mientras las guerrillas de las FARC y el ELN tenían el control territorial selvático de la región; los paramilitares tenían un interés en las vías por el apoyo prestado a intereses de mineros y narcotraficantes para movilidad de droga y mercancía.

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Con el paso de los años, la población afro se organizó y la expedición de la Ley 70 de 1993, que reconoce la propiedad colectiva de la tierra para comunidades afrocolombianas, animó la unión de la comunidad y a fortalecer el proceso organizativo.

Así lo explicó la Comisión de la Verdad en su caso “Concesiones mineras a empresas en territorios colectivos, control armado, minería ilegal y desplazamiento en el territorio colectivo de Cocomopoca y el resguardo indígena del Alto Andágueda”, que integra el capítulo ‘Colombia Adentro’ del Informe Final.

“El proceso de titulación colectiva representó una oportunidad para que las familias afrodescendientes que ya tenían relaciones en los territorios se acercaran aún más entre ellas, con el objetivo de conformar una organización que pudiera acceder a la titulación colectiva”.

El equipo investigador de la Comisión también señaló el caso de Cocomopoca como central para el esclarecimiento de los procesos de titulación de las comunidades negras, pues tomó 12 años, y da cuenta de la vulneración de derechos desde 1999, año en que radicaron la solicitud.

“Dicha tardanza, además de ser una flagrante vulneración al goce efectivo de este derecho étnico-territorial sin igual en el Chocó, coincidió con el incremento en la actividad minera sobre los ríos del alto Atrato y con la entrega del subsuelo a diversos inversionistas privados por parte de instituciones administrativas del orden nacional, a través de contratos de concesión minera”, se lee en el documento.

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La solicitud de titulación colectiva la presentaron ante el Incoder el 16 de diciembre de 1999, sin embargo, en el 2002 el trámite fue suspendido por el aumento de violencia en las cabeceras municipales de Bagadó y Lloró, principalmente, por las confrontaciones entre los grupos armados ilegales. Según la Comisión de la Verdad, el auge de la violencia coincidió con la llegada de maquinaria “amarilla”, como le dicen en el territorio a las retroexcavadoras, que abrió la puerta al aumento de la explotación minera en la región.

“Primero llegaron los actores armados, luego la maquinaria amarilla y con los dos se tejió una red de extracción que devastó el territorio. En este sentido, la minería sería un efecto de la violencia, esta última entendida como la disputa por el control de territorio; disputa que diluye las posibilidades de resistencia de las comunidades al despojo del patrimonio natural de su territorio”, se lee en el caso.

Glenis Esther Garrido, representante legal de Cocopomoca, explicó que las explotaciones mineras continúan en el territorio y aún no han cesado. La sentencia 006 de restitución de derechos territoriales agrupa 30 órdenes para 30 instituciones del Estado desde el 2021; sin embargo, Cocomopoca no evidencia un avance significativo. Algunas de las instituciones son las alcaldías locales, gobernación, Unidad Nacional de Protección, ICBF, la Anla, el SENA, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.

“Sentimos que el avance no ha sido significativo y lo poco que se ha avanzando no se ha desarrollado al criterio que nosotros creemos que se debería avanzar y ni siquiera al criterio que marca la misma sentencia. Esperamos que con la ayuda de la ministra de Agricultura y los diferentes entes que tienen responsabilidad en la sentencia, realmente se pongan la 11, porque la 10 ya nos les sirve, y comencemos a mover esta sentencia en favor de las comunidades”, señaló Juan Carlos Palacio, líder de Cocomopoca.

El Observatorio de Memoria y Conflicto registró 396 víctimas de los cuatro municipios que componen el consejo comunitario de Cocomopoca y enfatiza que más del 70% de los casos se presentaron en las zonas rurales.