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Colombia se prepara para una de las semanas más intensas y decisivas en lo que va del año. Tres hechos, distintos en origen pero profundamente conectados por el debate sobre justicia y diplomacia, marcarán la agenda nacional y pondrán al país en el centro de la atención internacional.
Desde Washington se espera que el lunes llegue el “veredicto” sobre el rumbo de la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro; en Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expedirá por primera vez sanciones propias en el caso de secuestro, uno de los más dolorosos del conflicto armado; y dos días después volverá a hacerlo con un capítulo emblemático de los falsos positivos en el Batallón La Popa.
La amenaza de la descertificación
El primer movimiento se dará este lunes, cuando la Casa Blanca anuncie si descertifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos para Colombia (SIMCI) se registraron e 252.572 hectáreas de coca, la mayor extensión en la historia reciente, y la producción potencial de cocaína aumentó un 53 % frente al año anterior.
El viraje de la política del gobierno Petro, que insiste en priorizar la sustitución voluntaria y el desarrollo rural por encima de la erradicación forzada y la fumigación, no ha logrado mostrar resultados contundentes. Hasta junio de este año apenas se habían erradicado manualmente 1.500 hectáreas, muy por debajo de las metas oficiales, lo que alimenta la presión de Washington para volver a la fumigación aérea con glifosato, suspendida desde hace años por sus impactos en salud y medio ambiente.
La descertificación no es un asunto simbólico: si Estados Unidos opta por ese camino, podría congelar parte de la cooperación económica y militar, afectar el acceso a créditos internacionales y enviar un mensaje de desconfianza hacia la estrategia colombiana.
“Estamos insistiendo y seguiremos hasta el último momento insistiendo, es que los resultados sean tenidos en cuenta, porque ha sido demostrable que Colombia no solamente ha cumplido con sus compromisos en esta lucha contra las drogas, sino que de lejos es el país que más ha contribuido a esta lucha contra las drogas a nivel mundial. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en conjunto con Estados Unidos sea cual sea la decisión que se tome”, dijo esta semana a este diario el embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña.
Y agregó que los únicos beneficiarios de una posible descertificación serían los carteles del narcotráfico. “Los únicos que ganan son los carteles y las organizaciones trasnacionales, a los que solo les interesa que Colombia y Estados Unidos no trabajemos juntos y que ellos puedan aprovechar esa situación”, aseguró.
Existe la posibilidad de un waver (una especie de advertencia), una exención temporal que suaviza las consecuencias, pero incluso en ese escenario la advertencia sería clara: el país necesita mostrar resultados tangibles en la lucha contra los cultivos ilícitos. El desenlace marcará, en buena medida, la relación entre Bogotá y Washington en un año en que los dos gobiernos ya enfrentan tensiones por el rumbo de la política de drogas.
La discusión no es nueva: el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado en 2016 estableció un compromiso claro con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, como vía para desmontar las economías de la coca sin recurrir a la guerra contra los campesinos.
Sin embargo, casi nueve años después, los avances son parciales: miles de familias vinculadas a programas de sustitución siguen a la espera de apoyo estatal estable y la expansión de los cultivos refleja tanto la presión de las economías ilegales como el incumplimiento institucional. Para Washington, esta brecha entre lo pactado y lo implementado es parte de la evaluación que hace tambalear la certificación.
Las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz
El martes, el foco se trasladará a Bogotá, donde la JEP dará a conocer sus primeras sanciones propias en el Caso 01 de secuestro. Desde su creación en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz, este tribunal de justicia transicional ha avanzado en la investigación de macrocasos, ha escuchado a miles de víctimas y ha recogido reconocimientos de responsabilidad de excombatientes y militares. Sin embargo, hasta ahora no había llegado el momento crucial: definir las sanciones.
En contexto: Víctimas y ex-FARC sancionados por la JEP dan sus versiones frente a próximas sentencias
Lo que se conocerá en el caso de secuestro es el “debut” real- tanto dentro como fuera de Colombia- del modelo de sanciones del Acuerdo de Paz de 2016, diseñado para combinar verdad, reparación y restricción efectiva de libertades, sin recurrir necesariamente a la cárcel tradicional.
El secuestro fue uno de los crímenes más repudiados cometidos por las extintas FARC, y dejó huellas profundas en la memoria de las víctimas y de la sociedad colombiana. Decenas de excomandantes reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón, pero para las familias que vivieron esa violencia el valor de la justicia está en que esas confesiones se traduzcan en sanciones concretas. Las medidas que anunciará la JEP incluyen limitaciones a la movilidad y la vida cotidiana de los sancionados, acompañadas de trabajos restaurativos y compromisos de reparación directa con las comunidades.
La expectativa de cómo se apliquen dependerá buena parte de la credibilidad del tribunal, tanto para las víctimas como para la comunidad internacional que acompaña el proceso de paz.
En video: Todo lo que debe saber sobre las sanciones propias de la JEP
El jueves, apenas dos días después, la JEP volverá a ser protagonista con el anuncio de las sanciones en el subcaso La Popa, dentro del macrocaso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
En este capítulo se investiga a militares del Batallón La Popa, en el Cesar, responsables de asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate. Se trata de uno de los episodios más emblemáticos y dolorosos de este patrón criminal que marcó a la Fuerza Pública y sacudió la confianza de la sociedad en las instituciones militares.
En el pasado, la JEP ya había imputado a 28 exmilitares en la Costa Caribe, entre ellos generales, por más de 600 víctimas. Pero el caso de La Popa tiene un peso particular: simboliza la obligación del tribunal de juzgar no solo a los antiguos insurgentes, sino también a agentes del Estado.
Para las víctimas, las sanciones serán un termómetro de si la justicia transicional puede llegar con la misma contundencia a ambos lados del conflicto. Para el país, será la prueba de fuego de hasta dónde puede avanzar una jurisdicción que, a pesar de los cuestionamientos, está llamada a ser la columna vertebral del Acuerdo de Paz de 2016.
Así, en el transcurso de cinco días, Colombia enfrentará tres pruebas simultáneas. La primera, externa, con Estados Unidos, para definir si su estrategia antidrogas es vista como efectiva o como un fracaso que amerita sanciones diplomáticas y económicas.
La segunda, interna, con las víctimas del secuestro, que esperan que las sanciones de la JEP dignifiquen su sufrimiento y marquen un precedente histórico en la búsqueda de justicia restaurativa. La tercera, igualmente interna pero con un impacto político y simbólico enorme, con las familias de los jóvenes ejecutados en los falsos positivos, que aguardan decisiones firmes contra militares responsables de crímenes atroces.
Cada una de estas pruebas refleja una tensión distinta: la política de drogas, la justicia para los crímenes de las guerrillas y la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos.
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