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El ajuste a la asignación mensual que reciben los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 generó cuestionamientos por parte del componente Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). En un comunicado, sus miembros advirtieron que la medida podría desincentivar la formalización laboral de los excombatientes de las FARC y pidieron que el tema se discutiera en las instancias de seguimiento al pacto.
Hasta ahora, el subsidio lo recibían los firmantes en proceso de reincorporación que tuvieran ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Con la nueva decisión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el beneficio se mantendrá únicamente para quienes no tengan ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo, lo que implica, según esa agencia, una focalización del apoyo económico.
En entrevista con Colombia+20, Alejandra Miller, directora de la ARN, explica las razones detrás del ajuste.
¿Por qué la ARN decidió ajustar el alcance de la asignación mensual y qué cambió en el panorama presupuestal para tomar esa decisión?
La decisión se toma fundamentalmente por la situación fiscal del país. La Agencia tenía un recurso para la asignación mensual, pero también el incremento del salario mínimo –que hizo que subiera un 23 % y se convirtiera en un salario vital– hace que ese recurso que teníamos asignado para la totalidad de las personas se disminuyera. Hoy esa misma plata ya no alcanzaba sino para pagarle la renta básica hasta el mes de mayo.
Entonces, sobre esa base y haciendo cálculos, decidimos que lo mejor era garantizar que las personas que no tenían ningún ingreso pudieran sostenerse con el apoyo de la renta mensual hasta diciembre, y a las personas que están teniendo algún tipo de ingreso, pues ya no entregarles este mínimo vital. Además estamos hablando que una persona que se gana cinco salarios mínimos hoy es una persona que gana hasta COP 10 millones. No tiene ningún sentido que a una persona que se gana entre COP 6 y 10 millones, el estado además le otorgue COP 2 millones más. Estamos hablando del ingreso mensual más una asignación básica por alimentación que también damos y que suma casi COP 2 millones de mensuales por firmante.
Entonces, pues personas que ganan cinco, cuatro, tres salarios mínimos, que definitivamente son personas que no son sujetas de ningún tipo de subsidio dado justamente la vulnerabilidad que generaría hacia otros que no están ganando ningún ingreso. Es también una cuestión de equidad.
En promedio, ¿cuánto se destina al año para financiar esa asignación mensual y el apoyo alimentario?
Nosotros estamos trabajando dependiendo del número de personas que entran y salen, porque también eso pasa, más o menos entre COP 18.000 y 20.000 millones mensuales. Eso da casi COP 300,000 millones al año.
Comunes señaló que la decisión debería discutirse en la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI). ¿La ARN consultó esta medida con esa instancia o con el Consejo Nacional de Reincorporación?
En el Acuerdo de Paz en 2016 se firmó que se iba a entregar una asignación básica mensual por 24 meses a los firmantes de paz. Esta asignación básica se entregó y se terminó. Posteriormente, el gobierno siguiente decidió mantenerlo; ya no se llamaba renta básica, sino asignación mensual. Esa asignación mensual empezó a ser regulada por el gobierno. Por esa razón, no tiene que ir a la CSVI, porque lo que estaba en el Acuerdo de Paz ya se cumplió.
Esto es algo adicional que nunca pasó por la CSIVI. Es decir, cuando el gobierno siguiente decidió sostener el ingreso mensual no pasó a la CSIVI esa resolución en donde dice que además se le va a sostener a personas que ganen hasta cinco salarios mínimos. Por lo tanto, el ajuste de esa resolución no tiene que pasar por la CSIVI. Es una resolución del Gobierno Nacional que cuando se sacó no fue aprobada ni ajustada ni trabajada ni por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ni por la CSIVI.
Es un tema que le compete al gobierno porque es un tema de recursos. Es decir, el gobierno frente a la escasez de recursos, frente a la crisis fiscal, tenía que tomar decisiones. Lo que decidimos era tratar de afectar en lo menos posible a la gente y por eso el 80% de los firmantes van a continuar con la asignación mensual sin ningún inconveniente, con los COP 2 millones de pesos que se dan entre la asignación mensual y el apoyo alimentario que ya cumple 10 años además este año.
Este es un proyecto de resolución. ¿Cuál es el trámite que debe surtir para entrar en vigencia?
La resolución es de autonomía de las entidades y de las instituciones. Entonces, en la Agencia para la Reincorporación para trabajar nuestras decisiones de política pública o decisiones internas, sacamos resoluciones. Son actos administrativos internos de las entidades, que no pasan por Congreso.
Desde Comunes advierten que el ajuste podría incentivar la informalidad laboral, pues algunos firmantes preferirían no formalizar ingresos para mantener el subsidio. ¿Usted cree que eso es así? ¿Comparte esa preocupación?
Hay varias cosas que no necesariamente desincentivan. Por ejemplo, los firmantes no van a ganar un salario mínimo vital completo, sino el 90 %. Entonces el subsidio es menos de lo que sería un salario mínimo vital. Esto solamente en el caso de las 400 personas que ganan un salario mínimo, porque las 1900 ganan por encima de tres salraios. Entonces, ya tampoco habría un incentivo.
Además, en el trabajo están adquiriendo experiencia laboral, que un subsidio no se lo permite. La experiencia es fundamental para la vida laboral.
Y en tercer lugar, por las condiciones de la formalidad y del trabajo formal en términos de aportes al régimen contributivo de seguridad en salud, pensión, etcétera, que no se las da un subsidio. Eso tampoco tampoco es un incentivo para que la gente se salga del trabajo.
Estamos cerca de que se cumplan los 10 años del Acuerdo de Paz. ¿Cree que en el comunicado de Comunes queda la sensación de que con el ajuste al subsidio se está incumpliendo de alguna forma a ese pacto?
No. Este gobierno es el que más avanzó en la reincorporación. Nosotros pasamos 800 hectáreas de tierra que se entregaron en los dos gobiernos anteriores a 19.000 que ha entregado este gobierno para los proyectos productivos. Hemos invertido más de COP 80.000 millones en la sostenibilidad de los proyectos productivos colectivos de los firmantes.
Y además, vamos a pasar de cero viviendas que entregaron los gobiernos anteriores a 1.500 viviendas que este gobierno va a dejar entre construidas y entregadas y en proceso de ejecución.
A eso se le suma que cumplimos con la construcción de un plan de reincorporación integral para los firmantes de manera participativa y el sistema nacional de reincorporación. Es decir, nunca antes la reincorporación avanzó tanto como ahora. Entonces, no podemos decir que porque la asignación mensual se le debe retirar a personas que ya están ganando un ingreso, que ya tienen un ingreso, entonces se borra absolutamente todo lo que la reincorporación ha avanzado y sigue avanzando.
Yo entiendo que pues obviamente si alguien ganaba COP 5 millones, pues era mejor 7 que 5 y eso molesta, obviamente. Pero eso no borra para nada los avances que este gobierno ha hecho en la reincorporación, en tierras, en vivienda, en proyectos productivos. Podemos mostrar con indicadores, con datos, cuáles han sido los beneficiados.
Entonces, a mí sí me parece que sí es muy inequitativo y muy injusto que personas que ya tienen ingresos tengan que tener subsidios adicionales. Si no tomábamos esa decisión, lo que iba a pasar es que todo el mundo se nos iba a quedar sin este pedacito. La reincorporación es mucho más que ingreso mensual: es tierra, es vivienda, son proyectos productivos, es acompañamiento psicosocial, es el fondo del ICETEX para que ellos y sus hijos puedan estudiar en la educación superior.
Después de que se conoció el comunicado de Comunes, ¿la ARN ha sostenido alguna conversación con ellos?
Desde antes, desde mucho antes, yo tenía una conversación fluida con los delegados del componente Comunes al CNR. Desde el día mismo que se colgó la resolución hace más de 10 días yo les informé la situación.
Yo creo que en ese momento, por supuesto, hubo una comprensión de la situación por saber que el 80 % podía quedar efectivamente sin nada si manteníamos esta circunstancia.
Pero bueno, me imagino que posteriormente ya cuando la gente se molesta, pues creo que la actitud cambia, pero yo he tenido una conversación fluida permanentemente con los integrantes del componente Comunes para informarles de la decisión que tuvimos que tomar.
¿Esperan volver a conversar con el componente Comunes tras la publicación del comunicado? ¿Qué puntos considera fundamentales aclarar?
Yo esperaría poder volver a conversar y siempre con el mayor ánimo de de conversación, pero pues no puede ser otra la decisión.
Hay unos elementos en los que quiero hacer énfasis. Uno, no se está violando el Acuerdo por ninguna parte con esta decisión. Dos, esta es una decisión autónoma de la entidad. Tercero, el 80 % de los firmantes del Acuerdo de Paz que no reciben ingresos van a sostener la posibilidad de mantener estos ingresos.
Cuarto, eso no desincentiva el trabajo formal porque definitivamente un subsidio tiene muchos menos beneficios que un trabajo formal en términos de acceso a la salud, en términos de la garantía de la experiencia laboral y aún en términos del ingreso mismo, que es mayor que el 90 % del salario mínimo que es lo que se otorga con el subsidio.
Otro punto es que a veces circulan temas como que el presupuesto de la ARN se vio disminuido porque la ARN empezó a utilizar esos recursos para la paz total. Eso es absolutamente falso. La ARN no ha invertido un solo peso del presupuesto institucional en los procesos que se adelantan en el marco de la paz total. Eso no es verdad. Pero, bueno, se van generando todas esas narrativas que no contribuyen.
Y una cosa que me parece importante –cierro– es que también la resolución lo que plantea es que aquellas personas que pierdan su trabajo formal por alguna razón pueden solicitar el apoyo de la renta básica en el momento en que esa circunstancia suceda.
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