La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, se pronunció sobre las declaraciones que este domingo dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro.
En su cuenta en la red Truth Social, Trump llamó a Petro como un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de droga” y anunció recortes de ayuda para Colombia. “Cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizará a Colombia”, dijo.
De acuerdo con Cuartas, la situación trasciende una posible pérdida económica y representa, más bien, una “acción sistemática del gobierno de los Estados Unidos contra América Latina y el Caribe”.
“Seguramente, el Acuerdo de Paz tiene afectaciones, pero hoy el problema es preferible retardarnos más tiempo en cumplir el Acuerdo, que seguir dependiendo en este gobierno del presidente Trump, de la intromisión, el sometimiento y la humillación que le hace al pueblo colombiano, y no es tolerable el irrespeto con el presidente Gustavo Petro”, expresó Cuartas.
La funcionaria advirtió que las amenazas de Trump deben ser leídas como parte de una política de agresión que, según dijo, busca mantener un control económico, político y militar sobre la región. Cuartas llamó a “avanzar hacia una política clara de legalización de la droga” y a fortalecer la autonomía latinoamericana frente a la influencia estadounidense.
En su declaración, también pidió investigar el papel que han cumplido las bases militares de Estados Unidos en Colombia desde el año 2000 y promover una agenda tecnológica y de seguridad propia en la región. “Lo que está haciendo Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, contra América Latina y contra Colombia es un crimen contra la paz”, afirmó.
Las declaraciones de Cuartas se producen en medio de una nueva tensión diplomática tras los señalamientos de Trump y la confirmación del Departamento de Defensa de EE. UU. de que sus fuerzas abatieron a tres presuntos narcotraficantes en el Caribe, a quienes vinculó con el ELN, lo que ha encendido alertas sobre una posible reactivación del enfoque militarista en la relación bilateral.
Pero el efecto más profundo podría sentirse en la implementación del Acuerdo de Paz y, particularmente, en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), uno de los pilares de la paz firmada con las FARC en 2016. Estados Unidos ha sido el principal financiador externo de ese programa a través de USAID -que ya no existe-, con aportes que superan los 60 millones de dólares anuales destinados a proyectos productivos, asistencia técnica y fortalecimiento comunitario en zonas rurales.
Además, los recortes podrían afectar iniciativas de desarrollo rural, desminado humanitario, justicia transicional y participación política que cuentan con respaldo financiero de Washington.
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