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Tras el ultimátum que le dio la Corte Constitucional a la Unidad de Víctimas por las fallas en loa giros humanitarios a la población desplazada, esa entidad reportó en un comunicado “avances” en esas entregas.
“Gracias a la habilitación de más de 21.900 puntos en todo el país, se ha alcanzado una cobertura del 94% del territorio nacional. De acuerdo con cifras oficiales, ya se han realizado más de 51 mil giros de ayuda humanitaria en 25 departamentos, beneficiando a víctimas que han sido previamente incluidas en las rutas de atención”, dice el comunicado.
Según sus cifras, esto representa una cobertura del 94 % del territorio nacional y hace parte de la estrategia para fortalecer la atención inmediata y la estabilización socioeconómica de las víctimas.
El reporte oficial subraya que el incremento en los giros permite a miles de hogares acceder a recursos básicos para su subsistencia y contribuye a procesos de reparación integral e inclusión social. Además, la Unidad señaló que trabaja de la mano del operador 4-72 para alcanzar una cobertura total.
“Estamos trabajando para que la ayuda llegue de manera oportuna y segura”, afirmó Karol Ortigoza, subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria, quien también hizo un llamado a las víctimas a evitar intermediarios y acudir únicamente a canales oficiales.
La Corte Constitucional emitió un plazo de cinco días a la Unidad tras identificar fallas persistentes en la entrega de ayudas humanitarias a víctimas de desplazamiento forzado, una población que tiene protección reforzada por su condición de vulnerabilidad.
Según el auto que dio a conocer Colombia+20 el miércoles, el alto tribunal advirtió sobre retrasos en los giros, barreras administrativas y dificultades en el acceso efectivo a las ayudas, pese a que estas constituyen un componente esencial del derecho a la asistencia humanitaria.
El plazo de cinco días también cobija al Ministerio de Hacienda que debe responder en el mismo plazo si existen problemas de recursos o de flujo de caja detrás de la crisis.
En el auto, la Corte advierte que desde enero de 2026 no se habrían garantizado los giros en el país y se afirma que la propia Unidad de Víctimas reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado.
El dato más crítico refleja la dimensión de la falla. Según la Unidad, de cerca de 1.100 puntos de pago previstos, apenas 41 estaban en funcionamiento.
“(La Unidad de Víctimas) reconoció inconvenientes nacionales en la entrega de giros de atención humanitaria por incumplimientos del operador contratado. La Unidad también indicó que desde enero de 2026, no se habían garantizado esos giros en el territorio nacional y que solo estaban en funcionamiento 41 puntos de entre aproximadamente 1.100 que deberían estar disponibles para su dispersión. En ese contexto, la Sala estima necesario requerir información detallada y actualizada que permita establecer el alcance de esas fallas, sus causas y las medidas adoptadas para superarla”, dice el auto.
La Unidad aclaró que el balance presentado no constituye una respuesta formal al requerimiento de la Corte, sino que corresponde a la información operativa disponible sobre el proceso de giros en curso.
El pulso entre la Corte y la Unidad reabre una discusión de fondo sobre la capacidad institucional para responder a una de las crisis humanitarias más prolongadas del país. Mientras la entidad reporta avances operativos, el control judicial mantiene la presión sobre los errores en la entrega de giros a los desplazados.
La Unidad de Victimas tiene varias polémicas sobre el uso de los recursos. Este diario ha presentado varias investigaciones sobre presuntas presiones políticas que coincidían con un aumento inusual de contratos en la Unidad de Víctimas que se estarían financiando con recursos de la reparación a las víctimas.
Este es el comunicado de la Unidad de Víctimas:
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