Un juez de control de garantías legalizó la captura de dos policías de Cali que son acusados de presuntamente exigir COP 5 millones a un ciudadano para evitar hacer efectiva una orden de captura. Ambos fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.
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Los acusados son el subintendente Cristian Fernando Mosquera y la patrullera Diana Marcela Castro, quienes fueron capturados el pasado 10 de septiembre en la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de la capital vallecaucana. La Fiscalía les imputó los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.
La presunta exigencia de dinero
Según la investigación de la Fiscalía, los dos uniformados habrían intimidado a un ciudadano con hacer efectiva una orden de captura relacionada con una investigación por el delito de receptación.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, los policías habrían condicionado la actuación policial al pago de COP 5 millones, con el propósito de no ejecutar el procedimiento de captura. La Fiscalía sostiene que los hechos estarían relacionados con un presunto aprovechamiento de las funciones de los uniformados para obtener el dinero.
Además, según la Fiscalía, los policías habrían falsificado documentos oficiales en los que se registró una versión diferente sobre el vehículo relacionado con la investigación.
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En esos documentos, presuntamente se consignó que el automotor había sido encontrado abandonado. Sin embargo, el vehículo había sido retenido previamente, el 3 de mayo de 2025, según los elementos expuestos durante el proceso. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cali imputó a Mosquera Rentería y Castro Reina por falsedad ideológica en documento público.
Captura en la estación Los Mangos
La investigación avanzó con labores de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), que permitieron reunir elementos y realizar la captura de los dos uniformados en la estación de Policía Los Mangos, en Cali.
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Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos recopilados y formuló la imputación. Posteriormente, el juez de control de garantías ordenó que ambos permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.