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5 Aug 2022 - 2:00 a. m.

El muro de la discordia en el mercado de Bazurto, en Cartagena

Por lo menos 34 vendedores están expuestos a un riesgo inminente por la potencial caída de un muro. Pese a la alerta, los afectados se niegan a facilitar la reparación de la estructura ante el temor de ser desalojados y debido a la ausencia de garantías para ser reubicados; por lo que piden una compensación económica. La Procuraduría interviene.
Carlos E. Díaz R.

Carlos E. Díaz R.

Periodista sección Colombia
La administración municipal alista una resolución para efectuar el desalojo de los comerciantes.
La administración municipal alista una resolución para efectuar el desalojo de los comerciantes.
Foto: Alcaldía de Cartagena

“Esta gente no es mayorista, son trabajadores del día a día y casi todos prestan plata a diario. Reciben el pescado en la mañana y les pagan en el día. No son personas pudientes. Son familias que incluso tienen viviendas arrendadas. Eso sin contar las afectaciones de la pandemia”, contó a El Espectador Jhon Jairo Guiral, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Bazurto (Acomibaz), sobre los 34 vendedores de la plaza de mercado que están expuestos a un posible desplome del muro que colinda con la zona de venta de pescado y carne.

Desde hace 44 años, el Bazurto ha sido un sitio emblemático que recibe a cientos de turistas al día, además de consolidarse como una de las plazas preferidas de los cartageneros para realizar sus compras. Datos de la Alcaldía estiman que hay al menos 1.622 vendedores en el mercado y, según organizaciones de comerciantes, generan cerca de 10 mil empleos directos y hasta 22 mil trabajos indirectos. “Nosotros no nos manejamos como locales, sino como una empresa familiar. Con ella hemos podido sacar a nuestros hijos adelante, aquí generamos empleo”, aseguró Jairo Barrera, representante legal de la Asociación de Vendedores Estacionarios del Bazurto (Asovenesbaz).

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En octubre del año pasado, la Oficina Asesora para Gestión del Riesgo de Desastres alertó sobre el estado de la estructura ubicada en el sector del cobertizo y manifestó la necesidad de suscribir un contrato para prevenir una tragedia. Así, en noviembre de 2021, la empresa Edurbe S.A. quedó encargada de intervenir 530 metros cuadrados de fachada y 45 metros lineales de muro; obras de hasta $684 millones que no han podido iniciar por la negativa de los comerciantes. Ahora, la Procuraduría le ordenó a la administración municipal que adopte medidas urgentes, por lo que está contemplando un desalojo.

“Ellos se oponen, gritan, se ponen groseros, y hasta nos han amenazado con cuchillo. Nos dicen que nos larguemos y que prefieren que se les caiga el muro encima”, manifestó Diana Martínez, asesora de la Oficina de Mercados Públicos de la Alcaldía de Cartagena. A su vez, señaló que a las personas que están en riesgo se les ha ofrecido alternativas como la reubicación durante tres meses en un parque cercano al de Los Luceros, además de disponer 12 locales para ellos en el mercado Santa Rita. Unas propuestas que no han caído muy bien entre los vendedores.

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“Los traslados hacia Santa Rita han sido un fracaso. La experiencia con compañeros que están allá es que están quebrados, y eso que les dieron indemnización”, expresó Guiral, y agregó que el transporte se dificultaría mucho, pues pasarían de necesitar dos buses a requerir cuatro. Con respecto a la opción del parque Los Luceros, recordó que hay una acción popular de la JAC del barrio Martínez Martelo, por la contaminación del Bazurto, la cual les impediría trabajar cómodamente. “Como estas personas venden pescado, lo que tendrán es rechazo en ese lugar”, sostuvo el comerciante, quien indicó que la única solución viable es una compensación económica.

Una perspectiva similar plantea Lucy Sossa, lideresa de la Unión General de Trabajadores Independientes de la Economía Informal (UGTI) del Bazurto. “Santa Rita era un mercado que estaba acreditado, pero como se demoraron bastante en su remodelación, hoy en día tiene ventas muy bajas a comparación del Bazurto. Muchas personas que se han ido allá han terminado en la ruina”, dijo.

Entretanto, la asesora Martínez aseguró que, aunque reconocen que no es lo mismo vender en el Bazurto que hacerlo en otro lugar, la prioridad tiene que ser salvar vidas, por lo que las obras se llevarán a cabo, así se tenga que desalojar a estas personas. “Nosotros pasamos el reporte a la oficina jurídica de la Alcaldía. En estos momentos se están evaluando medidas coercitivas para despejar la zona y proteger a los comerciantes”, acotó, pero tampoco descartó una posible compensación económica a los vendedores. En la misma línea, recalcó que el riesgo al que están expuestos es inminente ya que las grietas son cada vez más grandes y se están moviendo las placas que sostienen el cobertizo.

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La Oficina de Mercados Públicos de la Alcaldía de Cartagena espera que, en los próximos días, esté listo el acto administrativo que permita efectuar el desalojo.

Ante esto, el líder comerciante Jhon Jairo Guiral comentó: “las organizaciones no han entrado a dialogar porque quisimos que ellos mismos hablen. Nosotros no hemos servido como intermediarios, pero cuando hablan de desalojo y de desconocimiento de derechos, entramos en acción. Haremos oposición a esta medida”.

Crece la desconfianza

En los últimos días, comerciantes del mercado Bazurto han realizado una convocatoria para no firmar ningún contrato con la administración municipal hasta nueva orden. Esta polémica tiene que ver con los costos de uso de los locales que, según los vendedores, se estaría cobrando por partida doble. “Aquí hay dos administraciones, una que es nombrada legalmente y otra que es la que cobra con documentación de la Alcaldía”, señaló Barrera, quien también planteó que ese cobro está por fuera del alcance de la mayoría de trabajadores.

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Por otro lado, la asesora Martínez negó que se estuviera cobrando dos veces. “El pago es mensual y nosotros tenemos que caracterizarlos porque el mercado ha crecido”, apuntó, a la vez que reconoció que antes se cobraba de manera manual y que solo desde el 2019 dispusieron una cuenta de la Secretaría de Hacienda para el recaudo. Finalmente, contó que están revisando de qué manera se puede concretar una exoneración de los pagos a los comerciantes, ya que no hay documentos ni una caracterización final sobre quiénes son las personas que están en el Bazurto. “Lo que queremos es formalizarlos”, concluyó Martínez.

Carlos E. Díaz R.

Por Carlos E. Díaz R.

Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana. Amante de la cultura y del análisis de la política nacional e internacional. Principales intereses: resolución de conflictos, saberes comunitarios, política pública y cultura Hip Hop. Apasionado por la literatura sobre populismo, movimientos sociales e investigación de medios.@carlosdiazr4cediaz@elespectador.com
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