Después de la denuncia conocida el 14 de octubre, sobre el presunto abuso sexual de tres menores de edad en un hogar comunitario de Pereira, la entidad decidió cerrar el establecimiento de forma definitiva. Así lo reveló Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a RCN Radio.
Según los familiares de las niñas, el responsable sería el hijo de la cuidadora del recinto. En cada hogar, el ICBF debe velar por la atención y protección de un máximo de 14 niños y niñas que tengan entre seis meses y cinco años de edad.
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“En ese caso de Pereira, vuelve y juega ese 85% de casos que son de abuso sexual contra las niñas. Nosotros cerramos el hogar comunitario, los niños y niñas que asistían, que son 14, fueron reubicados y las tres niñas que habrían sido víctimas de abuso sexual están bajo protección del Instituto, haciendo todo el esquema para poder restablecer sus derechos”, aseguró Arbeláez.
Desde que se conoció la denuncia, la dirección del ICBF trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que iniciara la investigación penal. “Situaciones como esta, que comprometen a niños y niñas bajo el cuidado de unidades de servicio del Instituto, obligan a tomar las medidas contempladas en los lineamientos técnicos, con el fin de garantizar el bienestar de todos los niños y niñas beneficiarios”, afirmó en su momento Claudia Patricia Serna Gallego, directora regional del ICBF en Risaralda.
El pasado 14 de septiembre, la entidad anunció la activación del equipo ‘Guardián de la Niñez’, dispuesto para vigilar, controlar y prevenir casos de vulneración de derechos en recintos del ICBF en todo el país. Opera a partir de “visitas aleatorias a todos los centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios, hogares infantiles y hogares de protección, para revisar cualquier presunto caso y activar el código púrpura que garantiza, no solo que los agresores respondan ante la ley, sino proteger a los niños y niñas”, agregó Arbeláez.
Cuando el hecho llegó a la opinión pública, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, dijo a El Espectador que el ICBF no está exento de una investigación administrativa y disciplinaria, pues es la entidad encargada de coordinar este tipo de programas. “Precisamente por ello determinó el cierre del hogar comunitario”, añadió. La Procuraduría General de la Nación ya está a cargo de la investigación y establecerá si existe o no responsabilidad por parte de servidores públicos que trabajan en la vigilancia y el control de estos lugares.
La personera también se refirió a antecedentes de este tipo de casos en Pereira. Aseguró que se han presentado hechos puntuales de vulneración de Derechos Humanos en hogares de atención a adolescentes, pero no en los de atención a la primera infancia.
Los cuidadores de los hogares comunitarios también están a cargo de niños y niñas de entre tres y seis meses que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que no cuenten con red de apoyo. Los recintos solo permiten atender a máximo dos niños y niñas de entre seis y 18 meses. “En el caso en el que se atienda un niño con discapacidad, se atenderá un niño o niña en el rango de edad de seis (6) meses a dieciocho (18) meses”, señaló la entidad.