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Dos adolescentes de 17 años fueron vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por el asesinato de un comerciante de calzado en el Centro Comercial San Andresito La Isla, en Bucaramanga. Un juez les impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado mientras avanza el proceso en su contra.
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El ataque se produjo hacia las 2:15 p.m. del 26 de octubre de 2026 en uno de los locales del establecimiento, cuando la víctima atendía su negocio. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía General de la Nación, uno de los jóvenes ingresó al local y disparó un arma de fuego en varias oportunidades contra el comerciante de 33 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde murió por la gravedad de las lesiones.
El segundo adolescente esperaba afuera del centro comercial en una motocicleta en la qu ehuyeron. Con las descripciones de los testigos, la Policía Metropolitana activó un plan candado que llevó al cierre de varias vías del sector y al hallazgo de los dos jóvenes pocos minutos después, en inmediaciones de la diagonal 15 con calle 61: "una rápida reacción permitió la aprehensión de dos adolescentes", señaló el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
En el procedimiento, los policías incautaron un revólver, seis balas, un teléfono celular y la motocicleta empleada para escapar. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, cargos que los dos menores aceptaron durante la audiencia.
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El uso de niños y adolescentes por parte de estructuras criminales preocupa a las autoridades en Santander: en el último año se registraron 281 casos de instrumentalización de menores en Bucaramanga, y los jóvenes de 17 años son el grupo más captado, con cerca del 35 % de los registros. Los hombres representan el 88 % de los casos documentados. Entre las modalidades en que son utilizados los menores aparecen los homicidios por encargo, el microtráfico y la extorsión, además de labores de vigilancia y de cobro para las organizaciones delictivas.
El Código Penal contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para los adultos que utilicen a menores de edad en la comisión de delitos. Sin embargo, las autoridades no han informado si en este caso existe una investigación paralela para establecer quién habría ordenado el ataque.