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La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denunció que su presidenta, la secretaria y tres voceras municipales recibieron amenazas por su trabajo en los territorios. Las cinco están haciendo un acompañamiento en la reubicación y protección de otras 46 mujeres que han recibido estos mismos mensajes en la subregión del Catatumbo.
Esta asociación nació en mayo de 2019 como resultado de una unión de varias mujeres del Catatumbo. Cansadas de las pérdidas humanas y materiales que deja la guerra, decidieron organizarse para lucha por la paz y el respeto por los derechos humanos. Esta subregión de Norte de Santander ha sido históricamente afectada por el conflicto armado en Colombia y desde la salida de las exguerrilla de las Farc, la violencia se ha recrudecido por el conflicto entre grupos armados.
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“Nuevamente nos encontramos en la ardua labor de defender la vida de la mujeres catatumberas que están amenazadas. Nos despertamos con el miedo y la incertidumbre de qué pasará con nuestras vidas, pero reconociendo que el silencio no es una opción. Desde que asumimos la decisión de trabajar por la defensa de los derechos humanos y de juntarnos como asociación, hemos buscado las formas de hacer frente a los riesgos que se ciernen contra las mujeres y su familia”, aseguró la asociación.
Las lideresas aseguran que son conscientes de la intención de los grupos armados por callar y cegar el trabajo y la vida de las personas que luchan por sus territorios. Sin embargo, aseguran que a partir de juntarse en estos procesos podrán salvar muchas vidas.
Uno de los puntos críticos, y de donde es oriunda la asociación, es Tibú. La Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 050-20 emitida el 26 de noviembre de 2020 aseguró que debido al conflicto entre el Ejército Nacional de Liberación (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), en alianza con Los Rastrojos, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, entre otros son los que mayor riesgo corren.
Además de los tres grupos armados ya mencionados, en la zona también hay presencia de la disidencia del Frente 33 de la exguerrila de las Farc desde 2018. Esto ha hecho que le conflicto armado se recrudezca y haya más amenazas en contra de la población.
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Este mismo escenario se recrea en otros municipios del Catatumbo. La posición geográfica de esta subregión la hace una zona clave para la estructuras ilegales y que dependen del narcotráfico. Al ser una zona fronteriza, estos grupos utilizan los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela para mover la droga que producen en Colombia, según la Defensoría.
“la Defensoría del Pueblo ha documentado diversos tipos de agresiones contra defensoras y defensores, hechos que se han concretado en desplazamientos forzados, amenazas, intimidaciones, entre otros; configurando un obstáculo para el ejercicio de su tarea en beneficio de las comunidades de Tibú”, asegura la entidad.