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Ni la llegada del COVID-19 ni el consecuente aislamiento preventivo obligatorio frenaron el desplazamiento forzado y el confinamiento en Colombia. Los cálculos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) arrojan que 18.393 personas fueron obligadas a salir de su territorio en lo corrido de 2020. Y esa es solo una arista del fenómeno. La cifra de confinamiento reporta 61.544 personas afectadas. “Como nunca, preocupa el aumento (228 %) del número de personas confinadas este año, ante el control social, las amenazas y el accionar de grupos armados”, señala la Ocha.
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Se trata de un fenómeno que si bien se venía agudizando desde los primeros meses del año, terminó exacerbándose en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria de la pandemia. En Nariño, por ejemplo, más de 3 mil habitantes del consejo comunitario Unión Río Chagüí, zona rural de San Andrés de Tumaco, tuvieron que salir de su territorio en enero a raíz de los enfrentamientos entre el frente Óliver Sinisterra, el bloque Occidental Comandante Alfonso Cano y la estructura delincuencial de origen paramilitar los Contadores.
Los cálculos de la Ocha arrojan que este es el municipio más afectado por el desplazamiento forzado en 2020. Esto sin dejar de lado a departamentos como Chocó, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, que también se encuentran entre los más golpeados. Nariño, sin embargo, encabeza la lista con 8.441 desplazados en el año.
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“Nos preocupa el impacto de las dinámicas de violencia actuales en la protección de las comunidades afectadas que generan necesidades humanitarias y, en particular, el impacto desproporcionado que está teniendo en mujeres (más de 17.300), niños y niñas (más de 19.300), así como en comunidades étnicas como afrocolombianos (más de 18.800) e indígenas (más de 21.100) en solo emergencias por desplazamientos y confinamientos en lo que va de año”, aseguró la Oficina a El Espectador al insistir en que hay un problema de subregistro y rezago de información y las cifras son una visión parcial.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos -entidad que analiza los casos de desplazamiento interno del mundo-, a corte del 31 de diciembre de 2019, Colombia era el segundo país en el mundo, después de Siria, con la mayor cantidad de personas desplazadas internas a raíz del conflicto y la violencia: las cifras de la organización arrojan que hasta esa fecha 5’576.000 colombianos habían sido desplazados de manera forzosa.
La situación no mejora si se analizan las cifras estatales. Datos de la Unidad de Víctimas, con corte a 31 de julio de 2020, señalan que en el país 8’062.515 personas fueron desplazadas de manera forzada, siendo este el hecho victimizante más recurrente; le siguen el homicidio -1’047.352 de personas asesinadas- y las amenazas, con 505.169 casos.
¿Aumentó la violencia en la pandemia?
“El número de líderes asesinados, de masacres y de casos de desplazamiento forzado se incrementó en la pandemia. Es más fácil para los violentos agredir a los defensores de derechos humanos porque están en sus casas”, explica Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos de Indepaz. Además asevera que los grupos armados están al servicio del narcotráfico o del oro ilegal, y no les basta con tener el control sobre los corredores estratégicos. “Quieren apoderarse del control social, por eso la gran mayoría de los asesinatos son en contra de líderes que forman parte de las juntas de acción comunal”, dice.
De igual manera, advierte que no hay que limitarse a pensar que el fenómeno de la violencia se debe solamente al interés de controlar las rutas del narcotráfico. “La gran pregunta es cuáles son los intereses económicos y qué hay detrás de estos grupos armados”.
La Defensoría del Pueblo también ha denunciado varias veces sobre la situación de riesgo que afrontan las comunidades por el accionar de grupos armados, sobre todo en momentos en que las medidas de aislamiento y cuarentena crearon un escenario de riesgo mucho más profundo en municipios en los que las restricciones de movilidad son impuestas por los ilegales. Entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 2020, la entidad registró 72 hechos que pusieron en riesgo a las comunidades y que en su mayoría fueron perpetrados por disidencias de las Farc, el Eln y estructuras sucesoras del paramilitarismo.
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“Las medidas de aislamiento han limitado no solo el acceso a las comunidades, sino también a tener información sobre otros posibles hechos. Asimismo, invisibilizan otros impactos como reclutamiento de menores, violencia sexual y otras violaciones, que no son denunciados por miedo a represalias”, insiste la Ocha.