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El reconocimiento facial ya es parte de nuestras vidas. En los aeropuertos ya se han implementado procedimientos que facilitan el trámite en migración, mientras que los celulares inteligentes cuentan con sistemas que permiten el reconocimiento del usuario hasta con tapabocas. En seguridad, su uso se ha planteado tanto en calles como estadios, pero hacerlo realidad ha tenido un costo amplio para las ciudades que están en el proceso.
Recientemente, el alcalde de Bucaramanga anunció que la ciudad comprará 20 cámaras de reconocimiento facial para enfrentar la inseguridad que ha aumentado en los últimos meses, con el fin de identificar a quienes tengan deudas con la justicia. A la par, en Pereira se compraron 200 cámaras para “asociar los rasgos físicos de cada persona” y de esta forma facilitar la captura de los más buscados y hallar en flagrancia a los delincuentes, mientras que al Atlántico han llegado drones, como los que se han utilizado en Medellín.
Pero, su uso va más allá de la compra de los aparatos electrónicos. En Bogotá, se adquirieron, durante la administración de Gustavo Petro, 24 cámaras de reconocimiento facial que se instalaron en estaciones críticas de Transmilenio y que le costaron a la ciudad cerca de $11.000 millones ($4.000 millones más de lo que se tenía contemplado en un principio), pero después de muchos intentos, estas no pudieron operar como se tenía previsto, debido a que la ciudad no contaba con la base de datos que permitiera contrastar la información y tener los datos de los delincuentes.
En algunas ciudades como Medellín, la Policía ha empleado drones así como cámaras de reconocimiento facial en los helicópteros halcón en medio de manifestaciones y casos particulares, partiendo de bases de datos de personas con investigaciones criminales, por lo que en las revisiones se lanzan alertas sobre las personas que han tenido algún antecedente o deuda con la justicia. Sin embargo, no todo ha sido fácil, ya que la capital antioqueña también buscaba avanzar en la identificación biométrica a través de un sistema denominado Robocop, suspendió su compra debido a una investigación que abrió la Personería local por irregularidades en su adquisición.
Lea: Las dudas con Robocop, el primer policía robot de Medellín
Para Andrés Nieto, experto en seguridad, hay varias cosas que plantearse frente al uso de esta tecnología en temas de seguridad, pues si bien, en ciudades como Londres, donde hay un mayor número de estas cámaras, se cuenta con la inteligencia de reconocimiento como con la respuesta en tiempo real, en países como Colombia uno de los principales retos tiene que ver con la ley de Habeas Data y el personal que se habilite para trabajar con estas tecnologías.
“Hay que solucionar no solo el tema de la normativa, porque nadie puede manejar los datos biométricos de una persona sin su autorización, a excepción de la Registraduría, pero también hay que ver que ante la imposibilidad de comprar la tecnología que permita hacer la identificación de forma autónoma, se necesita personas que lo hagan de forma manual y es un problema por la cantidad de datos que estas cámaras manejas. Prácticamente, tendríamos que poner a toda la Policía a eso y ya de por sí tenemos un déficit de 35% de uniformados”, indicó Nieto.
En la región, países como Chile y Uruguay han avanzado en el acceso a las bases de datos al darles un manejo especial para seguridad y crimen, pero de acuerdo con un estudio realizado por Flacso, por cada 1.000 cámaras instaladas en estos países, solo se solucionan 10 casos en el momento. En cambio, la tecnología es mucho más útil en procesos de judicialización, ya que como menciona Nieto, en la región hay dificultades en la reacción inmediata, debido al déficit de uniformados.
“El problema ha sido de mercadeo, al intentar vender lo menos viable, pero, por ejemplo, en el C4 de Bogotá, además de la videovigilancia, se ha logrado avanzar en la entrega de botones de alerta que permiten tener la ubicación inmediata, así como se han fortalecido los sistemas con lo que se ha reducido los tiempos de atención en la línea de emergencias hasta en dos minutos”, señaló Nieto.
De acuerdo con Ómar Oróstegui es mucho más barato comprar cámaras de videovigilancia o bodycam para los policías, porque desde un comienzo, con los problemas de acceso, ya se configura un detrimento. “Compran el juguete y no saben como usarlo. No piensan en las bases de datos ni en los centros de logística para almacenar los datos, que tiene costos altísimos”.
Sumado a esto considera que se debe medir el impacto en la seguridad. “Las cámaras ni siquiera son disuasorias, lo que si dan son evidencia para procesos judiciales, pero deben servir, estar interconectadas, garantizar su funcionamiento y una buena ubicación”.
Por ahora se espera que avance la compra de las cámaras en ciudades como Bucaramanga, mientras que en otras como Pereira, se esperan los resultados de su implementación, en especial en el uso de datos, pues, aunque ciudades como Londres tienen casos exitosos, en Colombia aun falta por definir varios cuestionamientos que más allá de la seguridad están relacionados con el acceso ético a la información biométrica de los ciudadanos.