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Se habilitó el paso por la vía Tuluá - Andalucía, que el pasado martes 30 de junio había sido bloqueada por integrantes de Frenacol, la Guardia Cimarrona y varios consejos comunitarios, quienes exigían el cumplimiento de acuerdos hechos con el Gobierno Nacional relacionados con el acceso a la tierra, la consulta previa y la protección de líderes sociales.
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La movilización, convocada por el Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol), la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos y varios Consejos Comunitarios, fue levantada luego de que se instaló una mesa con representantes del Gobierno Nacional y departamental, en la que se establecieron nuevos encuentros para revisar el cumplimiento de los acuerdos.
La concesión Proyectos de Infraestructura S.A.S. (PISA), encargada del corredor, confirmó que fue completamente cerrada la vía, lo que generó graves traumatismos en la movilidad por el centro del Valle del Cauca.
Las denuncias
Las organizaciones aseguraron que la protesta fue una “Toma Ancestral Pacífica”, debido a que “no se cumplieran los compromisos adquiridos durante diferentes mesas de concertación con entidades del Gobierno Nacional”.
“Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”, señalaron en un comunicado conjunto.
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Los voceros indicaron que durante meses participaron en espacios de diálogo donde se pactaron acciones relacionadas con la adjudicación de tierras, la protección de líderes y lideresas, el respeto al derecho de consulta previa y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios. Sin embargo, sostienen que esos compromisos no se materializaron.
¿Qué exigen las comunidades?
Entre las principales solicitudes planteadas por los manifestantes están:
- El cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos con las comunidades negras.
- Garantías para el acceso y la adjudicación de tierras.
- El respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada.
- Medidas de protección para líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
- El fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y acciones de reparación histórica.
- La presencia de funcionarios del Gobierno con capacidad de tomar decisiones.
Los manifestantes también expresaron su inconformidad con la gestión de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior.
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El secretario de Asuntos Étnicos del Valle, Óscar Lenis, explicó que se programaron dos reuniones este miércoles en Bogotá, con el Ministerio del Interior y la ANT, donde se revisarán los avances en los acuerdos. La segunda será el jueves en el Valle del Cauca, con otras entidades nacionales.