¿Quiénes están detrás del negocio energético en el Caribe?

Los más de 2,5 millones de usuarios que tuvo Electricaribe por más de 22 años en la región Caribe están a la expectativa de lo que será la llegada de los nuevos operadores. El primero de ellos es Caribe Mar, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y el segundo es Caribe Sol, bajo el mando de Energía de Pereira y Latin American Capital Corporation. Desde el 1° de octubre, ambas tomarán las riendas del 23 % de la demanda energética de Colombia. Los responsables de resarcir el problemático servicio que prestó Electricaribe por dos décadas son viejos conocidos en el mundo de los servicios públicos que ahora tienen bajo sus riendas uno de los negocios más grandes de energía eléctrica del país.

Por un lado, el negocio que manejará Caribe Mar, EPM, es el más grande de la costa Caribe. Esta empresa prestará el servicio de energía a 1,51 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. La magnitud de este negocio convirtió a EPM en el dueño del 35 % de la participación en la prestación de energía y ahora es responsable de la distribución de este servicio a más de 19 millones de usuarios en todo el país. Álvaro Guillermo Rendón, gerente de la empresa, aseguró al diario La República que, para lograr cumplir con el contrato y con la demanda de los ciudadanos, EPM va a invertir aproximadamente $10 billones durante los próximos ocho años.

La experiencia de EPM en estos asuntos energéticos podría ser un alivio para el malestar de millones de usuarios por los constantes cortes de energía y el mal estado de las conexiones. Sin embargo, la situación actual de la empresa no sería la mejor para enfrentar un negocio de tal magnitud. No solamente enfrenta millonarias sanciones, procesos administrativos en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y varias investigaciones judiciales, tanto en la Fiscalía como en el Consejo de Estado, por el colapso del salón de máquinas de Hidroituango, sino que también enfrenta líos con la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.

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En abril de este año, la empresa fue sancionada con $1.215 millones por fallas en la prestación del servicio de energía en Antioquia. Aunque EPM podría evitar esa multa a través de un recurso de reposición, lo que la Superintendencia dejó claro en el documento es que la empresa no cumplió con el estándar de calidad de su servicio durante varios meses en 2017. Sin embargo, EPM sigue en el camino de arrancar a operar en la región Caribe y convertirse en el principal operador del sistema eléctrico nacional, tanto en distribución como en comercialización. El reto no es para nada fácil, pues además del difícil panorama que dejó Electricaribe, el COVID-19 ha empeorado la situación.

Según el reciente informe de gestión emitido por la Superservicios, publicado en julio pasado, la pandemia afectó el proceso de recaudo de facturas del servicio, generando consigo una desmejora sustancial en ese indicador, con respecto a lo logrado durante los dos primeros meses del año 2020. Se pasó de un 81,24 % a un 68,79 % de respuesta a los pagos. Y, además, bajo este contexto de emergencia sanitaria, el Gobierno ordenó que no se podrían interrumpir los servicios públicos ante la falta de pago. Sin embargo, este mismo informe resaltó que en varios de los departamentos donde operará Caribe Mar, el porcentaje de cobro con relación a su facturación se logró mantener estable.

Por otro lado, detrás de Caribe Sol está el Consorcio Energía de la Costa, compuesto en un 25 % por la empresa mayoritariamente pública Energía de Pereira, y en un 75 % por Latin American Capital Corporation. El territorio en donde operarán es Magdalena, La Guajira y Atlántico y, en total, tendrán bajo su responsabilidad el mercado energético de 1,2 millones de clientes. Su entrada en este negocio en la región Caribe se da luego de varios años de hacer presencia en Tolima y Risaralda, también en el campo del servicio de energía eléctrica. En 2008, Energía de Pereira estuvo a punto de ser intervenida, pues presentó pérdidas acumuladas por más de $36.000 millones.

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Una de las soluciones del municipio fue aliarse con el sector privado. En ese momento, entró Latin American Capital Corporation (anteriormente Enertolima), propiedad de Alberto Ríos Velilla, dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital, y hermano de Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, reconocidos hombres de negocios que lideran la empresa Inversiones Alsacia, dueña de uno de los operadores de Transantiago, el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile. Los negocios de Ríos también han sido noticia al ser el cerebro de la negociación cuando Enertolima quedó en manos de un privado y se asoció con Kapital Energy, de la que formaban parte los primos Nule.

Esta relación hizo que la Supersociedades en algún momento dijera que todo Enertolima era del cuestionado grupo. Ríos demostró que ni su empresa ni Enertolima eran del llamado Grupo Nule. Alberto Ríos es muy cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha reconocido públicamente que desde hace muchos años son amigos. Se identifica con los ideales que el líder político defiende y tiene una amistad con él desde hace 25 años. Ríos y Vargas Lleras han sido socios con propiedades en común y el empresario ha sido financiador de sus campañas. Además, su hijo Felipe Ríos fue concejal de Bogotá por Cambio Radical, el partido de Vargas.

Al igual que Caribe Mar, los representantes de Caribe Sol han tenido líos con la Superservicios por cuenta de las fallas en la prestación de sus servicios. Por ejemplo, el 31 de julio de 2019, la entidad sancionó a Latin American Capital Corporation con una multa de más de $1.650 millones, por faltar al estándar de calidad en su servicio. Más allá de los problemas previos a sus negocios en la costa, este consorcio está listo para invertir $4,4 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad del servicio de los tres departamentos que tienen a su cargo. Según sus cálculos, esta inversión generará más de 1.500 empleos nuevos, entre directos e indirectos.

Además de sus antecedentes con las autoridades, y sin haber arrancado oficialmente sus labores, Caribe Mar y Caribe Sol ya tienen un expediente en la Contraloría. El ente de control investiga a las dos empresas, pues el precedente de Electricaribe es tan grande, que la entidad que dirige Felipe Córdoba quiere evitar, a como dé lugar, un caso similar. Por eso, sus delegados ya pusieron la lupa a los planes de inversiones de ambas empresas, así como de entender los riesgos de sus inversiones. El plan del ente de control es establecer el terreno que pisa el Gobierno frente al nuevo esquema de prestación del servicio de energía en la costa Caribe y, así, hacer recomendaciones al Ejecutivo.

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La idea es clara: evitar otro Electricaribe. Las consecuencias de los problemas que tuvo esta empresa son gravísimas, pues a raíz de su liquidación, su filial en España, Gas Natural, demandó al Estado en tribunales internacionales. Hoy, ese proceso judicial es el más caro que enfrenta la nación, porque la empresa española pide más de $5,2 billones por los perjuicios y otros daños que, considera, le causó Colombia cuando decidió, según ellos, liquidar la empresa y sacarlos de tajo del negocio sin compensación. En cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la estrategia fue contrademandar a Gas Natural con el argumento de que, en realidad, esos daños los sufrió el país.

El proceso se adelanta en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, y ha convocado a dos de las firmas de abogados más reconocidas del mundo. No es para menos, pues las pretensiones de Gas Natural es una suma dos veces más grande que el presupuesto que el gobierno Duque asignó al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país.

El laudo arbitral está a punto de conocerse y los árbitros ya tienen en sus manos todos los documentos y las pruebas para tomar una decisión. Entretanto, la costa Caribe, y el país en general, está a la expectativa de la entrada al ruedo de estas empresas de cuna paisa y del cambio que pueda llevarle a una región golpeada por un rezago de $10 billones en la actualización, mejoramiento y ampliación de las redes de energía eléctrica. El reto es mayúsculo, tanto así que empresas del tamaño de Celsia, filial del Grupo Argos, retiró su participación de la subasta de la que salieron ganadores Caribe Mar y Caribe Sol, pues calificaron el negocio como poco rentable. El próximo 1° de octubre comenzará la nueva era de esta novela de la energía en el Caribe.

Los más de 2,5 millones de usuarios que tuvo Electricaribe por más de 22 años en la región Caribe están a la expectativa de lo que será la llegada de los nuevos operadores. El primero de ellos es Caribe Mar, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y el segundo es Caribe Sol, bajo el mando de Energía de Pereira y Latin American Capital Corporation. Desde el 1° de octubre, ambas tomarán las riendas del 23 % de la demanda energética de Colombia. Los responsables de resarcir el problemático servicio que prestó Electricaribe por dos décadas son viejos conocidos en el mundo de los servicios públicos que ahora tienen bajo sus riendas uno de los negocios más grandes de energía eléctrica del país.

Por un lado, el negocio que manejará Caribe Mar, EPM, es el más grande de la costa Caribe. Esta empresa prestará el servicio de energía a 1,51 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. La magnitud de este negocio convirtió a EPM en el dueño del 35 % de la participación en la prestación de energía y ahora es responsable de la distribución de este servicio a más de 19 millones de usuarios en todo el país. Álvaro Guillermo Rendón, gerente de la empresa, aseguró al diario La República que, para lograr cumplir con el contrato y con la demanda de los ciudadanos, EPM va a invertir aproximadamente $10 billones durante los próximos ocho años.

La experiencia de EPM en estos asuntos energéticos podría ser un alivio para el malestar de millones de usuarios por los constantes cortes de energía y el mal estado de las conexiones. Sin embargo, la situación actual de la empresa no sería la mejor para enfrentar un negocio de tal magnitud. No solamente enfrenta millonarias sanciones, procesos administrativos en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y varias investigaciones judiciales, tanto en la Fiscalía como en el Consejo de Estado, por el colapso del salón de máquinas de Hidroituango, sino que también enfrenta líos con la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.

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En abril de este año, la empresa fue sancionada con $1.215 millones por fallas en la prestación del servicio de energía en Antioquia. Aunque EPM podría evitar esa multa a través de un recurso de reposición, lo que la Superintendencia dejó claro en el documento es que la empresa no cumplió con el estándar de calidad de su servicio durante varios meses en 2017. Sin embargo, EPM sigue en el camino de arrancar a operar en la región Caribe y convertirse en el principal operador del sistema eléctrico nacional, tanto en distribución como en comercialización. El reto no es para nada fácil, pues además del difícil panorama que dejó Electricaribe, el COVID-19 ha empeorado la situación.

Según el reciente informe de gestión emitido por la Superservicios, publicado en julio pasado, la pandemia afectó el proceso de recaudo de facturas del servicio, generando consigo una desmejora sustancial en ese indicador, con respecto a lo logrado durante los dos primeros meses del año 2020. Se pasó de un 81,24 % a un 68,79 % de respuesta a los pagos. Y, además, bajo este contexto de emergencia sanitaria, el Gobierno ordenó que no se podrían interrumpir los servicios públicos ante la falta de pago. Sin embargo, este mismo informe resaltó que en varios de los departamentos donde operará Caribe Mar, el porcentaje de cobro con relación a su facturación se logró mantener estable.

Por otro lado, detrás de Caribe Sol está el Consorcio Energía de la Costa, compuesto en un 25 % por la empresa mayoritariamente pública Energía de Pereira, y en un 75 % por Latin American Capital Corporation. El territorio en donde operarán es Magdalena, La Guajira y Atlántico y, en total, tendrán bajo su responsabilidad el mercado energético de 1,2 millones de clientes. Su entrada en este negocio en la región Caribe se da luego de varios años de hacer presencia en Tolima y Risaralda, también en el campo del servicio de energía eléctrica. En 2008, Energía de Pereira estuvo a punto de ser intervenida, pues presentó pérdidas acumuladas por más de $36.000 millones.

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Una de las soluciones del municipio fue aliarse con el sector privado. En ese momento, entró Latin American Capital Corporation (anteriormente Enertolima), propiedad de Alberto Ríos Velilla, dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital, y hermano de Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, reconocidos hombres de negocios que lideran la empresa Inversiones Alsacia, dueña de uno de los operadores de Transantiago, el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile. Los negocios de Ríos también han sido noticia al ser el cerebro de la negociación cuando Enertolima quedó en manos de un privado y se asoció con Kapital Energy, de la que formaban parte los primos Nule.

Esta relación hizo que la Supersociedades en algún momento dijera que todo Enertolima era del cuestionado grupo. Ríos demostró que ni su empresa ni Enertolima eran del llamado Grupo Nule. Alberto Ríos es muy cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha reconocido públicamente que desde hace muchos años son amigos. Se identifica con los ideales que el líder político defiende y tiene una amistad con él desde hace 25 años. Ríos y Vargas Lleras han sido socios con propiedades en común y el empresario ha sido financiador de sus campañas. Además, su hijo Felipe Ríos fue concejal de Bogotá por Cambio Radical, el partido de Vargas.

Al igual que Caribe Mar, los representantes de Caribe Sol han tenido líos con la Superservicios por cuenta de las fallas en la prestación de sus servicios. Por ejemplo, el 31 de julio de 2019, la entidad sancionó a Latin American Capital Corporation con una multa de más de $1.650 millones, por faltar al estándar de calidad en su servicio. Más allá de los problemas previos a sus negocios en la costa, este consorcio está listo para invertir $4,4 billones en los próximos 10 años para mejorar la calidad del servicio de los tres departamentos que tienen a su cargo. Según sus cálculos, esta inversión generará más de 1.500 empleos nuevos, entre directos e indirectos.

Además de sus antecedentes con las autoridades, y sin haber arrancado oficialmente sus labores, Caribe Mar y Caribe Sol ya tienen un expediente en la Contraloría. El ente de control investiga a las dos empresas, pues el precedente de Electricaribe es tan grande, que la entidad que dirige Felipe Córdoba quiere evitar, a como dé lugar, un caso similar. Por eso, sus delegados ya pusieron la lupa a los planes de inversiones de ambas empresas, así como de entender los riesgos de sus inversiones. El plan del ente de control es establecer el terreno que pisa el Gobierno frente al nuevo esquema de prestación del servicio de energía en la costa Caribe y, así, hacer recomendaciones al Ejecutivo.

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La idea es clara: evitar otro Electricaribe. Las consecuencias de los problemas que tuvo esta empresa son gravísimas, pues a raíz de su liquidación, su filial en España, Gas Natural, demandó al Estado en tribunales internacionales. Hoy, ese proceso judicial es el más caro que enfrenta la nación, porque la empresa española pide más de $5,2 billones por los perjuicios y otros daños que, considera, le causó Colombia cuando decidió, según ellos, liquidar la empresa y sacarlos de tajo del negocio sin compensación. En cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la estrategia fue contrademandar a Gas Natural con el argumento de que, en realidad, esos daños los sufrió el país.

El proceso se adelanta en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, y ha convocado a dos de las firmas de abogados más reconocidas del mundo. No es para menos, pues las pretensiones de Gas Natural es una suma dos veces más grande que el presupuesto que el gobierno Duque asignó al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país.

El laudo arbitral está a punto de conocerse y los árbitros ya tienen en sus manos todos los documentos y las pruebas para tomar una decisión. Entretanto, la costa Caribe, y el país en general, está a la expectativa de la entrada al ruedo de estas empresas de cuna paisa y del cambio que pueda llevarle a una región golpeada por un rezago de $10 billones en la actualización, mejoramiento y ampliación de las redes de energía eléctrica. El reto es mayúsculo, tanto así que empresas del tamaño de Celsia, filial del Grupo Argos, retiró su participación de la subasta de la que salieron ganadores Caribe Mar y Caribe Sol, pues calificaron el negocio como poco rentable. El próximo 1° de octubre comenzará la nueva era de esta novela de la energía en el Caribe.