En los últimos días la imagen de César Carrillo, quien se amarró con cadenas a una silla en señal de protesta en contra del gobierno departamental por los 31 meses de salario que le deben, se hizo viral. En los videos se ve al trabajador del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (Idreec) sentado y llorando junto a su hijo, quien manifestó que esta situación ha llevado incluso a que su padre piense en el suicidio.
Junto con Carrillo son 30 funcionarios de este instituto, que atiende a las personas con algún tipo de discapacidad del departamento, a los que se les deben casi tres años de salario y seis meses de seguridad social, primas, cesantías y otras prestaciones sociales.
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En entrevista con La W Carrillo señaló que la falta de pagos lo han puesto en una situación muy complicada y que actualmente no tiene para pagar la comida de su hogar. “Mis hijos dependen de mí. Llego a la casa con 5 mil pesos. O comen ellos o como yo”, apuntó el hombre que lleva trabajando más de 26 años en el instituto.
Liliana Chinchilla, trabajadora del Idreec, advirtió que, además de la deuda que tienen con ellos, el hecho de que lleven seis meses sin pagarles seguridad social los pone en una situación de alto riesgo considerando que el país atraviesa el tercer pico de la pandemia por el coronavirus. Chinchilla responsabilizó al gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo, por la falta de pagos ya que “el Ministerio de Salud dijo que es el gobernador quien debe responder”.
A su vez, Monsalvo respondió que jurídicamente la gobernación no puede asumir el pago de los salarios de los trabajadores del Instituto. Agregó que este es un ente descentralizado y que por lo tanto es autónomo en el manejo de sus recursos.
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Sin embargo, al tiempo que el gobernador aseguraba eso, en una reunión que Monsalvo sostuvo con el Colegio Médico del departamento, Junta Directiva y médicos del Hospital Rosario Pumarejo, resaltaba que, entre los esfuerzos hechos por su gobierno para resolver la crisis del IDREEC, en el pasado habían girado “más de 7 mil millones [de pesos] para el pago de salarios a los trabajadores”.
Mientras tanto, Monsalvo propuso que la entidad podía acogerse a la Ley 550 de 1999, la cual le permitiría al Estado intervenir el Instituto, buscar su reactivación empresarial y realizar acuerdos de pago con los funcionarios. El gobernador también comentó que la intervención por parte de la Superintendencia de Salud podría servir para solucionar la crisis de la entidad.
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El Idreec atiende a más de 30.000 personas con discapacidad del departamento. Desde el 2011 el Instituto ha presentado distintos problemas financieros y administrativos y desde hace cuatro años su situación es crítica. En el 2018, el Ministerio de Salud le hizo un llamado a la gobernación del departamento para que buscará salidas a la crisis de la entidad ya que, de no mejorar su desempeño financiero y administrativo, esta tendría que cerrar.