Por las presuntas irregularidades en los pagos de los recursos del fondo fijo reembolsable del despacho de la alcaldía de Medellín, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle de Aburrá le abrió una investigación a Gloria Patricia Agudelo, encargada de realizar los pagos de la caja menor, y Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de Medellín.
Sobre la abogada Agudelo, que lleva 30 años trabajando dentro de la alcaldía como empleada de libre nombramiento y remoción, el ente de control indica que habría incurrido “en falta disciplinaria por presuntas irregularidades en su actuar, al argumentar seis ausencias a una comisión accidental” en el Concejo de Medellín.
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Sumado a esto, la Procuraduría investiga un aumento en el patrimonio de la funcionaria en los últimos años. “Su imagen de empleada austera contrasta con los movimientos financieros de los últimos dos años durante los cuales ha comprado una camioneta Nissan Kicks, un apartamento en la urbanización ‘Rodeo Verde’, donde según el registro de la Supernotariado figura comprando dos bienes más, y un tercer inmueble en el barrio Los Colores, con su respectivo parqueadero”.
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En el caso de Uriel Gómez, la Procuraduría investiga por qué no se declaró impedido ni presentó conflicto de intereses en 2022, cuando ingresó a la Contraloría, pese a que había ocupado cargos administrativos dentro de la alcaldía de Medellín en 2020. Además, señalan denuncias de medios locales, en las que advierten que los controles a la caja menor habrían sido inocuas.
“A pesar de haberse desempeñado como subdirector Administrativo y Financiero del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, entre enero y septiembre de 2020, al posesionarse en la Contraloría de Medellín, en mayo de 2022, ya había pasado por cuatro roles sin declarar el conflicto de intereses al que estaría expuesto”, explica el ente de control.
La Procuraduría verificará si Agudelo y Gómez incurrieron en las anteriores conductas y determinará si son faltas disciplinarias o si, por el contrario, han actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Estas investigaciones se enmarcan en un caso que se conoció en agosto de 2023 y tiene que ver con presuntos malos manejos del fondo fijo reembolsable, desde el cual se cubren los gastos del alcalde en funciones. Según los hallazgos, el exmandatario Daniel Quintero, su esposa y los funcionarios más cercanos habrían incurrido en un detrimento patrimonial en el fondo que maneja $23 mil millones mensuales, al haber gastado el dinero en lujosos restaurantes, comida para perro y floristerías, entre otros.