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La organización Indígena de Antioquia (OIA) y las autoridades indígenas, campesinas y afrodescendientes que hacen parte de la Mesa Interétnica de Paz, denunciaron que la población civil en el occidente de Antioquia está siendo desplazada, confinada y amenazada por parte de grupos al margen de la ley que hacen presencia en el territorio.
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El 19 de enero de este año, la comunidad del Resguardo Amparradó Alto y Medio, en Dabeiba, Antioquia, denunció que se vio afectada por el fuego cruzado entre grupos al margen de la ley que duró cuatro horas. “Esto agudizó la zozobra en las comunidades de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina, Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba) quienes hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral”, se lee en el comunicado emitido por la OIA.
Richar Sierra, gerente indígena de la Gobernación de Antioquia, explicó que en Frontino, municipio que limita con Dabeiba, también hay enfrentamientos que ponen en riesgo a la comunidad. “Estuvimos el jueves pasado en un consejo de seguridad en Frontino y lo que supimos es que en este lugar hay un desplazamiento de 18 personas en el casco urbano. Hemos recibido información por parte de los indígenas que hay confrontaciones entre los grupos armados del Eln y Clan del golfo”, explicó Sierra a El Espectador, quien además dijo que por esta situación las comunidades están confinadas. “Son indígenas que viven de la pesca y no pueden movilizarse por el territorio debido a las amenazas. También sabemos que hay casos de minas antipersona, por lo que la movilización por el territorio es más difícil”.
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La OIA también recordó el asesinato de David Bailarín de 25 años quien fue víctima mortal de una mina antipersona mientras se dirigía desde su Resguardo Amparradó Alto, hacia límites del Resguardo Chageradó.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 009 de 2019 donde estableció que en las zonas rurales y cascos urbanos de Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque, persiste la presencia de las Auc. Además, alertó sobre el riesgo de confrontación armada “entre el Eln, la disidencia del Frente 36 de las Farc y las Agc en el Cañón de la Llorona, los corregimientos de Cruces, San José de Urama y Camparrusia en el municipio de Dabeiba”.
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La organización solicitó al Gobierno Nacional, liderar una misión humanitaria para verificar la situación en la región y atender lo antes posible a la comunidad en materia de salud, seguridad, educación y alimentación. Además exigió a los actores armados legales e ilegales respetar la vida de la población civil y los espacios sagrados de su comunidad.