Se conocen nuevos detalles sobre la fuerte explosión que se presentó en la mañana del lunes 18 de septiembre, en el barrio Alto de la Capilla del municipio Rionegro. La Policía de Antioquia reportó que en la vivienda donde ocurrió la detonación funcionaba una bodega clandestina de pólvora.
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“Se ha determinado, a partir de la verificación inicial de Bomberos y de Policía Nacional, que se trataba de un sitio ilegal de almacenamiento [de pólvora] y que la explosión se da producto de un hecho de simpatía que generó la activación de la pólvora almacenada”, indicó el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia.
Aunque los habitantes de la zona reportan que ya se había denunciado ante las autoridades sobre el funcionamiento ilegal de dicha bodega, Martínez indica que ya se hizo la verificación en todas las bases de datos disponibles y no se tenía conocimiento de lo que sucedía en el interior de la vivienda. El coronel hace un llamado a la ciudadanía para que sean conscientes de las consecuencias que puede traer la manipulación de pólvora.
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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se trasladó al lugar de la emergencia y brindó información preliminar. “Tenemos 22 personas que han sido valoradas desde el punto de vista médico. De ellas, 12 han sido, digamos, dadas de alta, algunas aquí en el lugar, y las otras 10 personas heridas han sido trasladadas a centros médicos, aquí en Rionegro, a tres centros médicos: la Clínica San Juan De Dios, en sus dos sedes y la Clínica Somer”, indicó el mandatario. También señaló que tres de las diez personas que están siendo atendidas en centros asistenciales presentan lesiones graves.
La Gobernación de Antioquia indicó que tiene información preliminar de que cinco viviendas fueron totalmente destruidas y aún se están evaluando las afectaciones en otras construcciones. Alrededor de 150 funcionarios de las instituciones del orden municipal y departamental atienden la emergencia.
Según las leyes vigentes, en Colombia está prohibida la compra y manipulación de pólvora que sea categoría 3, salvo para expertos. Por lo tanto, las personas no expertas que compren o usen voladores, volcanes o cohetes grandes podrán ser sancionadas según la que estipula la Ley 2224 de 2022.
La multa que le corresponde a los infractores va de uno a 300 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), según la gravedad de la contravención. En el peor de los casos, si un ciudadano manipula pólvora y afecta la vida de otra persona, podría llegar a pagar hasta $348 millones. Adicionalmente, en el país está prohibida la venta de pólvora a menores de edad y personas en estado de embriaguez, lo que tiene sanciones de entre 100 y 300 SMLV.