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A principios de este mes de abril, un procedimiento realizado en el parque Bolívar, en el centro de la ciudad de Medellín, se convirtió en objeto de denuncias e investigaciones por agresiones registradas contra ciudadanos. El caso se hizo viral luego de que se difundiera un video a través de redes sociales en el que se observa la intervención de los gestores de convivencia contra un grupo de personas, uno de ellos, al parecer, de origen venezolano.
Durante el procedimiento, un gestor se enfrenta al hombre y lo golpea con un bolillo; después, un uniformado interviene y este termina reducido en el suelo.
Frente a las denuncias ciudadanas, la administración distrital aseguró que las acciones estaban respaldadas, pues, presuntamente, hubo consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas que alteraron el orden en el espacio público por parte del grupo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, defendió los hechos y aseguró que los ciudadanos involucrados en el procedimiento habrían reaccionado previamente con insultos y agresiones.
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Pero estas imágenes desataron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y, sobre todo, sobre el rol que cumplen los gestores de convivencia dentro de este tipo de intervenciones. Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Policía, mientras que la Personería Distrital adelanta aún una investigación disciplinaria para establecer si hubo faltas en el procedimiento.
La petición desde el Gobierno para suspender la participación de los gestores en operativos policiales
Esta solicitud fue planteada por Mauricio Urquijo, director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación, durante una sesión del consejo directivo de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Además de pedir que los gestores no hicieran parte de estos procedimientos, solicitó información sobre los mecanismos de supervisión que se tienen frente a su labor, además de los contratos mediante los cuales son vinculados. Sobre esto último, cabe mencionar que se encuentra el contrato 5498 de 2025, suscrito con la Secretaría de Seguridad por un valor de COP 6.400 millones, que tiene como propósito apoyar las estrategias de convivencia en la ciudad.
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Con base en esto, y según explicó el funcionario, los gestores son personal civil contratado a través de la Fundación Pascual Bravo para labores únicamente pedagógicas y de promoción de cultura ciudadana, lo que quiere decir que no tienen facultades para ejercer autoridad o tomar acciones propias de la fuerza pública, mucho menos represivas.
“No puede haber ningún tipo de actividad que tenga que ver con, por ejemplo, inspecciones corporales a las personas, acompañamiento operativo de carácter represivo, ni mucho menos ejercicios de autoridad. Son ilegales, y es por esta razón que solicitamos que se suspenda de manera inmediata cualquier tipo de acompañamiento de estas personas a operativos de la fuerza pública”, aseveró Urquijo.
Por último, el funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que estos actores excedan sus funciones o vulneren derechos.