La disputa entre la Alcaldía de Jericó y la comunidad por el proyecto Quebradona

Municipio de Jericó, Antioquia.

Foto: Mauricio Alvarado

La espera por la licencia ambiental para realizar el proyecto Minera de Cobre Quebradona para explotar cobre, oro y plata en el municipio de Jericó, Antioquia, ha tenido en las últimas semanas como telón de fondo unos cuestionamientos sobre la administración local. La minera detrás de la licencia es AngloGold Ashanti y, de recibir aprobación, contemplaría cuatro años de construcción y 21 de producción. Aunque la empresa sostiene que la licencia traería beneficios económicos para el municipio y que hay sectores que aprueban el proyecto, las organizaciones ambientales han solicitado públicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no dar aprobación por los daños que la iniciativa le puede generar al territorio.

Más allá de la licencia, el debate alrededor del proyecto minero se ha concentrado en las denuncias de la comunidad que el pasado 12 de septiembre señalaron que la Alcaldía había eliminado la publicidad contra AngloGold Ashanti y su proyecto minero, en la misma semana en la que esperaban una visita de la ANLA. El líder y coordinador de la Mesa Ambiental, Fernando Jaramillo, le explicó a este diario que, aunque pidieron permiso de los dueños de las casas para poner las banderas, ese mismo día a la medianoche pasó una patrulla y las quitó. El alcalde David Toro dice que lo hizo basándose en el Estatuto Municipal de Medio Ambiente, pues nadie le solicitó autorización al municipio. El asunto se resolvió en conversaciones con un abogado y otras organizaciones, las banderas se devolvieron y se autorizó su ubicación, pero esto puso en evidencia los conflictos entre la administración municipal y quienes se oponen al proyecto Quebradona.

Este hecho coincidió, según Jaramillo, con una querella penal que puso la empresa contra la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, Antioquia, por transitar en la zona de exploración. “Dijeron que es una violación a la propiedad privada, lo que no dicen es que hemos transitado por caminos públicos y gracias a eso hemos establecido daños ambientales que han llevado a que Corantioquia inicie procesos sancionatorios”, sustentó el presidente de la Mesa Ambiental.

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Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) dijo que ha recibido varias quejas en estos años, pero por el momento no registra ninguna medida preventiva contra la Sociedad Minera de Cobre Quebradona S. A. Sin embargo, desde hace cuatro años se adelanta una investigación de orden sancionatorio ambiental, en la que se formularon cargos por la intervención en la afluente de la quebrada La Fea. La Veeduría John Jairo Arcila ha denunciado varias veces la afectación de esta zona por actividades de perforación.

En los últimos años la minera y la comunidad han presentado sus argumentos a favor y en contra del proyecto, siendo un amplio debate el daño ambiental que causaría a corto y largo plazo la entrega de la licencia. En medio de este pulso se han presentado denuncias por presunto conflicto de intereses por parte de la administración municipal. Jaramillo dice que el alcalde Toro “fundamenta los recursos económicos del municipio en la explotación minera, aunque todavía no se ha dado la licencia”.

En esto coincide el exconcejal Carlos Arturo Londoño, quien aseguró que esta empresa financió la campaña del alcalde, aunque las autoridades no lo han podido establecer, y que realizó inversiones en Jericó entre 2012 y 2015, cuando también ejercía el actual alcalde.

Londoño solicitó un reporte de los dineros que le han entrado al municipio por cuenta de la minera, y la Secretaría de Hacienda le en tregó un cuadro en el que se evidencia que en el período antes citado se recaudaron al menos $1.500 millones en inversiones de AngloGold Ashanti. “Yo nunca he negado eso. Hemos hecho convenios para el fortalecimiento de programas sociales, como transporte escolar y mejoramiento de vías rurales. No solo lo he hecho yo, también administraciones pasadas como la de 2008-2011. Eso no está prohibido legalmente”, argumentó Toro.

Sin embargo, el exconcejal mostró un derecho de petición que le respondió el municipio, que señala que de 2006 a 2011 y 2016 a 2019 no se tienen aportes por parte de la minera de acuerdo con el presupuesto de Jericó. Toro, por su parte, insistió en que las inversiones hechas por la minera no tienen injerencia en ninguna decisión, pues la situación está en manos de la ANLA. “Que hagamos convenios no significa que se vean favorecidos de una u otra forma, eso está descartado”, señaló.

Otro hecho que ha generado dudas, según Londoño, fue la polémica entrega de computadores por parte de la empresa al Concejo municipal, el 25 mayo, cuando se discutía el Plan de Desarrollo. De hecho, después de recibir una denuncia anónima, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra ocho concejales que “habrían recibido computadores portátiles de parte de la empresa interesada, presuntamente para influir en su decisión”. En ese momento también se le solicitaron al Concejo los documentos relacionados con el trámite, deliberación y aprobación del Plan de Desarrollo y a la Alcaldía informar si el acuerdo fue objeto de revisión por parte de la Gobernación y si fue sometido a control de legalidad por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Al final, en septiembre, el órgano de control archivó esta indagación, pues no encontró irregularidades en la donación. En su momento, la empresa aseguró que la administración municipal evidenció la necesidad de reponer 38 computadores que estaban en mal estado; después, el 18 de enero, el presidente del Concejo de Jericó solicitó formalmente a la minera la donación de los equipos y la Alcaldía hizo otra solicitud formal el 18 de febrero. La compañía entregó 20 computadores que, según ellos, tenían como beneficiario “exclusivamente al municipio de Jericó y no a funcionario alguno”. Desde la Mesa Ambiental de Jericó, las organizaciones sociales y veedurías siguen denunciando que hay una injerencia indebida de la minera en la administración municipal. El exconcejal Londoño afirmó que seguirá adelante con los procesos y recordó que el alcalde Toro tiene en su contra una investigación por un proyecto de viviendas de interés social y otra por un predio para el estadio comprado con Coldeportes. “Por la primera ya fui absuelto por la Procuraduría, el tema anda por Fiscalía, pero tenemos todos los argumentos. Es normal que tengan que investigar. La obra del estadio ya se hizo, Coldeportes hizo sus desembolsos, nos estamos defendiendo”, concluyó el alcalde.