Un revolcón se dio en Bello, Antioquia. Rodeado de su gabinete, el mandatario Óscar Pérez anuncio su salida de la alcaldía a través de una transmisión en vivo, en la que explicó que un fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín lo condenó por celebración indebida de contratos.
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En la sentencia, con ponencia del magistrado César Augusto Rengifo y proferida el pasado 9 de junio, se establece que el exalcalde deberá pagar una pena de 120 meses, es decir, de 10 años, junto al exfuncionario de la alcaldía Hans de Jesús Wagner Jaramillo y al contratista Harold de Jesús Hincapié, quienes quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.
Detrás de todo esto hay un proceso que ha perseguido por años a Pérez. Se trata de una investigación que le abrió la Fiscalía, en 2018, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de $180 millones para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, en 2010, durante su primer periodo como alcalde (2007-2011).
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El contrato firmado con la Fundación Semillas de Guadalupe para coordinar y ejecutar el proceso de elección del Consejo Municipal de Juventud, cuyo plazo de ejecución era de tres meses, a partir de la firma del documento, es decir, desde el primero de octubre de 2010.
Un juez en primera instancia absolvió a Óscar Pérez en diciembre del año pasado, pero el magistrado Rengifo tuvo en cuenta otras consideraciones a la hora de revocar la sentencia en primera instancia y condenar al alcalde de Bello. Entre estas se cuestiona que lo que se contrató se pudo hacer desde la misma alcaldía, como lo hicieron otros municipios para la misma época.
Asimismo, la sentencia resalta que hay cuentas de cobro que no concuerdan con las fechas de las elecciones, así como actividades que se hicieron un mes antes al inicio del contrato, a lo que se suma el pago de actividades extra tiempo, como una publicidad en diciembre, pese a que las elecciones para los consejos juveniles se hicieron en octubre.
Por ello, se decidió condenar al exalcalde de Bello y a los otros dos implicados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales cometido en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.
En su defensa, Óscar Pérez asegura que “desde ese tiempo hasta la fecha ejercí una defensa digna, con altura, demostrándole a la justicia que este contrato efectivamente se había ejecutado; toda la interventoría lo demuestra, el informe de la Contraloría municipal lo demuestra, que no hubo ni un solo hallazgo fiscal”, por lo que se espera que impugne la decisión ante la sala de casación.
Este no es el único cuestionamiento contra Pérez, recientemente se cuestionaron nombramientos sin los requisitos legales y dudosos contratos por más de 200 mil millones de pesos en la Contraloría y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bello, Antioquia, que son investigados por la Procuraduría.