El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció así como envió una carta enviada al gobierno nacional, sobre la preocupación que comparte con varios congresistas por la falta de claridad en la asignación de recursos del presupuesto nacional destinados a proyectos locales, entre los que estaría el Metro de la 80, el Metro de Bogotá, el Túnel del Toyo y las vías 4G, entre otras obras.
“Los recursos para el 2024 del presupuesto nacional no van etiquetados a proyectos de infraestructura, sino que los convirtieron en una bolsa de $13 billones para que el presidente de la República pueda disponer de ellos como él lo quiera hacer” dijo el mandatario.
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Además, el alcalde señaló que no se respetaron las vigencias futuras, ni los recursos para proyectos como el metro de Bogotá o el Metro de la 80, en Medellín, que para este año requiere una inversión de $490.000 millones. “Esto deja en el limbo a todos los proyectos de infraestructura con los que gobiernos nacionales ya se habían comprometido, para eso son las vigencias futuras”, añadió Gutiérrez.
Tenemos una gran preocupación. Los recursos del 2024 del Presupuesto Nacional no tienen rubros específicos para proyectos de infraestructura. En ese caso, el Presidente de la República dispone de 13 billones de pesos para invertirlos a su voluntad.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2024
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El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana también lanzó una alerta sobre los $13 billones que se encuentran dentro del rubro de inversión y cuya asignación específica sigue en vilo. “Teniendo claro lo anterior, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana vemos con preocupación que el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su Anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión, cifra que representa el 13% del total de gastos de inversión. Se trata de recursos apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones)”.
De acuerdo, con Gutiérrez, la bancada de congresistas antioqueños se reunieron para discutir sobre la forma en que se redactó el decreto que guía la ejecución del presupuesto de la Nación para el presente año. Según el mandatario, los congresistas dicen que “una cosa es la que votaron y otra la que salió en el decreto de reglamentación”
Otros mandatarios también se han pronunciado al respecto, el gobernador Andrés Julián Rendón dijo en la cumbre de gobernadores que “es muy llamativo que mientras acá hacemos una invocación para tener más recursos para atender las exigencias de nuestras competencias, el Gobierno Nacional –en un claro mensaje de opacidad presupuestal– no les diga a los colombianos en qué se van a destinar los $13 billones”
El Observatorio Fiscal también señaló que en cada decreto de liquidación se debe detallar el destino específico del presupuesto a nivel de proyectos. En el caso de los recursos destinados al rubro de inversión se deben indicar los programas, subprogramas y proyectos particulares a los cuales estará destinado el dinero. Sin embargo, en el caso de los $13 billones solo se llega al nivel de subprograma y no se puntualizan cuáles son los proyectos asignados.
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Federico Gutiérrez, también manifestó su preocupación ante las posibles demandas que puedan interponer los contratistas de obras como el Metro de la 80, debido a que se espera que el desembolso de los recursos sea realizado entre junio y julio del presente año.
Según la revisión realizada por el Observatorio, para le presupuesto del 2024, en el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los recursos están asignados dentro del subprograma de inversión designado como “Convergencia regional: integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad”, pero no hay ningún proyecto especificado dentro de dicho subprograma.
“Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana vemos con preocupación la implicación que esto pueda tener en términos de transparencia y acceso a la información. La imposibilidad de conocer el destino específico de estos recursos públicos en el rubro de inversión para estas entidades este año le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal, dificultando su supervisión, lo que genera riesgos de corrupción, como lo recuerda el último reporte de Open Budget Survey” señaló la institución.