Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, está seguro de dos cosas: que parte de la crisis social y de orden público que afronta la capital de Chocó tiene su génesis en el fenómeno de desplazamiento de personas, y que “como administración ya nos desbordó la capacidad para atender un problema de esos”.
En charla con El Espectador, el mandatario local explica que “Quibdó es la máxima receptora de desplazados en el departamento de Chocó y desde hace más de veinte años esas personas se asentaron en la periferia de esta capital y no se les prestó atención ni se les buscó solución. Los muchachos han crecido en ese ambiente sin oportunidades y eso ha creado más delincuencia, hasta que se desbordó el problema y vemos cómo aumentan los cinturones de miseria”.
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En la cotidianidad de las personas de a pie, en medio de un caótico paisaje urbano de una ciudad que está siendo copada por actores ilegales, es común que los lugareños reciban panfletos en sus celulares con mensajes extorsivos.
“Hay dos bandas que se pelean el territorio para el microtráfico y las armas. Ellos viven de la extorsión, de los panfletos amenazantes, y por miedo las personas les dan dinero. No se puede esconder que aquí extorsionan”, dice el alcalde con resignación.
Las dos bandas criminales a las que se refiere Sánchez son los Mexicanos y los Palmeños (hoy Zetas). “Se autodenominaron así porque ven esas series mexicanas y copian cosas de allá. En esas dos bandas hay más de 500 jóvenes, y aunque existen otras bandas pequeñas, esas son las más poderosas y ahora están enfrentadas entre ellas y lo han hecho también con el Clan del Golfo, pero en aquellas dos bandas no hay mafia mexicana”, dice el alcalde.
La Defensoría ha alertado sobre el enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el Eln y el Clan del Golfo, así como la presencia incipiente de las disidencias de las Farc. La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.
En ese contexto, la violencia sigue arreciando en las calles de Quibdó. En la que va corrido de 2022 van por lo menos sesenta personas asesinadas, en su mayoría jóvenes. En 2021 se registraron 139 homicidios y en 2020 la cifra alcanzó los 152 muertos.
Sánchez señala que los puntos críticos en Quibdó son los barrios San Vicente, Playita, Cabí, Palenque y Kennedy; ubicados en las comunas 1, 4 y 5. Se trata de sectores en donde habita la clase obrera, en condiciones mínimas de calidad de vida y carencia de opciones para un futuro mejor.
El Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes, en el documento “Trece puntos sobre seguridad urbana y territorial”, consigna que el crimen está concentrado en segmentos viales y manzanas específicas en las ciudades colombianas.
“En Buenaventura, Tumaco y Quibdó, el 80 % del crimen se concentra en 12 %, 17,7 % y 20 % del total de las manzanas, respectivamente. Es necesario focalizar las intervenciones en estos lugares y complementarlas con inversión pública, como cámaras de seguridad, mejoramiento de alumbrado y construcción de canchas deportivas en los parques”, dice un fragmento del informe.
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Recomendaciones
En su estudio “La distribución espacial del delito urbano en Quibdó 2014-2019”, el CESED da pistas sobre los factores situacionales que promueven el delito: minería ilegal, desplazamiento forzado, urbanización, pobreza, baja escolaridad, desempleo juvenil y la débil presencia del Estado.
Entre las recomendaciones de política pública para la prevención del crimen, ese centro de estudios señala que la experiencia internacional ofrece variadas estrategias que pueden ser aplicadas en el caso de Quibdó.
Una de ellas es la intervención de los denominados “puntos calientes” para desincentivar la actividad criminal, al aumentar la probabilidad de disrupción y detención de delincuentes. En Quibdó esta estrategia puede ser aplicada mediante el patrullaje intensivo en las manzanas foco de múltiples delitos. Esta acción ha logrado reducciones del delito en muchas ciudades del mundo desarrollado, aunque en Colombia ha tenido resultados más débiles.
Otra fórmula recomendada por el CESED para modificar las características de los espacios públicos donde frecuentemente ocurren delitos es con la inversión en infraestructura pública. “Por ejemplo, mediante la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos, la mejora del alumbrado público y del sistema vial, y la construcción de infraestructura recreativa (canchas, parques o centros culturales)”.
También sugiere implementar programas de rehabilitación para las víctimas y los victimarios. “En particular, se puede contemplar tratamientos para el estrés postraumático o implementar programas de terapia cognitiva conductual. Esta última ha disminuido significativamente los delitos y agresiones cometidas por jóvenes y adultos, incluso cuando estos tienen pasados criminales”.
Por último, el estudio reseñado destaca que para diseñar intervenciones exitosas es fundamental hacerles seguimiento y análisis causal a los programas que deben contar desde el principio con indicadores de desempeño apropiados y fases de monitoreo y avaluación para cuantificar los resultados e identificar tempranamente las oportunidades de mejora.
