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El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, es el primer funcionario en Colombia a quien la pandemia del nuevo coronavirus le trae problemas con la justicia. No por corrupción, ni por extralimitarse en sus funciones, sino por haber asistido a una reunión en Presidencia el pasado 14 de marzo y omitido, antes de entrar, información sobre un viaje reciente a Marruecos y España. No es el único: la Fiscalía ya ha abierto 34 investigaciones por violación a medida sanitaria en esta coyuntura. Mientras tanto, cientos, o tal vez miles de personas alrededor del mundo, podrían también terminar procesados por el enfoque criminal que se le ha impuesto al manejo la pandemia.
En los primeros días de marzo, cuando el presidente Iván Duque ordenó un aislamiento de 14 días para cualquiera que llegara a Colombia de países con casos confirmados de coronavirus, la Fiscalía empezó a mostrarse activa. Su cabeza, Francisco Barbosa, dijo que un fiscal especializado estaría al frente de coordinar “las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno”. Además, dejó claros los delitos en los que podrían incurrir quienes incumplan los protocolos: violación de medida sanitaria y propagación de epidemia, que existen en el Código Penal desde hace varios años.
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Un sinnúmero de viajeros violaron el aislamiento obligatorio y surgió un patrón: a los extranjeros, Migración Colombia los expulsó del país y a los connacionales, la Fiscalía les imputó cargos y los envió a prisión domiciliaria. Así ocurrió, por ejemplo, con una pareja de esposos que llegó de Estados Unidos y que fue capturada en las calles de Zipaquirá (Cundinamarca) el 18 de marzo: a él, de nacionalidad norteamericana, lo enviaron a su país; a ella, colombiana, le imputaron violación de medida sanitaria y un juez de garantías le otorgó la detención domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra, por el que podría enfrentarse a una condena de cuatro a ocho años de prisión.
Dos días después de este hecho, el presidente Iván Duque anunció que todo el país entraría a aislamiento preventivo obligatorio. Para asegurarse de que los ciudadanos se queden en sus casas, ahora en las calles hay más de 39.000 policías, apoyados por uniformados de Ejército, Armada y Fuerza Aérea; se militarizaron las fronteras y hasta los supermercados y centros de abastos, como si se tratara de una guerra. El resultado, además de las judicializaciones, es que por estos días se han impuesto más de 4.000 multas por incumplir la cuarentena, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que “los colombianos están cumpliendo”.
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No obstante, Colombia no ha sido la única en imprimir enfoque penal a la pandemia. Alrededor del mundo se habla de que el contagio por el nuevo coronavirus es un tema de seguridad nacional. En New Jersey (EE.UU.) se abrió proceso contra un hombre por amenaza terrorista luego toserle en la cara a una mujer y decirle que tenía COVID-19. En Perú, con una ley quedaron eximidos de responsabilidad militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las calles, vacías por la cuarentena obligatoria. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha amenazado con “matar” a quienes den problemas durante el confinamiento. Parece una oscura tendencia de alcance global.
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha registrado las herramientas que han adoptado diferentes países para frenar la COVID-19. De Bolivia —cuyo gobierno interino anunció hasta 10 años de cárcel para quienes violen la cuarentena— a Turkmenistán —donde las autoridades, denunciaron periodistas, prohibieron hasta hablar de la enfermedad y prometieron cárcel a quien descubran usando un tapabocas—. Diferentes estados han decidido multar y judicializar a sus ciudadanos a raíz de la pandemia. Paradójicamente, el primer caso registrado es el del médico chino Li Wenliang, uno de los pioneros en detectar en la ciudad de Wuhan la nueva infección respiratoria.
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A través de WeChat, Li Wenliang advirtió a alumnos y colegas que podría venirse un brote masivo de la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19. La Policía descubrió los mensajes, lo aprehendió por “esparcir rumores falsos” que perturbaban “severamente el orden social” y lo obligó a firmar una carta de reprimenda, la alternativa a una sanción penal, y a retractarse. Con su reputación golpeada, el doctor Li Wenliang contrajo el nuevo coronavirus en febrero, murió y sus temores resultaron ciertos: en el mundo van más de un millón de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y más de 58.000 muertos.
Los investigadores Nina Sun, de la Universidad de Drexel (Estados Unidos) y Livio Zilli, de la Comisión Internacional de Juristas, publicaron en opiniojuris.org un balance de la criminalización global de la pandemia que, dicen, es una “alarmante tendencia”. En algunos países se han creado disposiciones legales específicas para castigar el contagio del nuevo coronavirus: en China, por ejemplo, quien se sepa contagiado y escupa en el espacio público puede ser procesado. En Sudáfrica, asimismo, el Gobierno se otorgó facultades para procesar por delitos como intento de homicidio y lesiones personales a ciudadanos enfermos que “intencionalmente expongan a otros”.
VIH, una lección para hoy
Otro gran grupo de países, incluida Colombia, ha usado legislación ya vigente para procesar a personas en medio de la pandemia. En Francia, algunas personas han infringido la cuarentena y ahora enfrentan cargos por “poner en peligro la vida de terceros”. Sun y Zilli concluyen que “los países deben abstenerse de tipificar como delito la exposición y transmisión de COVID-19”, pues deberían tomar nota de las lecciones que dejó la criminalización del VIH-Sida: “A lo largo de los años, se ha constatado que estas leyes violan los derechos humanos y las normas de salud pública y pueden ser incompatibles con los principios del derecho penal”.
Con base en esa experiencia previa, la agencia ONUSida pide evitar el enfoque punitivo: “La penalización no es la respuesta y puede hacer más daño que bien”, sentenció esta agencia en el documento “Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19”. Y agregó: “Como se ha visto en la epidemia del VIH, el uso excesivo del derecho penal puede tener resultados negativos tanto para el individuo como para la respuesta en su conjunto y, a menudo, no reconoce la realidad de la vida de las personas”. En lugar de criminalizar, la agencia recomienda “empoderar a las personas y las comunidades a que se protejan a sí mismas y a los demás”.
En esto coincide Scott Skinner-Thompson, docente de la Universidad de Colorado e investigador en temas de derecho constitucional y derechos civiles. En diálogo con El Espectador, el académico sostiene que la experiencia con el VIH demuestra que la criminalización de una epidemia puede tener efectos “contraproducentes”. Por un lado, dice, porque el recurrir al derecho penal hace que se oculte el panorama real de la enfermedad. Y, por otro, porque se estigmatiza a los portadores del virus, lo que es caldo de cultivo para que se profundice la desinformación y se haga más difícil el acceso a salud para las personas enfermas, entre otras consecuencias.
Skinner-Thompson asegura que ese primer efecto contraproducente de los delitos de propagación de epidemias se da porque, generalmente, “requieren que el portador sepa que tiene el virus para que se demuestre la intención de dañar a otro”. Pero, asevera, el resultado a largo plazo es que indirectamente se desalienta a la gente a que se haga pruebas para corroborar si tiene el virus. “Si la persona no conoce su estado, es posible que no pueda ser condenado por propagar la enfermedad. Pero si los gobiernos no hacen todas las pruebas posibles, no tienen una imagen clara del contagio y eso les impide tomar decisiones basadas en la evidencia”, agrega.
En el caso de la enfermedad COVID-19, un gran porcentaje de portadores del virus con diagnóstico no confirmado no desarrollan ningún síntoma, por lo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recomendado a los países: “Hagan pruebas, pruebas y pruebas”. El segundo efecto adverso, le explicó Skinner-Thompson a este diario, es que “la criminalización solo contribuye a empeorar el miedo y la paranoia”, pues la gente enferma es vista no como población vulnerable, sino como una potencial amenaza, con lo cual sectores de la sociedad de por sí marginados, como habitantes de calle o prostitutas, sufren una discriminación peor.
La ONG HIV Justice Worlwide, que lucha por eliminar la criminalización del VIH, también se refirió a la tendencia global de volver el contagio un delito. En una fuerte declaración contra el uso del derecho penal para enfrentar el nuevo coronavirus, expresó hace unos días: “La situación continúa evolucionando rápidamente y, mientras tanto, nuestras libertades están siendo limitadas sin precedentes (...) La criminalización no es una respuesta basada en evidencia científica a los problemas de salud pública. De hecho, el uso de la ley penal con mayor frecuencia socava la salud pública al crear barreras para la prevención, las pruebas, la atención y el tratamiento”.
Además, la ONG señaló un punto que también preocupa al profesor Skinner-Thompson, así como a Sun y Zilli: encarcelar a personas por el contagio del coronavirus es condenar a la población carcelaria, que no tiene cómo aislarse y cuenta con una precaria atención en salud. En Colombia, donde el hacinamiento en prisiones supera el 50 % y hay una histórica vulneración de derechos de los privados de la libertad, hasta ahora se ha otorgado casa por cárcel a todos los judicializados por asuntos relacionados con la COVID-19. El miedo en las prisiones colombianas y del mundo es latente y ha causado motines, desórdenes e incluso excarcelaciones masivas.
En África, la criminalización de actos relacionados con la COVID-19 ha llegado aún más lejos. Human Rights Watch denunció que en Kampala, capital de Uganda, 23 habitantes de calle que se encontraban en un refugio de una ONG para comunidad LGBT fueron sacados de allí por la Policía y sancionados por haber cometido un acto negligente que podría causar infección de la enfermedad: estar todos reunidos. En Ghana, el imán Sheikh Dr Osamanu Sharubutu hizo una alocución televisada en la que pidió que se prohibieran las reuniones de la comunidad LGBT, luego de que el presidente Akufo-Addo vetara congregaciones en mezquitas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Ambos países son conocidos por sus leyes represivas hacia la población LGBT.
El profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, quien a su vez preside el Colegio de Abogados Penalistas, le dijo a este diario que él sí está de acuerdo con la criminalización de medidas de salud pública. Según explicó, “el derecho penal tiene efectos disuasorios”. Así, afirma, el sentir temor por enfrentar multas o, incluso, un encarcelamiento, puede evitar que se violen las órdenes del Gobierno. En su criterio, hay una estrecha relación entre política criminal y salud pública, que explica, por ejemplo, que el narcotráfico sea un delito. La frontera, mantiene, es clara: “la intervención penal es necesaria cuando se pone en peligro la vida de las personas”.
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