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La Ley 2490 de 2025 ha abierto todo un debate en el sector del deporte en Colombia. Tras su aprobación en julio, se abrió una nueva vía de financiamiento para el deporte colombiano. La norma permite que empresas y personas naturales inviertan directamente en proyectos deportivos y reciban beneficios tributarios, en medio de una reducción significativa del presupuesto público del sector.
El Ministerio del Deporte pasó de contar con 1,36 billones de pesos en 2024 a 464.365 millones en 2025. Originalmente, el proyecto de presupuesto para 2026 previó apenas 310.000 millones, lo que representaba una caída del 77,3 % frente a 2024. Sin embargo, tras los debates en el congreso, terminaron sumando 200.000 millones más al presupuesto. No obstante, el riesgo de la disminución ha obligado a buscar alternativas que garanticen la continuidad de programas y la protección del derecho al deporte.
La nueva ley, que ya fue aprobada, pero ahora está en mora de reglamentarse desde hace casi cuatro meses, establece que los contribuyentes del impuesto de renta podrán celebrar convenios con fundaciones, clubes deportivos y organizaciones sociales reconocidas por el Sistema Nacional del Deporte. Los aportantes recibirán títulos o certificaciones, verificadas por los ministerios del Deporte y de Hacienda, que podrán usar como parte del pago de su impuesto sobre la renta.
El objetivo es canalizar inversión privada hacia proyectos de infraestructura, dotación, programas comunitarios, becas, manutención de deportistas y formación de entrenadores. También contempla el apoyo a iniciativas en municipios de difícil acceso, zonas ZOMAC y PDET, para reducir brechas en el acceso a la actividad física y recreativa.
Ayer, precisamente, se celebró un Congresillo Técnico, llamado “De la ley a las canchas”, en Bogotá. Allí, representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y varias fundaciones discutieron los pasos para su reglamentación. “Debemos llevar la promoción del derecho al deporte con una perspectiva de garantía para las juventudes, pero también para entrenadores y toda la gente del ecosistema”, señaló Jorge Iván Palomino Castro, defensor delegado. “Necesitamos ponernos creativos para proponer soluciones cuando hay amenazas de reducciones presupuestales como la que temimos este año”.
La Fundación Selección Colombia, la ley representa una oportunidad para consolidar el deporte como herramienta de transformación social. “El deporte permite formar ciudadanos y construir una sociedad más equilibrada. Esta es una oportunidad histórica para hacerlo con visión de país y de derechos”, afirmó Juliana Gómez, vocera de la entidad.
El enfoque del proyecto busca combinar responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. La ley no crea nuevas exenciones tributarias, sino que redirecciona mecanismos existentes hacia sectores vulnerables, con la promesa de transparencia y control estatal. La DIAN, junto con los ministerios de Hacienda y Deporte, deberá garantizar la trazabilidad de los recursos.
El reto inmediato es la reglamentación, que deberá completarse en un plazo máximo de un año. En ese proceso se definirán los criterios de selección de las entidades ejecutoras y los mecanismos de verificación de los títulos tributarios.
Para los promotores del proyecto, como exdeportistas y líderes comunitarios, el cambio va más allá del alto rendimiento. “El deporte educa y aleja a los jóvenes de la violencia, pero muchos territorios no tienen oportunidades ni apoyo. Esta ley puede llenar esos vacíos”, explicó uno de los participantes del congresillo.
La Ley 2490 surge como respuesta a una crisis presupuestal y a la necesidad de mantener vivo el ecosistema deportivo. Su implementación mostrará si el país logra sostener el derecho al deporte a través de un modelo mixto entre Estado, empresas y sociedad civil.
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