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Desde hace décadas, Palestina vive bajo la presión impuesta por Israel. No se trata solo de una ocupación militar o de la negación de un Estado: es un sistema de opresión estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida palestina, incluida la deportiva. En los últimos dos años, después del ataque del 7 de octubre de Hamás, ese cerco se ha intensificado hasta transformarse en lo que varios organismos internacionales califican abiertamente como un genocidio.
El deporte palestino ha sido una de las víctimas directas de esa violencia. Durante los ataques a Gaza, el estadio Al Yarmouk —el más importante de la Franja— fue ocupado por el ejército israelí y convertido en un centro de detención, tortura e interrogatorio. Luego fue destruido. La imagen de lo que alguna vez fue un campo de juego se convirtió en símbolo de la devastación total: no solo se arrasan hogares y escuelas, sino también los espacios donde los palestinos se aferran a la vida y a la esperanza.
Decenas de deportistas palestinos han sido asesinados, mutilados o encarcelados. Las fuerzas israelíes, según múltiples denuncias de organismos internacionales, han torturado a cientos de atletas. Otros han muerto bajo los escombros de estadios bombardeados. La Asociación Palestina de Fútbol para Amputados, fundada en 2018, está integrada por jugadores heridos en ataques israelíes: sobrevivientes que transformaron la tragedia en un acto de resistencia.
Las restricciones de movimiento entre Cisjordania y Gaza hacen imposible el entrenamiento conjunto o la participación internacional. Cada permiso, cada desplazamiento, depende de la autorización militar israelí. Muchos equipos no pueden siquiera cruzar los puestos de control para disputar un partido local. Y cuando lo hacen, se exponen a detenciones arbitrarias. Israel ha demolido centros comunitarios, prohibido el ingreso de atletas extranjeros y bloqueado la importación de material deportivo.
En el terreno institucional, el racismo también tiene su estructura. En las ligas israelíes existen clubes que promueven abiertamente el odio antipalestino, como el Beitar Jerusalén, cuyos hinchas celebran cantos de exterminio. En los asentamientos ilegales, los equipos israelíes reciben apoyo estatal y compiten bajo el amparo de la Asociación Israelí de Fútbol (IFA), pese a que se ubican en territorios ocupados. La FIFA y la FIBA permiten su participación, legitimando de facto una violación del derecho internacional.
Más de 300 clubes palestinos han firmado una carta dirigida al Comité Olímpico Internacional (COI) y a la FIFA pidiendo la expulsión de Israel de las competiciones internacionales. El llamado se agrupa bajo el movimiento #BanIsrael, inspirado en el precedente histórico del boicot deportivo a Sudáfrica durante el apartheid.
Sin embargo, pese a las denuncias y a los llamados de organismos como Human Rights Watch o parlamentarios europeos, los grandes entes del deporte mundial permanecen inmóviles. El COI, escudado en su principio de “neutralidad política”, ha declarado que Israel respeta la Carta Olímpica y que su caso no es comparable con otros como el de Rusia, que lleva varios años suspendido por su guerra con Ucrania.
El contraste con los rusos es evidente. En 2022, apenas días después de la invasión de Ucrania, el COI suspendió al Comité Olímpico Ruso por absorber entidades deportivas en territorios ucranianos anexados, violando la integridad territorial de otro comité nacional. La FIFA y la UEFA, en un movimiento coordinado, expulsaron a los clubes y selecciones rusas de toda competencia internacional. No hubo titubeos.
En cambio, Israel ha intensificado sus ataques sobre Gaza desde octubre de 2023 —con más de 66.000 muertos, según organismos humanitarios— sin sufrir ninguna sanción. Ni el COI, ni la FIFA, ni la UEFA han aplicado medidas similares. El argumento: que no existen “condiciones comparables” o “sanciones internacionales formales”. Un doble rasero que demuestra que el deporte global se rige tanto por criterios políticos como por alianzas geoestratégicas.
Ejemplos históricos desmontan esa excusa. Sudáfrica fue apartada del olimpismo durante 28 años por su régimen de apartheid. Yugoslavia fue vetada en 1992 por las sanciones de la ONU durante la guerra en los Balcanes. Afganistán, bajo el régimen talibán, fue excluido por no permitir la participación femenina. En todos esos casos, el COI apeló a la defensa de los derechos humanos y a la dignidad humana como principios esenciales. Hoy, frente a la devastación palestina, el silencio resulta ensordecedor.
La neutralidad que proclaman las federaciones deportivas se convierte, en los hechos, en un gesto político. Cuando el COI o la FIFA optan por no pronunciarse, están tomando partido: el de la inacción ante un sistema de opresión. La violencia que Israel ejerce sobre el deporte palestino no es colateral; es estructural, parte del mismo entramado de ocupación.
En el ciclismo, el equipo Israel-Premier Tech ha sido foco de protestas masivas en competencias europeas como la Vuelta a España, donde miles de manifestantes exigieron su exclusión. La organización y la UCI alegaron que no había base reglamentaria para hacerlo. Esa respuesta burocrática refleja una hipocresía profunda: cuando la presión viene de los gobiernos poderosos, las reglas sí se ajustan.
Mientras tanto, los futbolistas palestinos siguen entrenando entre ruinas, jugando sin público, compitiendo sin garantías. La clasificación de Palestina a los octavos de final de la Copa Asiática se convirtió en un símbolo mundial: un país sin Estado que, aun así, defiende su bandera en el campo de juego.
Si Sudáfrica fue expulsada del olimpismo por practicar el apartheid, ¿por qué Israel no ha sido sancionado por perpetuarlo? ¿Por qué la FIFA y el COI, tan ágiles en otros casos, mantienen la vista fija en el vacío? Las instituciones deportivas más poderosas del mundo se amparan en la retórica de la neutralidad, pero su silencio se convierte en cómplice de una violencia que se ejecuta a la vista del mundo entero.
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