A partir del 1 de julio, el país se embarcará en la nueva reforma pensional, que tendrá aplicación plena bajo la Ley 2381 de 2024. Lo hará, paradójicamente, bajo el espaldarazo de la Organización Internacional del Trabajo y la lupa de la Corte Constitucional.
El respaldo de la OIT, publicado mediante un análisis, señala que la ley no solo es compatible con los estándares internacionales mínimos de seguridad social, sino que podría permitir su ratificación formal.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, celebró el respaldo: “las reformas introducidas (…) aportan importantes avances al sistema nacional de protección social, principalmente al articular los dos componentes del nuevo pilar contributivo”.
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Pero este apoyo —similar a cuando recibió el visto bueno de la Procuraduría a finales de abril— todavía está pendiente de la defensa ante la Corte Constitucional y su implementación en 28 días a través del Decreto 514.
Durante años, el sistema pensional funcionó con dos rompecabezas, cada uno por su parte: Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que luchaban por los mismos cotizantes: formales, informales, hombres, mujeres, adultos de la tercera edad. Según la Presidencia, apenas se pensiona cerca de 25 % de los adultos en edad de pensión, y se prevé que pase a 53 % con la nueva ley, y en 2052, a 87 %.
La Ley 2381, con sus pros y contras, intenta corregir esa arquitectura bajo cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario.
El grueso llegará al pilar contributivo, que integrará Colpensiones y las AFP en un engranaje de cooperación. Según la OIT, esto garantiza mayor seguridad de ingresos y “reduce los sesgos de género que existían”.
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28 días para activar la reforma
El Decreto 512, publicado el 12 de mayo, definió a través de 100 páginas el mecanismo de la pensional. Desde las condiciones para acceder a una pensión anticipada hasta el rol del Banco de la República como administrador del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), el decreto delimita las responsabilidades, crea comités, establece rutas y anticipa posibles cortocircuitos.
Según el Mintrabajo, 69 % de las tareas críticas de interoperatibilidad entre Colpensiones y las AFP ya estaban listas a mediados de mayo. Eso incluye el reconocimiento de la historia laboral, los mecanismos de recaudo y afiliación, y la operación de los subsidios.
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La OIT celebra la integración de regímenes, el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres a través de créditos de cuidado y la creación de una prestación no contributiva para los más vulnerables. Los analistas, sin embargo, todavía agitan la pregunta: ¿es financieramente sostenible? Está por verse.
La Corte Constitucional aún no ha fallado sobre la ley. Su decisión puede refrendar el andamiaje, o en el peor escenario, exigir ajustes profundos.
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Lo que cambia, lo que queda
La Renta Básica Solidaria, financiada con recursos públicos, ofrecerá un ingreso mínimo a quienes nunca pudieron cotizar. No será una pensión formal, pero sí una red de contención contra la pobreza extrema.
- El pilar semicontributivo ofrecerá una renta vitalicia o devolución de saldos a quienes cotizaron sin alcanzar semanas suficientes.
- El pilar contributivo garantiza no solo la pensión de vejez, sino subsidios funerarios y protección por invalidez y muerte.
- Un comité directivo independiente, nombrado en parte por el Banco de la República, vigilará el FAPC bajo estrictas reglas de transparencia y sin conflicto de interés.
A todo esto se suma el Comité de Transición Operativa, donde participan Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, Colpensiones, las AFP privadas y Positiva.
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