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La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Funtic, por las presuntas irregularidades en la planeación de la licitación que hizo la entidad para la operación de Centros Digitales en las zonas rurales del país.
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Específicamente, por la forma en que se ejecutó el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados (1043 el 18 diciembre de 2020), por una cuantía de $70.243 millones, hoy en el foco de la opinión pública por haber falsificado las garantías financieras para quedarse con la licitación (FTIC-LP-038 de 2020).
La Contraloría aseguró que al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Corrupción fueron vinculados dos funcionarios de Funtic (Adriana Vanessa Meza Consuegra y Sandra Orjuela Méndez) y el supervisor del contrato (Camilo Alberto Jimenez Santofimio), así como el representante de la Unión Temporal Centros Poblados (Luis Fernando Duque Torres) y otros siete representantes legales de las empresas que la conforman. También se incluyó al representante legal de la fiduciaria BBVA ASSET Management S.A.
La investigación abarca, además, las irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría.
La entidad procedió a decretar las medidas cautelares correspondientes y dijo que adelantará las diligencias de versión libre y practica de pruebas para llegar a una pronta y oportuna decisión de fondo, sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la instalación de los centros digitales en el país y entregados en calidad de anticipo a la UT Centros Poblados.
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El contrato con la Unión Temporal Centros Poblados tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.