Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Ley de Rescate Económico parece seguir una receta conocida. En su evaluación de 2025 sobre Colombia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó una consolidación fiscal acumulada de 3,2 puntos del PIB entre 2026 y 2028, mediante medidas de ingresos y gastos. Entre ellas figuran la reducción de exenciones del IVA, mayores impuestos al consumo y la racionalización de algunas erogaciones públicas. No todas las recomendaciones del Fondo aparecen en el proyecto, pero varias encuentran correspondencia en las medidas propuestas por el Gobierno.
Lo particular es que no estamos ante un programa impuesto por el FMI ni ante una condicionalidad formal. Es el Gobierno el que propone instrumentos de consolidación casi calcados de los recomendados por el FMI, como alumno obediente. Sin duda, el desequilibrio de las finanzas públicas exige una corrección. La iniciativa que acompaña al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 responde a esa necesidad inmediata, pero no aborda las transformaciones necesarias para evitar nuevos desequilibrios.
La exposición de motivos sostiene que la consolidación fiscal reducirá la percepción de riesgo, mejorará las condiciones de financiamiento y estimulará la inversión privada hasta compensar los efectos de la contracción del gasto. La secuencia es reconocible, pero recuperar la confianza no equivale a transformar la estructura productiva, así como aumentar los impuestos de quienes ya contribuyen no significa ampliar la capacidad contributiva del país.
Le puede interesar: Es más fácil en el papel: los retos para la devolución del IVA que propone el Gobierno.
Una reforma con medidas de distinta naturaleza
Dentro de la Ley, se destacan iniciativas necesarias: los mayores impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas pueden contribuir a desincentivar consumos perjudiciales para la salud. Trasladar a la ADRES uno de los cuatro puntos porcentuales de los aportes parafiscales que reciben las cajas de compensación familiar es una propuesta valiente. Desde 1957, las cajas han ampliado sus funciones incluyendo la ejecución de políticas sociales como salud y vivienda para las que también administran recursos públicos.
¿Debe mantenerse inalterada la distribución original del 4 % de la nómina en un país tan distinto? Revisarla puede fortalecer la financiación de la salud sin elevar los costos laborales y abre una discusión que hasta ahora ha sido casi intocable.
Respecto al IVA, tema que aparece siempre en las reformas tributarias, la propuesta actual coincide con la recomendación del FMI de reducir exenciones y ampliar su base. Para compensar su incidencia regresiva se plantea EfectiVA, un mecanismo de devolución del impuesto pagado por los hogares beneficiarios. La propuesta tiene un potencial redistributivo interesante, pues busca compensar a los hogares de menores ingresos por la mayor carga tributaria.
Sin embargo, ese potencial depende de las condiciones de implementación. Cuando la devolución se limita a compras facturadas, su alcance disminuye considerablemente. El problema no es que EfectiVA carezca de fundamento, sino que sus resultados distributivos dependen de la capacidad efectiva para identificar transacciones y entregar devoluciones. Aunque la facturación electrónica ha avanzado, su cobertura sigue siendo limitada en las transacciones habituales de muchos hogares que recibirían la devolución. La progresividad esperada no debería confundirse con una progresividad garantizada.
El país que contribuye y el que no podemos observar
Detrás de esta discusión hay un problema más profundo: Colombia sigue teniendo dificultades para registrar la capacidad económica de una parte importante de su población. No se trata solamente de distinguir entre ricos y pobres, sino entre quienes tienen ingresos y transacciones identificables y quienes permanecen fuera de los registros que permiten establecer cuánto pueden contribuir.
La informalidad no equivale necesariamente a pobreza. Entre quienes trabajan por fuera de relaciones laborales formales hay personas con ingresos insuficientes, pero también trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y otras personas que pueden tener alguna capacidad contributiva sin que sus ingresos sean fácilmente verificables. No se trata de decir que todos deberían pagar, sino que el Estado no cuenta con información suficiente para distinguir adecuadamente sus situaciones.
El sistema de salud ilustra esta tensión. Más de la mitad de sus afiliados pertenece al régimen subsidiado, una realidad relacionada tanto con la pobreza como con la estructura del mercado laboral. Entre sus beneficiarios hay personas que necesitan plenamente el subsidio, pero también pueden existir personas cuya capacidad contributiva no está suficientemente identificada. La propuesta aumenta las obligaciones de quienes ya contribuyen, sin avanzar en la identificación de personas con capacidades económicas semejantes, pero con distintos grados de formalización.
Esto también se observa en la tributación. Es más sencillo aumentar las obligaciones de quienes reciben salarios formales, declaran renta o realizan transacciones identificables que establecer la capacidad de pago de quienes operan fuera de esos circuitos.
El Registro Universal de Ingresos (RUI), creado en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023, busca mejorar la información sobre los ingresos de los hogares mediante registros administrativos y estimaciones socioeconómicas. Sin embargo, su puesta en marcha ha enfrentado dificultades y todavía no opera plenamente. Conocer los ingresos de una población con elevada informalidad sigue siendo una tarea institucional pendiente.
La Ley busca más recursos, pero redistribuir las cargas entre quienes el Estado puede identificar no equivale a ampliar el universo de quienes tienen capacidad de contribuir. Financiar derechos universales exige ambas cosas: solidaridad entre quienes tienen distintas capacidades económicas y mecanismos para reconocer esas capacidades, incluso cuando los ingresos no provienen de empleos formales.
¿De dónde vendrá el crecimiento?
Esta ley acompaña el PGN de 2027, no un Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno adopta una estrategia fiscal identificable, mientras la estrategia de crecimiento que debería acompañarla no aparece con la misma claridad. La exposición de motivos supone que una menor percepción de riesgo, mejores condiciones financieras e incentivos tributarios estimularán la inversión privada hasta compensar la contracción del gasto público. ¿Qué sectores y actividades impulsarían ese crecimiento? Los anuncios sobre hidrocarburos, por sí solos, no responden a esa pregunta.
Es posible que unas finanzas públicas más estables favorezcan las decisiones de inversión. Pero no todos invierten solamente porque disminuyan sus impuestos. El contexto importa: tasas de interés, demanda de mercado, infraestructura, capacidades productivas y expectativas de rentabilidad. En un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por mipymes, estas restricciones pueden ser más importantes que la tarifa del impuesto sobre sus utilidades.
No se puede dejar de lado que venimos de un periodo en que parte del crecimiento económico se explicó por el consumo público y de los hogares, mientras la inversión productiva ha estado débil. Reducir el impulso fiscal puede ser necesario, pero sus efectos sobre la demanda pueden aparecer antes de que nuevas inversiones generen producción y empleo.
¿Qué actividades reemplazarán el gasto que se retira? ¿Qué empresas podrán responder a los incentivos tributarios? ¿Cuánto tiempo tomará la transición hacia un crecimiento menos dependiente del gasto estatal? Estos interrogantes necesitan más que “confianza”. La sostenibilidad fiscal exige considerar cómo responderán la demanda, la inversión, la productividad y el empleo a las medidas propuestas.
Ajustar no es transformar
La Ley de Rescate Económico puede contribuir a corregir el desequilibrio fiscal. Pero esta estrategia, por necesaria que sea, no equivale a una estrategia de crecimiento. Y mientras no se conozca cómo se articulará con las prioridades del próximo PND, es difícil establecer qué transformación económica se espera que acompañe el ajuste.
La economía colombiana sigue caracterizada por una profunda heterogeneidad productiva y laboral. Esta estructura no desaparece porque se corrija el déficit. Mientras no se avance en reducir esas brechas, ampliar las capacidades productivas y construir un sistema de información que permita conocer mejor los ingresos reales de la población, las reformas fiscales seguirán concentrando buena parte de sus cargas sobre quienes ya aparecen en los registros. Y sin un crecimiento económico que amplíe la producción, el empleo y la base tributaria, el recaudo seguirá dependiendo excesivamente de aumentar las obligaciones de los mismos contribuyentes.
La paradoja es que podemos adoptar voluntariamente instrumentos de consolidación que el FMI lleva años recomendando, mientras sigue sin estar clara la estrategia de crecimiento que permitiría depender menos de nuevos ajustes. Una cosa es financiar el presupuesto y recuperar el equilibrio de las cuentas públicas; otra, construir una economía capaz de sostenerlo.
*Exviceministra técnica de Hacienda y profesora de la U. Nacional.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más
-
Jorge(8715)•09 de noviembre de 2026 – 08:34Excelente columna que muestra claramente que el equipo de gobierno carece de conocimiento y capacidad técnica para diseñar una estrategia clara que relacione ajuste fiscal, transformacion productiva y crecimiento. La receta trillada ideológica no demostrada de la causalidad mecanica entre ajuste fiscal, reduccion de impuestos a las grandes empresas y confianza denota pobreza conceptual en el gobierno.
-
Gabrie(17286)•09 de noviembre de 2026 – 00:33Progresividad no regresividsd el que tiene más que pague más ojo
-
Francisco(28018)•08 de noviembre de 2026 – 22:26Difícil encontrar un artículo en El Espectador tan bien redactado y argumentado. Lo mejor de EE son los columnistas independientes.
