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La alerta parte del anuncio de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM.
Ante ese escenario, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hizo un llamado “urgente” a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio”, señaló en un comunicado. La estabilidad operativa de la región depende de una red eléctrica que cubre más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos.
La ANDI sustenta su pronunciamiento en el artículo 4 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 5 de la Ley 143 de 1994. Ambas establecen que el servicio público de energía eléctrica es esencial.
En la sentencia T238/24, la Corte Constitucional reiteró que, aunque el derecho a la huelga es legítimo, encuentra límites cuando afecta servicios cuya interrupción compromete derechos superiores.
ESSA es filial del Grupo EPM, una de las principales empresas públicas del país. La estabilidad de su operación es clave en una región donde la industria, el comercio y los servicios dependen de la confiabilidad del sistema eléctrico.
La ANDI advierte que una eventual interrupción también afectaría a 4.921 cuentas de manejo especial, entre ellas:
- 517 establecimientos de salud.
- 71 usuarios electrodependientes (personas cuya vida depende de equipos eléctricos).
- 47 hogares geriátricos.
- 3.492 instituciones educativas.
- 28 centros penitenciarios.
- 260 acueductos.
- 6 aeropuertos.
- 40 nodos de telecomunicaciones.
“Instamos a las partes a priorizar el diálogo institucional sobre medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región”, concluyó el gremio.
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