El Consejo de Estado anunció que la decisión sobre la legalidad o ilegalidad del proceso de enajenación de la participación del Estado en Isagen será notificada a las partes en los próximos treintas días, luego de que tanto el Gobierno como los demandantes presenten sus alegatos frente a más de 50 pruebas que fueron incluidas dentro del proceso.
Según el magistrado Hugo Bastidas, las solicitudes hechas a la Contraloría para determinar el impacto de la venta sobre la estructura patrimonial del Estado, los estados de pérdidas y ganancias de los últimos cinco años y el histórico del valor de la acción de la firma, entre otros, fueron entregadas y serán tenidos en cuenta para la decisión final.
Estos argumentos se sumarán a las definidas en la audiencia del 8 de julio cuando el alto tribunal se solicitó establecer si la venta de la generadora constituye una violación a la regla fiscal (mecanismo que garantiza que el gasto esté acorde con los ingreso estructurales de largo plazo) y si se vulneró el proceso de democratización al fijar un precio más alto de la acción (de $2.850 a $3.178).
El Gobierno Nacional asegura que el objetivo de la venta de este activo, por el que se pagarían más de $5 billones, es la financiación de las vías 4G. Sin embargo, los opositores manifiestan que la empresa tendría un valor mayor y que, aunque la infraestructura se necesita, estos activos no son reemplazables entre sí.
José Roberto Acosta, representante de Hélber Castaño (miembro de Sintraisagen), advirtió de un supuesto cabildeo que llevaba a cabo el Gobierno para lograr que el Consejo de Estado dé su fallo en los tiempos establecidos.
La razón de esta supuesta presión del Gobierno obedece a que si la decisión del alto tribunal se conoce después del 24 de septiembre, cuando vence el decreto con el que se reglamentó la venta de Isagen, el Ejecutivo tendrá que empezar de cero todo el proceso de enajenación.
Sin embargo, durante la audiencia, Bastidas aclaró que a partir de hoy las partes tendrán diez días para presentar sus alegatos y posteriormente serán notificados por escrito sobre la decisión final. Es decir, a mediados de septiembre se sabrá si el Ministerio de Hacienda puede seguir adelanta con el proceso de enajenación.