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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que aplazó indefinidamente la adjudicación del Canal del Dique: licitación por $3,1 billones que dejará en manos de un concesionario las obras para controlar el tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, así como para mitigar el riesgo de inundaciones en la zona de influencia. Esta ya es la cuarta vez que se suspende la entrega de este proyecto.
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El Canal del Dique se iba a adjudicar el último día hábil del gobierno Duque, pero en medio de una polémica se corrió para el 12 de agosto. Antes de que se cumpliera el plazo, el nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que se movería un mes más. Aunque el funcionario dijo que sería “la última suspensión”, la ANI dio una nueva fecha, el 30 de septiembre. Y una vez más se suspende la licitación, pero esta vez no hay fecha de cuándo se reanudará el proceso.
En esta oportunidad la ANI dijo que no adjudicará el proyecto del Canal del Dique mientras la Corte Constitucional no decida la competencia del juez de tutela encargado de resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto.
Se trata de una tutela presentada por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo (Bolívar), que exige el derecho a que se lleve a cabo el proceso de consulta previa. El Juez Sexto Administrativo de Cartagena admitió el recurso y decretó medida cautelar que implica la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación del proyecto.
“Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, teniendo en cuenta que en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de tutelas masivas que debe conocer un mismo juez constitucional. El Juzgado de Sincelejo, sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido por lo que propuso conflicto negativo de competencia. Ante la controversia judicial, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que tome una decisión sobre cuál juzgado debe decidir sobre la tutela presentada por la comunidad de Hato Viejo”, explicó la ANI.
La entidad agregó que mientras se resuelve la competencia del juez de tutela seguirá adelantando diálogos con las comunidades, expertos y diferentes sectores.
Proceso accidentado
El Canal del Dique es un proyecto que ha enfrentado fuertes críticas, que van desde inquietudes sobre sus impactos ambientales hasta la participación efectiva de las comunidades de la zona. Incluso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que se garantice la búsqueda de desaparecidos en esta zona.
Las alertas de los órganos de control son otra pieza del rompecabezas. La Contraloría manifestó inquietudes sobre la estructuración del proyecto para el Canal del Dique, como el licenciamiento ambiental, el riesgo arqueológico y la obligación de dragar el canal sin tener definido el nivel de servicio que se le exigirá al concesionario, por ejemplo. La entidad también pidió evaluar las afectaciones reputacionales y la capacidad de Sacyr, único oferente de obtener los recursos para ejecutar simultáneamente dos proyectos que suman $7 billones: El Canal del Dique y la APP de Buga-Buenaventura.