18 Dec 2011 - 9:01 p. m.

"Aquí no hay locomotora minera": Eduardo Chaparro

El gremio habla del sector en el país, pide mayor control fiscal sobre las empresas que están en el negocio y dice que lo que hay es un auge de exploración.

Carolina Cantillo

La minería, ese sector al que tanto le está apostando el Gobierno para generar empleo, aumentar la inversión extranjera y fortalecer la economía, al que montaron en una de las locomotoras de desarrollo, parece que no despega y que tampoco está en medio de ese boom que promocionan algunos de sus protagonistas.

Por eso, en medio de los intensos debates que tuvieron lugar en el Congreso y donde finalmente a las regalías se les dio una carta de navegación, aparecieron quienes aseguran que en Colombia no hay ninguna locomotora minera. O por lo menos eso es lo que opina Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi, el gremio de los industriales, quien en conversación con El Espectador dejó claro, a su juicio, cuál es la coyuntura que vive el sector, hacia dónde va y cuáles son los obstáculos que tiene para arrancar de una vez por todas.

Se empieza a estructurar un proyecto de ley que pretende aumentar el porcentaje que deben pagar las mineras por concepto de regalías…

Si uno se pone a revisar lo que ha sido la historia de los precios de minería en los últimos 40 años, la gráfica es con altos y bajos, pero siempre con tendencia a la baja. Hace siete años empezó un proceso de recuperación, antes de eso el oro estaba a US$250 o US$260, y muchas minas pequeñas cerraron porque esos precios no cubrían los costos de la operación. En ese momento a nadie se le ocurrió decir que les bajaran a las regalías. Pero lo justo sería que éstas se grabaran sobre la base de costos y no de precios. Inteligentemente, el senador Robledo dice que no las pactemos sobre precios. Pero la pregunta es: si estoy perdiendo plata, ¿por qué me cobran como si estuviera ganando?

El senador Jorge Enrique Robledo denunció que el Estado estaría a punto de perder 23 toneladas de oro —$1,9 billones—, porque al hacer la relación entre las cuentas de producción y exportación que han reportado las mineras, esta cantidad de oro no se encuentra en los balances oficiales…

En lo que sí estamos de acuerdo con Robledo y el ministro de Minas es que necesitamos con urgencia una institución que tenga capacidad de gestión y, por amor a Dios, que conozca del negocio minero, porque si no lo conoce no podrá regular. Que nos fiscalicen a la entrada y a la salida. Porque aquí hay municipios en donde construyen velódromos cuando la gente no tiene agua para tomar, como sucede en Cesar. Entonces los mineros pagan, se quedan con la fama y sin la carne.

¿Colombia se está beneficiando de la locomotora minera?

Primero que todo, aquí no hay locomotora minera. El único que de buena fe cree que hay una es el presidente Santos, pero los hechos reales hablan por sí solos. Cuando uno escucha a Robledo, a Guillermo Rudas y a Julio Fierro hablando de trasnacionales y multinacionales, uno cree que están hablando de unos monstruos gigantescos. Pero no, estas son pequeñas compañías del orden internacional que van a buscar capital de riesgo, por ejemplo, de la Bolsa de Toronto y lo traen. Y si encuentran algo, tratan de conseguirse la plata a palancazo y no financieramente. Pero las grandes no están aquí ahora, están hace más de 45 años, como Chevron. Lo que ha llegado ahora son pequeñas compañías que invierten y si no encuentran nada, pues pierden la plata, nadie los indemniza por eso. El potencial del país técnicamente es muy grande, pero lo que tenemos ahora es un auge de exploración. Porque el país le dijo al mundo: quiero que venga e inviertan en minería. Pero después de estar cinco o seis años invirtiendo, como le ocurrió a la Greystar (hoy Eco Oro), le dicen que tiene que desistir del proyecto, porque en donde usted estaba explorando mañana será un parque. Es como dice un conocido: “Hoy me acuesto a dormir en mi finca y mañana me puedo levantar en un parque”. Cada título minero tiene su propio parque. Santos jamás ocultó en su campaña que iba a tener cinco locomotoras, entre esas una minera, y en ese momento nadie dijo nada. Fue hasta su posesión cuando todo el mundo empezó a decir que el medio ambiente, que el empleo, que el agua… Entonces todo esto le da cabida a que los extractores ilícitos hagan sus actividades en esos lugares. Usted le dice a la minera formal: no puede porque esto ahora es un parque, pero a los primeros (informales) eso no les va a importar.

Según un estudio que desarrolló la U. de los Andes para la Upme, el goverment take de la renta minera es sólo del 22%, incluyendo parafiscales y restando todas las deducciones que se les han dado a las mineras. ¿Ustedes dicen que la renta sobrepasa el 70%?

En cuanto a los beneficios tributarios, éstos no se crearon específicamente para el sector minero, sino para todo el mundo. De acuerdo con los estudios que estamos haciendo, el sector minero está pagando más de lo que dice el desvirtuado estudio de la Universidad de los Andes. La idea es que se pague lo justo. Además, si se tiene que pagar más, los mineros lo hacen porque a ellos les interesa estar bien con la comunidad. La participación del Estado en la renta minera está en el orden del 50%. Frente a este estudio, el mismo ministro de Minas lo descalificó por aspectos técnicos y lo hizo también el director de la DIAN, quien tiene los ojos puestos en el sector minero y, además, asegura que no es verdad lo que dice tal estudio de que el Goverment Take es del 22%. Tanto el ministro como el director de la DIAN dicen que no es del 70%, como lo aseguran los mineros, pero está cercano al 50%. Respeto la opinión del senador Robledo, porque es consecuente con su ideología de izquierda, pero aquí la discusión debe ser técnica y no política. Además, si se trata de castigar los hechos punibles cometidos por empresas del sector, entonces, ¿cuántas mineras han sido sancionadas? En el debate de control político en la Comisión quinta del Senado, citado por Robledo, el 22 de noviembre de 2011, el mismo director de la DIAN dijo que era necesario hacer un profundo análisis en un sector que las inversiones y ganancias son a largo plazo.

¿En qué consistiría ese análisis?

Es que sólo para sacar el título minero se necesitan cuatro años y de resto es pague y pague. Y a usted no le pueden exigir que deje el capital quieto, se tiene que invertir en otras áreas. Si se entrega el título minero, se hace la exploración y se empieza a construir la mina, en este punto del proceso ya se pudo haber invertido US$1.400 millones en un lapso de siete u ocho años. Y después de ese tiempo, sin haber recuperado la inversión, se tiene que cumplir con las obligaciones tributarias. Porque la rentabilidad de este negocio es a 20 o 30 años. Además, de cada 1.000 prospectos, uno se vuelve proyecto. Y de cada 100 proyectos, uno se vuelve mina. Mientras tanto, todo eso dinero se evapora en exploración.

El mismo estudio afirma que las mineras que deben pagar el canon superficiario por la licencia de exploración no lo están haciendo…

El que desarrolló este estudio es un economista muy mediático al que entrevista todo el mundo y él no aclara que el canon no lo deben pagar todas las mineras. Primero, la minera que tenga título de concesión ya no lo debe pagar. Segundo, le está echando la culpa al minero de lo que no hace el Estado, que es el recaudo.

El escándalo por la feria de títulos mineros en el país tiene a las empresas que usted representa en la mira de la opinión pública…

Al país no se le está contando la verdad. En ninguna ley se establece que una persona pueda tener 10 o 20 títulos. Ahora se dan cuenta de que a Ingeominas le entró el virus de la corrupción y que sólo en un año se repartieron títulos a diestra y siniestra. Entonces a las víctimas las quieren convertir en victimarios. Sin decirlo, dejan la duda de que quienes quieren hacer minería legal están corrompiendo a las instituciones, pero la verdad es que somos víctimas de la corrupción que atravesó al Estado. Hasta el momento no hay ni una sola minera que esté en un proceso legal por esto. En Ingeominas hubo un claro proceso de omisión de fiscalización que echó al traste todos los procesos de promoción que hicimos hace 20 años.

“Hay que exigir a las empresas mayores estándares”

“No puedo hablar por todas las mineras que están haciendo exploración en este momento. Pero desde que llegamos a Colombia, Anglo Gold Ashanti ha pagado más de US$31 millones de canon superficiario. No me parece que se generalice que las mineras en exploración no lo estén pagando. Quiero invitar a quienes están provocando este debate para que den ejemplos puntuales.

Éste debe superar una discusión equivocada de minería. El país no puede quedarse en la disyuntiva o en ese discurso que los detractores de la industria quieren imponer: minería o agua, minería o vida. Mejor pasemos a otro discurso que plantee cómo hacemos para que haya un desarrollo sostenible: minería y vida, minería y agua. Porque nos estamos quedando atrás. En Perú, Chile, Brasil ya se está trabajando sobre este concepto. Hay que exigirles a las empresas los mayores estándares y que los cumplan, así como promover este tipo de desarrollo por parte del Gobierno, aprovechar la renta que le deja la minería”.

Se están construyendo los rieles de la locomotora

Mientras que el país cree estar montado en la locomotora minera, la directora ejecutiva del sector Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez Jaramillo, sostiene que hasta ahora se están construyendo los rieles que le permitan rodar rápidamente y poder jalonar la economía.

Si bien se ha avanzado considerablemente, la dirigente gremial explicó que el país requiere normas claras, ya que Colombia no es el único con potencial minero y las inversiones podrían irse a otro lugar.

El Gobierno tomó medidas en contra de la informalidad y la ilegalidad, así como estableció la institucionalidad, y existen buenas expectativas del sector, pero se requiere celeridad para cumplir con estas políticas.

Otro aspecto que se necesita es la construcción de infraestructura y por ello la minería de gran escala espera hacer inversiones de US$8.500 millones en los próximos cinco años, recalcó Jiménez Jaramillo.

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