19 Aug 2020 - 6:39 p. m.

Archivan investigación contra Comfinagro por supuestos actos anticompetitivos

La sociedad fue vinculada al cartel de las raciones militares, sin embargo, no se encontró que propiciara actividades ilícitas.
Imagen de referencia.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó la investigación que adelantó durante dos años contra Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A. (Comfinagro S.A.) por su presunta participación en actos contrarios a la libre competencia. Las acusaciones se enmarcaron en una serie de operaciones del mercado de compras públicas con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) entre 2011 y 2018.

Comfinagro fue vinculado al proceso como responsable de las malas prácticas de su comisionista y de la falta de control sobre este. No obstante, demostró que no participó ni facilitó los acuerdos ilegales que le fueron probados a su operador asociado.

La SIC indicó en la resolución 42543 del 29 de julio que parte de la dinámica anticompetitiva ejecutada por los investigados implicó que varios de los agentes del mercado eran representados por un único operador, quien ya fue multado por la entidad.

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Sin embargo, determinó que el hecho “no resulta relevante para efectos de la presente actuación, la configuración o no de un conflicto de intereses en cabeza de este operador, según el reglamento de la BMC”.

Por estas razones, el despacho procedió a archivar la investigación en favor de la sociedad comisionista de bolsa.

A inicios de este mes, la SIC informó que impuso una multa de $8.381 millones a cuatro empresas y 10 personas naturales por haberse cartelizado en los procesos de adquisición de productos de comidas listas y panadería larga vida para la conformación de raciones militares y que fueron adelantados por la ALMF en el mercado de compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Las empresas Catalinsa, La huerta del Oriente, Iberoamericana de Alimentos y Prolac mantuvieron un acuerdo ilegal para distribuirse las adjudicaciones, hecho que afectó la libre competencia en 18 procesos de adquisición llevados a cabo entre enero de 2011 y marzo de 2018.

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