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Fallas en el proceso de cedulación que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, consistentes en falta de control y seguimiento en la expedición de documentos de identidad que llevan más de un año en el proceso de producción, en perjuicio de la ciudadanía y desconociendo los términos para este trámite, detectó la contraloría General.
El informe destaca que se encontró deficiencias en el Sistema MorphoTop –dispositivo de captura de huellas en vivo-, lo que genera tardanzas en la elaboración de cédulas de primera vez, renovación y rectificaciones.
A pesar de que las Registradurías Municipales, Auxiliares y Especiales cuentan con el dispositivo MorphoTop, mediante el cual se realiza la toma de huellas en forma digital, éste no genera validaciones de calidad de la huella, lo cual ha generado que el documento deba ser reprocesado en tarjetas decadactilares, aumentando de esta manera los tiempos de atención en los productos y servicios de identificación, dice el informe de prensa.
En lBarranquilla se ha presentado mora de entre 18 y 24 meses en la producción y entrega de documentos de identidad, remarca el estudio presentado por la entidad de control de las finanzas públicas.
En la auditoría efectuada a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre su gestión y resultados para la vigencia 2013, se evidenció falta de control y seguimiento en la depuración y actualización del Censo Electoral y la ausencia de un sistema que consolide las novedades de altas y bajas del mismo, lo que impide conocer el estado actual de las cédulas de ciudadanías aptas para votar, precisa el comunicado.
La plataforma One Base –que permite la digitalización e indexación del formulario E11- estaba desactualizada, lo que imposibilita verificar los sufragantes para ejercer el derecho al voto en las elecciones.
Resalta la contraloría General que en cuanto al nombramiento de jurados de votación, se determinó que por deficiencias de control y verificación en el sistema, se presenta duplicidad en su designación y es así como, en una misma jornada electoral, una persona es nombrada en diferentes zonas, puestos y mesas de votación, situación que obliga a sancionar al jurado por inasistencia, generando desgaste administrativo por no realizar verificaciones previas al respectivo acto sancionatorio, que posteriormente debe revocarse.
Recaudo
Dice el informe que de acuerdo con la información reportada por la Registraduría Nacional a la comisión auditora, se estableció que durante la vigencia 2013 el 10% por concepto de expedición de copias de Registros Civiles ascendió a 1.453 millones de pesos, recursos girados por 661 Notarías de las 767 autorizadas. Quiere decir que 106 Notarías no reportaron valor por concepto de copia de Registro Civil en 2013, lo que crea incertidumbre sobre el recaudo del 10% referido, que constituye una de las fuentes de ingreso de la Registraduría.
Esto obedece a que la Registraduría Nacional no cuenta con un mecanismo que le permita ejercer control sobre copias expedidas por concepto de Registro Civil de nacimiento, matrimonio y defunción, por parte de las notarías.
En materia contractual, para la vigencia 2013 la Registraduría Nacional celebró 281 contratos, por 543.820 millones de pesos, en las modalidades de contratación directa, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. En el desarrollo de la auditoria, se revisaron un total de diez contratos, equivalente a un 88% del valor de la contratación por un monto de 476.219.8 millones de pesos.
En la auditoría realizada al Consejo Nacional Electoral sobre la ejecución tanto de los recursos públicos en la vigencia 2013, que ascendieron a los 9.819 millones de pesos, como la administración de los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política en la misma vigencia, la Contraloría General de la República encontró falencias en los procesos administrativos relacionados con los topes de campaña.
De la evaluación realizada a la distribución de los recursos estatales para financiación de los partidos y movimientos políticos, se encontraron inconsistencias en la información oficial consolidada, la cual fue objeto de modificación y conciliación, situaciones que generaron mayores y menores recursos a entregar a los partidos, así como falta de diligencia administrativa que ocasionó caducidad para posibles acciones sancionatorias, según el informe de prensa.