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El aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de diciembre, tendrá un impacto directo sobre las finanzas públicas. Así lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que estimó que esta decisión sumará al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal en 2026 y que su efecto se intensificará en los años siguientes.
De acuerdo con el CARF, el mayor costo fiscal del aumento del salario mínimo se explica principalmente por su efecto sobre el gasto en pensiones, en especial en el régimen de prima media, donde muchas mesadas están atadas a un salario mínimo. Solo por este concepto, el Comité estima un gasto adicional cercano a COP 4,7 billones.
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A lo anterior se suma el impacto sobre los salarios de los funcionarios públicos que devengan un salario mínimo, lo que elevaría el gasto en COP 0,6 billones. Adicionalmente, el CARF advierte que existen otros efectos fiscales no cuantificados, entre ellos mayores costos en bienes y servicios como vigilancia y aseo, que se ajustan con el salario mínimo.
En el frente de ingresos en las cuentas públicas, el CARF advirtió que el mayor costo salarial también tendría efectos sobre el recaudo tributario. En particular, la entidad estima una reducción cercana a COP 2,7 billones en el impuesto de renta, asociada a una disminución parcial de los márgenes de utilidad de las empresas.
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Sin embargo, el mismo CARF reconoce en sus proyecciones que no incorpora posibles efectos positivos derivados de un mayor consumo derivado de un mayor salario mínimo para los cerca de 2,4 millones de trabajadores que, según el DANE, devengaron esta prestación en 2025.
Aun así, el CARF advierte que este menor recaudo se suma a las presiones fiscales generadas por el aumento del gasto público atado al salario mínimo, lo que “aleja la posibilidad de retornar a la senda de la regla fiscal” y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública, como indicó la entidad a través de un comunicado.
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