Centros Poblados: Veeduría Ciudadana del Bien Común pedirá la nulidad del contrato

Ahora esperan llevar internet a 688 escuelas menos.

Foto: UT Centros Poblados

Tras varios meses de estallar el escándalo de Centros Poblados (caso en el que el consorcio que lleva ese nombre evidenció una serie de incumplimientos en la misión de llevar internet a 7.277 escuelas del país, pese a contar con un anticipo de $70.000 millones, y que terminó con la renuncia de la para entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen), se conoció que la unión temporal Colombia Conecta (conformada por la ETB y Skynet) será la que dará continuidad a ese contrato.

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Así lo confirmó el jueves la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, argumentando que el contrato les fue cedido por haber quedado en el segundo lugar del proceso licitatorio, con el detalle de que ahora esperan llevar internet a 688 escuelas menos.

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Luego de conocerse esta noticia, que ya se veía venir, el veedor de la Veeduría del Bien Común, Henry Anaya, manifestó su desacuerdo, e incluso anunció lo que serían una serie de acciones para impedir que la ETB y Skynet ejecuten este contrato.

En entrevista con El Espectador, Anaya asegura que, para comenzar, el Ministerio ni siquiera debería continuar con el contrato que resultó infructuoso con Centros Poblados pues, agrega, es un documento que está “viciado”, “contaminado”. Es por esto que propone la creación de otro con el que se habilite una nueva licitación, ya que en su concepto la ETB y Skynet son operadores “seleccionados a dedo”.

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“La Ley señala que se tiene que abrir un segundo contrato cuando los procesos del primero no son claros o transparentes. En esa licitación jamás se llevó a cabo un proceso transparente, pues se permitió que Centros Poblados participara irregularmente presentando garantías falsas, modificando la estructura de proponentes y sacando del proceso a dos multinacionales con la capacidad de ofrecer internet satelital (lo que algunos consideran como la mejor opción para llegar a las zonas más apartadas del país”, dijo.

Su segundo argumento es que, desde la veeduría que representa, considera que la ETB no tiene la suficiente capacidad técnica ni financiera para ejecutar el contrato.

“La ETB jamás le ha brindado servicios de tecnología e internet a los niños bogotanos de las zonas rurales, En este proceso aparecen por lo menos diez escuelas en la ruralidad de la capital, en la localidad de Sumapaz. Ahora imagínese el reto que tiene de atender a Arauca, Chocó y Putumayo (entre los otros 13 territorios adicionales que contempla la denominada región B a la que busca beneficiar el Mintic)”, añade.

Para este veedor, el proceso que adelanta la actual ministra de la TIC, el de dar continuidad a este contrato, “es otro gol que nos quieren meter en navidad. Nos cogen con la justicia en vacaciones”, dice, al agregar que además de solicitar la nulidad del contrato, pedirán a la magistrada ponente que evite y suspenda todo el proceso ya que, al parecer, los reclamos que llevaron al Mintic hace unos días mediante una carta no fueron atendidos.