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Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la compra de un predio rural en el municipio de Chimichagua, Cesar, realizada por la Agencia Nacional de Tierras dentro de los procesos de adquisición para el Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral. Desde la ANT precisaron que la compra del predio se efectuó durante la administración del entonces director de la ANT, Gerardo Vega.
El pasado 24 de noviembre, la Contraloría General de la República alertó sobre un hallazgo fiscal por $4.161 millones, asociado a la compra del predio conocido como “La Grosería”, en Chimichagua, Cesar. Según el ente de control, el terreno se encontraba previamente ocupado de manera irregular por familias, no cumplía con los criterios técnicos exigidos para este tipo de compras y presenta, en su mayor parte, suelos catalogados como improductivos para actividades agropecuarias.
Este miércoles, 26 de noviembre, la Agencia Nacional de Tierras se pronunció al respecto y defendió la legalidad de la compra del predio, así como explicó las razones detrás de la adquisición.
Los hallazgos de la Contraloría
De acuerdo con la Contraloría General de la República, el predio “La Grosería” se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, que habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble. Pese a que esta situación era conocida antes de la operación, la Agencia Nacional de Tierras procedió con la compra del predio.
El ente de control señaló que esta ocupación estaba formalmente registrada en el Acta de Compromisos suscrita entre entidades del orden nacional y municipal, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y las comunidades campesinas organizadas del Cesar. En ese documento se reconocía expresamente la existencia de los asentamientos y se había acordado instalar una mesa de diálogo para concertar soluciones sobre el acceso a la tierra.
Según la Contraloría, esa situación limitaba la libre disponibilidad material del predio al momento de su adquisición. Además, indicó que la ANT realizó la compra sin verificar plenamente la situación jurídica ni el estado real de ocupación del inmueble, incumpliendo los procedimientos técnicos y legales exigidos antes de su incorporación al Fondo de Tierras.
En su informe, la Contraloría también puso el foco en la utilidad productiva del predio “La Grosería”. Con base en información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el ente de control señaló que la mayor parte del terreno corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, es decir, suelos catalogados como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
El ente de control concluyó que el predio no cumple con los parámetros de vocación productiva y aprovechamiento sostenible exigidos por la normatividad agraria para su incorporación al Fondo de Tierras. Por lo tanto, señaló que el terreno no podría ser utilizado en los proyectos agropecuarios vinculados a la Reforma Rural.
Por todo esto, la Contraloría concluyó que la compra del predio afectó la eficiencia técnica y económica del Fondo de Tierras y representó un uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
Por qué se compró el predio, según la ANT
Tras el concepto de la Contraloría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró este miércoles que la compra del predio “La Grosería”, realizada durante la administración del entonces director de la entidad, Gerardo Vega, se dio en el marco de un acuerdo interinstitucional orientado a resolver un conflicto social y evitar un desalojo masivo de las familias que ocupaban el terreno desde hacía varios años.
“El predio fue adquirido para avanzar en la solución pacífica de un conflicto social histórico, evitar un desalojo masivo, garantizar derechos campesinos y consolidar la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio”, indicó la entidad en un comunicado.
Según la ANT en ese acuerdo participaron, entre otras instituciones, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, con el objetivo de encontrar una salida pacífica y definitiva a la situación en el territorio. La ANT señaló que este compromiso quedó consignado en un acta suscrita por las entidades participantes, documento que también fue citado por la propia Contraloría.
La entidad indicó, además, que la Corporación Lucha y Siembra (CORPOSIEMBRA) y sus integrantes se encuentran inscritos en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirantes a acceso a tierra a título gratuito, por lo que a criterio de la entidad sí cumplen con los requisitos legales para ser adjudicatarios de la Reforma Rural.
ANT sostiene que el predio sí es productivo
Frente a los cuestionamientos sobre la aptitud del terreno, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que el predio sí cumple con las condiciones exigidas para su uso agropecuario y para el desarrollo de proyectos de Reforma Agraria.
De acuerdo con la información de la entidad, el predio presenta relieves planos y suelos fértiles, y el 71,04 % del terreno cuenta con buenas condiciones para el manejo de pastos y cultivos, incluidos palma de aceite y cultivos de pancoger.
Asimismo, indicó que se identificaron potencialidades para ganadería y cultivos semestrales y que, actualmente, en el predio ya se desarrollan iniciativas productivas de maíz, yuca, plátano, coco y otros cultivos, impulsadas por las familias campesinas reconocidas dentro del proceso de adjudicación.
A juicio de la AND no existe detrimento patrimonial en este asunto, por cuanto la compra del predio se realizó mediante oferta voluntaria de los propietarios y con avalúo técnico que determinó el valor comercial.
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