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Las visitas que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría, la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons han generado polémica.
El martes, la procuradora general, Margarita Cabello, anunció la apertura de una investigación contra nueve funcionarios de la Superindustria por presuntas irregularidades durante la visita a la Registraduría el pasado 12 de marzo de 2023. En el documento con el que se abrió la investigación, el Ministerio Público señaló, entre otras cosas, que la entidad habría requerido información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral relacionada con los procesos electorales entre 2019 y 2024.
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En entrevista con El Espectador, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, aseguró que la entidad tiene la competencia para solicitar la información y adelantar las visitas y que todas las actuaciones se han hecho según la ley.
“El llamado es a que nos permitan, en el marco de nuestras competencias, ejercer nuestra función para acceder a la información que necesitamos para adelantar las investigaciones, en beneficio de los colombianos y del bien común”, afirmó Rusinque.
Frente a la pregunta de si considera que se le ha negado información a la entidad en el marco de las indagaciones, la superintendente dijo que no solo lo considera, sino que lo puede afirmar: “hay funcionarios que en medio de toda la supuesta polémica por las visitas se han negado a acceder a una entrevista, a responder a inquietudes y algunos, a entregar información”.
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Agregó que estas conductas obstaculizan la investigación y podría incluso violar el régimen de competencia.
La empresa Thomas Greg & Sons ha impreso los pasaportes en los últimos años y estuvo muy cerca de quedarse con la licitación pública en 2023, pero el canciller suspendido Álvaro Leyva, a último momento, declaró desierto el proceso; sin embargo, tiene el contrato a través de una urgencia manifiesta que firmó la Cancillería.
Además, de acuerdo con una decisión del exsecretario general de la entidad, José Antonio Salazar, el contrato les fue adjudicado, pero el Gobierno no lo ha firmado argumentando, entre otras cosas, que no hubo garantías para otros potenciales contratistas.
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Según la superintendente, la investigación no tiene que ver con ninguna orden del presidente Gustavo Petro, pues sostiene que la entidad es independiente y que las visitas estaban programadas antes de su llegada. Espere la entrevista completa este jueves 21 de marzo en El Espectador.
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